El investigador de Amnistía Internacional afirmó que medidas como la entrega de un chaleco antibalas son insuficientes para preservar la vida de los defensores de derechos humanos, y agregó que para protegerlos es necesario atender las causas estructurales de la violencia.
Por Camilo Castañeda Arboleda y Esteban Tavera
Imagen de portada: Flickr CIDH
Rodrigo da Costa Sales,
investigador de Amnistía
Internacional.
Los principales responsables de que en Latinoamérica la problemática de violencia contra los defensores de derechos humanos no mejore, son los Estados. Así lo expresó Rodrigo da Costa Sales, investigador de Aministía Internacional, en entrevista con Hacemos Memoria.
Rodrigo da Costa explicó que en Latinoamérica “los estados no tienen la voluntad política necesaria para enfrentar el problema, no responden a la protección desde los distintos niveles y no crean políticas públicas para la creación de un espacio seguro para quienes defienden derechos humanos”.
Las cifras reflejan la realidad que vive la región. Durante el año 2019, la organización Front Line Defenders registró 304 asesinatos de personas que defienden los derechos humanos en el planeta, de los cuales 208 casos, es decir el 68%, ocurrieron en países de América Latina, siendo Colombia la nación más afectada con 106 casos.
De acuerdo con Rodrigo da Costa, situaciones sociales como la pobreza, los conflictos socioambientales relacionados con la explotación de recursos naturales y la presencia de diversos grupos armados, agudizan el problema en Lationamérica.
Según cifras de Front Line Defenders, América Latina es la región del mundo más peligrosa para los defensores de derechos humanos. ¿Considera que los Estados están haciendo lo suficiente para proteger a sus líderes y a quienes defienden los derechos humanos?
No, los Estados en la región no han tomado medidas efectivas para la protección de defensores de derechos humanos, en particular de quienes defienden la tierra, el territorio y el ambiente. Lo que hemos visto en la región es que los Estados han adoptado un enfoque muy reactivo y material, es decir, actúan cuando hay una amenaza inminente, lo que a veces es una reacción tardía, y en muchas ocasiones lo que ofrecen son escoltas, coches blindados, teléfonos celulares y satelitales. Esa es una manera muy sencilla de proteger a quienes defienden los derechos humanos, no voy a decir que no es necesaria, porque en muchos casos esas medidas han salvado vidas, pero en muchos otros no es suficiente.
Las personas defensoras de derechos humanos en particular, como líderes y lideresas sociales en las áreas rurales, demandan una protección integral; que los Estados tengan planes de protección colectiva que sirvan para mitigar completamente las tasas estructurales de violencia y que esas medidas materiales sean solo un componente de esos planes y no la única medida.
Pero lo que vemos en la región, es que los Estados siguen con esas medidas materiales que no son suficientes para cambiar la realidad de la región, como lo muestran los números de personas asesinadas en Colombia, México, Brasil, Honduras y Guatemala. Mientras los Estados no ataquen las causas estructurales de la violencia, la realidad en las Américas seguirá igual.
En algunos países de América Latina el Estado, que tiene el deber de proteger a líderes y defensores, es señalado como victimario. En esos casos, ¿cuáles son las medidas que deben tomarse para que estas personas reciban protección efectiva?
La desconfianza que existe por parte de las personas defensoras hacia la institucionalidad es un desafío en las Américas, porque cuando el Estado no está involucrado directamente, se ve comprometido por sus omisiones, por no actuar ante el riesgo que las personas defensoras de derechos humanos enfrentan en las regiones.
Hay dos puntos importantes: el primero es el rol que tiene la Fiscalía y los organismos que administran justicia, deben investigar esas acciones del Estado y realizar sanciones efectivas y ejemplificadoras para que esos hechos no se repitan. La Fiscalía tiene que asumir un rol mucho más activo porque también tiene un papel en la protección de personas defensoras, pues las amenazas también tienen que ver con la impunidad.
El otro asunto, es que cuando hablamos de protección de personas defensoras, hay toda una teoría que considera que el reconocimiento por parte de las máximas autoridades puede cambiar la realidad en el país, si el presidente y los ministros actúan con discursos de reconocimiento a favor de personas defensoras, eso genera un ambiente mucho más seguro para defender derechos humanos, pues contrarresta de alguna manera la estigmatización que sufren y pasa un mensaje dentro de la institucionalidad. De modo que si los gobiernos creen que a los líderes y defensores de derechos humanos hay que protegerlos, creemos que el Estado puede dejar progresivamente o inmediatamente su rol de victimario y actuar con un rol de protector.
Sin embargo, las autoridades en América Latina no cambian la narrativa existente dentro y fuera de la institucionalidad contra las personas defensoras, y la Fiscalía y los órganos de investigación interna como la Procuraduría, que deberían estar investigando, no actúan para sancionar las responsabilidades que tiene el Estado en las amenazas, los ataques o la creación de un espacio inseguro para defender los derechos humanos.
Muchos de los defensores agredidos en Colombia son líderes que defienden el territorio o el medio ambiente en las zonas rurales ¿Cómo proteger a esas personas?
La protección colectiva de personas defensoras o comunidades que están en proceso de reclamar derechos colectivos, debe pasar necesariamente por atacar las causas estructurales de la violencia, eso quiere decir que puede haber algunos lineamientos generales para personas que están en el campo, sin embargo, la protección colectiva no tiene una receta. Es necesario un diálogo con las comunidades para entender cuáles son los riesgos que enfrentan, son diferentes los riesgos que enfrentan las personas que están en el campo de los que están en la ciudad y después de ese diagnóstico, entender cuáles son las medidas que funcionarían.
Lo que hemos visto en Colombia y muchos países de las Américas es que piensan que la protección es una receta y que no hay diferencia entre el campo y la ciudad, por ende la protección en Colombia, por ejemplo, es muy enfocada en medidas materiales, sin importar el contexto del defensor. Eso es un gran problema porque esos grupos de personas necesitan medidas de acuerdo con su territorio, su cultura, su cosmovisión, como el caso de indígenas.
Las comunidades, ante esa inacción del Estado de ofrecer esas medidas colectivas, y Colombia es un gran ejemplo de esto, han desarrollado sus propias medidas de protección colectiva. Se habla mucho por ejemplo de las guardias indígenas, de las que se establecieron como guardias cimarronas u otros tipos de guardias que existen en el país. Ese es un ejemplo de medidas que serían totalmente adecuadas a la realidad de las personas, pero lo que hace el Estado es insistir con mandar un escolta, dar un chaleco antibalas o dar un teléfono donde no hay señal.
¿Conoce alguna experiencia de algún Estado que haya implementado medidas colectivas con buenos resultados?
En verdad las buenas prácticas en materia de protección colectiva son casi inexistentes, es difícil encontrar una buena práctica que efectivamente aborde las causas estructurales de la violencia. Pero, por ejemplo, Colombia por más que todavía sea el país más peligroso para defender derechos humanos, ha avanzado en algunos aspectos de la protección colectiva en la región, como cuando la Unidad Nacional de Protección (UNP) reconoce medidas que protegen, más que una persona, al territorio. Estas medidas existen en el papel, pero son muy difíciles de ejecutarlas en la práctica. Y entonces por ende la medida carece de eficacia y la situación no cambia.
¿Cuáles considera son los países que menos han avanzado en este sentido?
En las Américas hay muy pocos avances, Colombia ha avanzado, pero no quiero categorizarlo tanto. Es un país que por lo menos ha tenido un avance institucional, pues en el papel la protección colectiva existe, hay organismos que están a cargo de actuar de manera preventiva, el gran problema de Colombia es la realidad: esos papeles no se transformen en medidas de protección efectivas.
México es un país que está en proceso de desarrollar un poco mejor la institucionalidad en temas de protección colectiva, va muy lento, tiene el mismo desafío de entender como es la protección colectiva en la práctica, cómo las medidas se pueden diferenciar entre el campo y la ciudad. Guatemala era un país que venía avanzando mucho, por lo menos en la institucionalidad en temas de protección, pero vemos con preocupación cómo la situación se ha deteriorado. Honduras también es un país que cuenta con unos mecanismos de protección, pero cuenta con exactamente los mismos desafíos de los otros Estados.
¿Cómo considera que la pandemia impactó en estas medidas de protección a líderes y defensores?
La pandemia ha sido como un factor muy complicado para las comunidades que vienen reclamando su territorio históricamente. Cuando se decretó en Colombia la cuarentena, la UNP, que tiene a cargo como la protección de líderes y lideresas sociales a través de un enfoque material, notificó a muchas personas defensoras que ya no se les daría esquema de protección.
Parece que el Estado no entiende que la defensa de los derechos humanos es una actividad esencial en cualquier momento y que además asumió que por la pandemia los riesgos que enfrentan los líderes y lideresas sociales en el país disminuyen. Lo que hemos visto es que en algunas zonas del país se han agravado las amenazas, porque han sido grupos armados los que han impuesto la cuarentena cuando no hay presencia del Estado.
¿Por qué considera que América Latina sigue siendo la región más peligrosa para defender los derechos humanos?
América Latina es una región peligrosa para defender los derechos humanos por muchos motivos, primero hay que recordar los niveles de pobreza extrema que existen en la región y que la democracia es reciente en muchos de nuestros países. También son las personas defensoras del ambiente el grupo más vulnerable y eso se debe a la cantidad abundante de recursos naturales que hay en la región y la cantidad de proyectos extractivos y de infraestructura que muchas veces se instalan, o se quieren instalar, en territorios de comunidades indígenas, afrodecendientes y campesinas. También es necesario destacar que en los últimos años es creciente el tema de los grupos armados del crimen organizado, que son igualmente responsables en la región por muchos ataques en contra de personas defensoras.
Pero yo creo que, ante todo esos problemas, lo que hace a América Latina una región muy peligrosa para defender los derechos humanos es la poca respuesta que han dado los Estados en este tema, dejando de actuar con la voluntad política necesaria, de tomar todas las medidas para crear un ambiente seguro, de asumir su rol de protección desde los distintos niveles y de crear políticas públicas que efectivamente puedan articular y hacer que el Estado funcione para la creación de un espacio seguro en el que la defensa de los derechos humanos no sea una actividad tan letal como hemos visto en los últimos años.
