No fue el huracán lo que ha destruido la vida de miles de familias guatemaltecas.

Guatemala es un país golpeado al extremo de haber perdido toda oportunidad de desarrollo durante las últimas décadas. Sus gobernantes la han traicionado con premeditación y alevosía, tal y como se califica un homicidio en primer grado. El país sangra por sus cuatro costados mientras sus políticos, empresarios y militares de alto rango se reparten su riqueza con la abierta complicidad de las organizaciones criminales que hacen su agosto con los negocios más viles. Secuestro, tráfico de personas –niñas, niños, adolescentes y mujeres como su principal mercancía- y, por supuesto, el sicariato ante la vista de las fuerzas del orden.

Resulta imposible comprender cómo ha sido posible una destrucción de la institucionalidad en un marco supuestamente democrático y a la vista de la comunidad internacional. La degradación política ha alcanzado tal nivel como para colocar a Guatemala como el peor de los ejemplos de la región, solo por encima de Haití en algunos de sus indicadores más importantes de desarrollo humano. Su presidente –si es que aún puede ostentar ese título- no es más que un monigote puesto en el sillón de mando para proteger los intereses de una casta empresarial depredadora y venal. La corrupción de su gobierno, como la de sus antecesores, es de récord mundial. Quizá apenas superada por algunas repúblicas africanas del siglo pasado.

Castigada por un sistema neoliberal impuesto desde Estados Unidos y transformado por la pirámide criolla en una herramienta de enriquecimiento y autoritarismo sin límites, esta república centroamericana ha perdido a lo largo de las décadas la gran oportunidad de convertirse en un ejemplo de desarrollo, perdiendo el control sobre sus innumerables riquezas. Sus gobiernos -supuestamente democráticos- han transformado la limosna en una práctica corriente para ganar adeptos durante las campañas electorales y, una vez instalados en el poder, han reducido hasta el límite de lo posible la inversión pública, abandonando al país a una destrucción segura de su infraestructura con fines de privatización.

Por eso las tragedias que azotan a Guatemala cada año cobran miles de víctimas. Porque a su gente le han robado hasta la esperanza. La destrucción del hábitat por la ausencia de políticas de Estado para la conservación de los ecosistemas es una de las causas de graves deslaves, inundaciones y destrucción de puentes y caminos. Mientras los empresarios roban ríos y destrozan carreteras sin asumir responsabilidad alguna, las comunidades ven con impotencia cómo se van reduciendo sus posibilidades de supervivencia. Hoy, el inquilino del palacio de gobierno, quien en menos de un año ha quedado en evidencia como la peor lacra que ha pasado por el despacho presidencial, pretende elevarse como un dictador negando de manera constante toda responsabilidad en el deterioro acelerado de la vida de sus conciudadanos.

Ni siquiera el Covid ha superado el nivel de amenaza vital que significa el actual gobierno. Este se ha declarado explícitamente incapaz para manejar no solo la gestión pública, sino también la pandemia, y ahora amplía los alcances de su incapacidad para decir que no puede socorrer a las víctimas de Eta, mientras la población se moviliza como puede para ayudar a quienes lo han perdido todo. Indudablemente algo muy malo pasa cuando una nación resulta impotente para recuperar la integridad de sus instituciones y se deja gobernar por una casta político-empresarial con tal nivel de miopía e incompetencia.