Entre el 29 y 30 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes de Miami alertó a Nicaragua y los países del Triángulo Norte que la tormenta tropical Eta iba rumbo a la región, tocando tierra posiblemente como huracán en el Caribe Norte de Nicaragua para luego virar hacia el norte y golpear a Honduras y Guatemala.

El domingo 1 de noviembre, las autoridades nicaragüenses decretaron estado de alerta amarilla para la Región Autónoma Caribe Norte (RACN) y la zona del Triángulo Minero. De inmediato se activaron los planes de emergencia y los protocolos preventivos para la protección de la población y el envío de suministros a la zona.

En la madrugada del 2 de noviembre, Eta se convirtió en huracán intensificándose en el transcurso del día hasta alcanzar la intensidad 4. Más de 30 mil personas fueron evacuadas antes de que tocara tierra al sur de Bilwi/Puerto Cabezas (Mosquitia) en la mañana del martes 3 de noviembre, con vientos de hasta 240 kmh.

El siguiente día (4/11), Eta avanzó por territorio nicaragüense degradándose a tormenta tropical. Detrás dejó un rastro de destrucción, sin embargo la pronta respuesta de las autoridades y la activación inmediata de un sistema de prevención ante desastres eficiente y eficaz, permitió que no se reportaran víctimas mortales como consecuencia directa del huracán.
Ese mismo día entró a Honduras donde se degradó a depresión tropical. Aún así debilitado, el fenómeno atmosférico halló en la inacción e displicencia gubernamental un ‘aliado’ que le facilitó la tarea de devastar el norte del país, en especial el Valle de Sula con el desbordamiento de los ríos Ulúa y Chamelecón.

De acuerdo con en el último informe de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Eta ocasionó hasta el momento 57 personas fallecidas, 8 desaparecidas, 233 mil familias (1.8 millones de personas) afectadas directa e indirectamente. También hay más de 73 mil personas evacuadas y más de 8 mil familias albergadas (40 mil personas). Serían más de 100 mil las personas que continúan incomunicadas en 68 comunidades.

A nivel de infraestructuras resultaron afectadas más de 14 mil viviendas, 52 de las cuales totalmente destruidas, 113 tramos de carreteras y 29 puentes. Otros 21 puentes quedaron destruidos.

Cifras seguramente subestimadas, especialmente en cuanto a la cantidad de personas fallecidas, que podrían ser muchas más una vez que las aguas vuelvan a su cauce y las cuadrillas de rescate logren llegar a las áreas que están incomunicadas todavía.

Este martes (10/11) un dirigente sindical del sector agroindustrial me informó que, después de seis días del inicio de las inundaciones, hay al menos 120 trabajadores del sectores de la palma africana que siguen atrapados con sus familias en una localidad a unos 20 kilómetros de la ciudad de El Progreso.

«Estoy tratando de conseguir lanchas para al menos enviarles agua y comida. La situación es desastrosa», manifestó.

De acuerdo con datos de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), la lluvia y el desbordamiento de ríos dejó sin nada a más de 4,600 hombres y 3,250 mujeres de 125 bases campesinas. Además, unas mil viviendas sufrieron daños severos y se perdieron al menos 4,900 manzanas de tierras cultivadas. Son 400 los adultos mayores y 4,300 los niños y niñas que han quedado a la intemperie (cit. defensores en línea).

Un gobierno ausente 

Estragos que agravan una situación ya de por sí dramática por los embates de la pandemia de coronavirus -Honduras registra 101 mil casos y más de 2,750 fallecidos- y la grave situación de pobreza que afecta al 65 por ciento de la población.

«El gobierno estuvo enfocado en promover la que aquí se conoce como ‘semana morazánica’, que estaba programada para la primera semana de noviembre. Una decisión ya de por sí contradictoria por estar en medio de una pandemia, pero que respondía a las presiones de la industria turística y el capital transnacional», explicó Gilberto Ríos Munguía, analista político y dirigente del opositor partido Libertad y Refundación (Libre).

Entre la noche del lunes 2 de noviembre y la madrugada del martes 3, mientras Eta impactaba tierra nicaragüense en categoría 4, Honduras fue embestida por fuertes precipitaciones que provocaron inundaciones en varios municipios del norte del país.

Pese a eso, el gobierno esperó hasta la tarde del lunes para suspender el feriado (no sin antes invitar a la población a no renunciar a su vacaciones pero «con responsabilidad»), y hasta el miércoles 4 de noviembre, mientras Eta ingresaba a territorio hondureño y cientos de viviendas ya estaban bajo agua, para decretar alerta roja a nivel nacional.

«Honduras es el tercer país más vulnerable ante el cambio climático a nivel mundial. Ya sufrimos los embates del (huracán) Mitch hace 22 años que dejó destrucción y muerte, pero parece que esta gente no aprende.

No hubo ninguna advertencia, ni acción de prevención. La población estaba confiada porque nadie les avisó de lo que iba pasar. Cuando reaccionó ya tenía el agua hasta el cuello», explicó Ríos.

La gente, desesperada, vio como los ríos se desbordaban e inundaban calles y carreteras. Para salvarse tuvieron que subirse al techo de las casas o arriba de los árboles y esperar que alguien los rescatara. Miles de personas aún permanecen ahí.

«Sólo el pueblo salva al pueblo»

«Ante la displicencia del gobierno, la población tuvo que asumir la responsabilidad de activarse, movilizarse e ingeniársela para rescatar a cientos, miles de personas. La ayuda material que está llegando es, en su inmensa mayoría, obra del mismo pueblo y de organizaciones solidarias.

En medio de la zozobra, el gobierno ha llegado al absurdo de querer controlar y canalizar esta ayuda a través de instancias estatales que no gozan de la confianza de la gente», lamentó Ríos.

Para el analista político, lo que está pasando en Honduras (y Guatemala) es también el resultado de la profundización de un modelo neoliberal basado en la privatización de bienes y servicios públicos, la desregulación y precarización del mercado laboral y la puesta en venta y el saqueo de territorios y bienes comunes.

Hay una desconexión, una disociación profunda entre gobiernos neoliberales y el ‘pueblo pueblo’. La falta de interés por la vida de amplios sectores de la población es el resultado más tangible de este modelo.

«Contrariamente a países como Cuba, Nicaragua o Venezuela donde al centro de las políticas públicas está el ser humano y la población está involucrada en la gestión del Estado, en Honduras y en los demás países donde rige el modelo neoliberal el eje central de los gobiernos es maximizar la ganancia de unos pocos y despreocuparse de la mayoría.

No hay negocio en apoyar al próximo, ni en atender una pandemia para salvar vidas. El negocio sigue siendo aprovechar las tragedias como oportunidad para robar y saquear el erario público. Aún estamos esperando ver los hospitales móviles que costaron unos U$47 millones y que nunca llegaron», manifestó Ríos.

El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) calcula que por la corrupción en Honduras se pierden más de U$2,500 millones al año.

«Toda la responsabilidad de la tragedia actual y el costo que tendrá en vidas humanas» recaerá en el gobierno de Juan Orlando Hernández y en el «grupo de grandes empresarios avorazados que le apoyan», asegura en un comunicado la Convergencia contra el Continuismo de Francisco Morazán.

«La tragedia que envuelve al pueblo hoy es el resultado no de un fenómeno natural, sino de una política premeditada y criminal de la narcodictadura para favorecer sus planes de enriquecimiento de la cooperación internacional», agrega la nota.

– ¿Qué va a pasar ahora?

– Con la pandemia el endeudamiento trepó hasta casi los U$18.5 mil millones, y esta tragedia endeudará aún más al país. Además va a haber una contracción de entre el 10 y el 15 por ciento del PIB. Más del 50 por ciento del presupuesto nacional se estaría comprometiendo con el pago de la deuda externa.

También va a haber mayores niveles de polarización económica, que podrían traducirse en mayor polarización política y social, más violencia, más fenómenos migratorios y en una aceleración de la descomposición social. El año pasado se registraron 73 masacres. Este año, a pesar del confinamiento por la pandemia, ya tenemos 37.

Lamentablemente hay una oposición dividida que aún no logra consolidar una sola propuesta contra la dictadura y el régimen nacionalista. Sin eso difícilmente habrá una oportunidad de cambio político y social en el país