El pasado 21 de noviembre, Guatemala salió a las calles exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la junta directiva del Congreso. La aprobación a hurtadillas de un multimillonario presupuesto (U$12.8 mil millones) que aumenta el endeudamiento público, recorta el gasto en salud, educación, derechos humanos y lucha contra la pobreza – cinco de cada diez niños y niñas menores de 5 años sufren de desnutrición crónica y la pobreza afecta a más del 60% de la población – y beneficia a las élites económicas y funcionarios corruptos, fue la gota que rebasó el vaso.

La protesta fue reprimida brutalmente por la policía y decenas de personas fueron detenidas injustamente. Sin embargo, la represión policial no logró frenar la indignación de buena parte de la población, que continuó manifestándose tanto en la capital como en las principales ciudades del país.

Ante la reacción popular y el rechazo generalizado al decreto 33-2020 que da vida al presupuesto 2021, Giammattei optó por escribir al cuestionado secretario general de la Organización de estados americanos (Oea), Luis Almagro, invocando la Carta democrática interamericana “para defender la institucionalidad que está siendo amenazada”, y ventilando la posibilidad de convocar a un diálogo nacional para dirimir el conflicto.

Tal como era previsible, no desaprovechó la ocasión para profundizar la criminalización de la protesta social, acusando a “grupos minoritarios” de impulsar acciones de “carácter anti democrático” para forzar “un verdadero golpe de estado”.

Por su lado, la junta directiva del Congreso y algunos jefes de bancada acordaron, de forma totalmente ilegal, suspender el trámite del decreto que avala el presupuesto. Ahora tendrán hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto y enviarlo al presidente para que lo sancione o lo vete.

Ambas acciones tienen el objetivo evidente de aplacar los ánimos y darle larga al asunto, sin embargo parece que se acabó la paciencia.

“Lo del presupuesto fue la clásica gota que derramó el vaso. La gente salió a las calles por la acumulación de una serie de descontentos. Hubo un manejo inadecuado, improvisado e incompetente de la pandemia, acompañado por una corrupción desenfrenada.

Se aprobó una gran cantidad de dinero para combatir la pandemia, pero al final resulta que no hay dinero para pagar al personal sanitario, ni para comprar medicinas, insumos médicos y material de bioseguridad.

Se multiplicaron los casos de corrupción y se llegó a la renuncia del ministro de Salud y de todo su equipo de trabajo. La pregunta que se hace la gente es ¿para dónde se ha ido el dinero?”, dijo Carlos Barrientos, directivo del Comité de Unidad Campesina (Cuc).

Guatemala es actualmente el país de Centroamérica y el Caribe con más personas fallecidas por la pandemia de Covid-19 (4.100) y con una de las tasas de letalidad más altas en la región. También es el tercer país con más casos de coronavirus (casi 120 mil).

“La indignación de la población se fue acumulando y fue creciendo al ver la inoperancia, la indiferencia y la ineficacia  gubernamental ante la llegada de los huracanes Eta y Iota. No hubo planes serios de prevención, ni de evacuación de la población. Todavía hay zonas que han quedado incomunicadas y se calcula que al menos 3 millones de personas han sido afectadas de alguna manera.

También se redujo el presupuesto de la Procuraduría de derechos humanos, se multiplicaron los ataques contra la Corte de Constitucionalidad, se profundizó la criminalización de las y los defensores de la tierra y los bienes comunes, en medio de la proliferación de los casos de corrupción.

Las cosas están tan deterioradas que hasta el vicepresidente (Guillermo Castillo) pidió a Giammattei que renunciaran juntos”, detalló el dirigente del Cuc.

– El presidente Giammattei está invocando la Carta democrática y dice que la institucionalidad del país está en peligro. Además va a convocar a un diálogo.

– Quienes han roto la institucionalidad son ellos y lo hacen a cada rato. Ahora pide la intervención de Luis Almagro y sabemos cómo opera este señor y a qué intereses responde. Lo hemos visto recientemente en Bolivia y en otras situaciones en América Latina.

Además ¿de qué diálogo está hablando si él mismo (Giammattei) se ha dado a la tarea de descalificar a los posible interlocutores, es decir a aquellos sectores sociales, organizaciones y movimientos indígenas, campesinos, estudiantes, sindicatos, que se han movilizado  masivamente contra el decreto?

Lo que están planeando es un diálogo farsa entre sus afines, para ganar tiempo y aplacar los ánimos de la gente.

– Las protestas continúan. ¿Con qué objetivo?

– El sábado la represión fue brutal. Todavía hay varias personas detenidas y se exige su liberación. Se exige también la destitución del ministro de Gobernación, del jefe de la Policía, de la junta directiva del Congreso y del mismo presidente Giammattei, así como la depuración del Congreso y de los órganos judiciales.

Además, el retiro del decreto que da vida al presupuesto mostró, una vez más, el desprecio que esta clase política le tiene a la legalidad. La decisión de suspender el trámite del decreto sólo la puede tomar el pleno del Congreso, y no un grupo de diputados reunidos en cualquier lugar y a altas horas de la noche.

También en este caso parece ser una medida más para ganar tiempo y aplacar los ánimos enardecidos de la población.

– ¿Al pueblo guatemalteco se le acabó la paciencia?

– Hay que estar claro de una cosa: el verdadero problema no es el presupuesto, sino un sistema político y económico que ya no da más para los anhelos de verdadera democracia, justicia y libertad de la ciudadanía.

Las élites económicas siguen imponiendo por la fuerza un modelo neoliberal extractivista, corrompiendo a jueces, diputados, funcionarios públicos y cubriéndose recíprocamente las espaldas. Hay toda una mafia política que ha encontrado en las instituciones y recursos del Estado un botín para enriquecerse.

La situación no es fácil. A la crisis económica, política y social se suman ahora la crisis sanitaria y la destrucción que ha dejado el paso de los huracanes. Sin embargo, desde diferentes sectores está tomando cada vez más fuerza la propuesta de promover la instalación de una asamblea constituyente popular y plurinacional. Necesitamos una verdadera democratización, acabando con el ‘pacto de corruptos’.

Independientemente de lo que pueda suceder en los próximos días, ahí está latente la demanda del pueblo. Habrá nuevas movilizaciones y nos encaminamos hacia una erupción social.

Fuente: LINyM