Luego de movilizaciones en rechazo a la megaminería, la policía de Chubut allanó los domicilios de activistas del “No la mina”.
“El Gobierno se lanzó a la caza de integrantes de asambleas”, denunció la Unión de Asamblea de Chubut. El operativo fue encabezado por el ministro de Seguridad, Federico Massoni.
Asambleas socioambientales de Chubut denunciaron que el gobierno de Mariano Arcioni intenta imponer la megaminería con violencia y detenciones arbitrarias. Precisaron que ayer jueves la policía provincial allanó en Rawson las viviendas de asambleístas que rechazan la megaminería. Los operativos se dan luego de que, en la última semana, se produjeran movilizaciones en todo Chubut en defensa del agua y contra la avanzada extractiva.
“El gobierno de Mariano Arcioni elige el camino de la criminalización de la protesta social y la represión para justificar la apertura de la megaminería”, denunció la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UAC-CH) ayer por la noche en un comunicado. Definieron la situación provincial como “convulsionada” y explicaron: “Luego de las multitudinarias movilizaciones el Gobierno se lanzó a la caza de integrantes de asambleas y manifestantes por los incidentes (del 10 de noviembre) en inmediaciones de la Casa de Gobierno. Previamente los medios hegemónicos de prensa demonizaron al histórico movimiento del No a la Mina calificándolo de ‘ecoterrorista’”.
El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, comandó los allanamientos contra asambleístas (video).
El jueves 5 de noviembre, en el lanzamiento de la “Mesa Nacional para el diseño del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino”, el gobernador Mariano Arcioni anunció que planea avanzar con la megaminería en la provincia. En 2017, en campaña electoral, el mismo Arcioni había ratificado su rechazo a la actividad.
El anuncio de Arcioni fue seguido de numerosos rechazos, desde diversos concejos deliberantes, hasta sectores políticos, académicos y sociales.
La actividad es rechazada en Chubut desde 2002, con numerosas asambleas socioambientales y pueblos originarios que exigen que se priorice el ambiente, la salud y los derechos territoriales de los pueblos indígenas (normativas internacionales obliga a obtener su consentimiento ante actividades que pudieran afectarlos).
“Las detenciones con grupos de fuerzas especiales comandadas por el ministro de Seguridad, Federico Massoni, no tienen justificación alguna. Es parte de un circo peligroso y criminalizador para habilitar una actividad que no cuenta con licencia social en ningún punto del territorio provincial”, destacó la Unión de Asambleas.
Pablo Lada, asambleísta de Chubut, explicó vía redes sociales que a la medianoche del jueves ya no había detenidos y que los activistas fueron demorados durante el tiempo que se realizaban los allanamientos. “Es parte de un circo criminalizador”, resumió.
La Asamblea de Rawson No a la Megaminería repudió los operativos y denunció al gobierno provincial: “Viola la vida constitucional y democrática con el objetivo de imponer la megaminería en Chubut”.
Los operativos fueron ordenados por el juez penal Fabio Monti y el fiscal Fernando Rivarola. Recordaron que Rivarola fue denunciado en 2015 por espionaje ilegal a 26 vecinos de Esquel, que incluyó seguimientos y confección de “fichas” con detalles personales de militantes socioambientales, de pueblos originarios y periodistas.
Un escueto e impreciso informe policial confirmó que se trató de cuatro allanamientos encabezados por fuerzas especiales de la “División Policial de Investigaciones Rawson y de la División Drogas Peligrosas”.
