La verdad para Giulio Regeni y la libertad para Patrick Zaki. Estas son las peticiones que se hacen continuamente a nuestro gobierno para ejercer presión diplomática sobre el gobierno egipcio. Hace ya cinco años para Giulio y ocho meses para Patrick que no se escuchan las voces de los activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y miles de ciudadanos.

Nada parece poner en tela de juicio el liderazgo del dictador de al-Sisi que sigue restringiendo las libertades fundamentales de los ciudadanos egipcios.

Donde todos los derechos humanos han sido vulnerados y la libertad de expresión anulada, donde los opositores políticos, abogados, activistas y periodistas se ven obligados a sufrir persecución y encarcelamiento, los influencers (las personas influyentes) también han sido objeto de ataques en los últimos meses, en particular los de Tik-Tok. Se les acusa de compartir material disoluto, incitar a la prostitución y ser culpables de delitos morales considerados como perjudiciales para la integridad del país.

Arrestos, persecución y sentencias de muerte: una verdadera crisis de derechos humanos ha estado ocurriendo en Egipto durante años. Esto también se debe a la inercia de la comunidad internacional, que sigue considerando a al-Sisi un socio comercial válido; nuestro país, sobre todo.

Entre las sentencias de muerte, los accidentes y la tortura, los lugares de detención en Egipto son un infierno.

LAS MUERTES REGISTRADAS EN LOS LUGARES DE DETENCIÓN

Sin duda, la prisión de Tora, al sur de El Cairo, es la más concurrida y peligrosa del país. Es el lugar donde se detiene a la mayoría de los opositores políticos, obviamente, así como a los culpables de todo tipo de crímenes.

El complejo penitenciario de Tora incluye siete prisiones en las que se producen muertes repetidas debido a la falta de atención médica y a la continua tortura de los prisioneros. Recordamos la historia de Shady Habash, el director y fotógrafo de 23 años que murió en la cárcel el 2 de mayo, después de que las solicitudes de asistencia médica para algunos dolores de estómago fueran rechazadas. Según la versión oficial del gobierno egipcio, el chico «por error» bebió un poco de desinfectante, pensando que era agua.

El diciembre pasado, el Commiittee for Justice (Comité de Justicia) publicó un informe con una serie de datos para aclarar a la comunidad internacional lo que sucede en las cárceles egipcias. Los datos se refieren a las muertes registradas por tortura o falta de atención médica en la prisión de Tora.

Los investigadores de la CFJ han demostrado que desde junio de 2013 hasta diciembre de 2019 las muertes verificadas serían 958, incluyendo 9 menores. De estos, unos 280 son opositores políticos.

También según el informe de los años considerados, 2015 fue el año en que el complejo de Tora registró más muertes, concretamente 217, alrededor del 23% del total, seguido de 2014 con 183 muertes, 145 durante 2017 y respectivamente 129 y 108 en 2016 y 2018.

En el informe se especifica que los datos son aquellos a los que el equipo de referencia tuvo acceso a través de un largo trabajo, lo que sugiere que las cifras pueden estar subestimadas.

QUINTO PAÍS DEL MUNDO POR NÚMERO DE SENTENCIAS DE MUERTE

Egipto es el quinto país del mundo en cuanto al número de sentencias de muerte, aunque las cifras de 2019 (unas 435) son inferiores a las de 2018 (717). Sin embargo, desde principios de este año se han dictado unas 171 sentencias, 40 de ellas por motivos políticos.

Según la legislación egipcia, cuando se hace oficial una sentencia de muerte, los actos de la persona condenada se presentan al presidente de la República por conducto del Ministro de Justicia. Si la orden de indulto del presidente no se lleva a cabo en 14 días, se ejecuta la sentencia de muerte.

No obstante, el Gobierno egipcio considera que los órganos internacionales de derechos humanos están politizados y rechaza cualquier juicio o acusación contra el poder judicial egipcio, reiterando que es un órgano imparcial e independiente de toda influencia política. En la práctica, sin embargo, se trata de asesinatos ordenados por la ley y el Gobierno egipcio.

En Egipto, aunque la nueva constitución publicada en 2014 no menciona la pena de muerte, al mismo tiempo define los principios de la Sharia como la principal fuente de legislación. El Código Penal egipcio prevé la pena de muerte para unos 35 delitos diferentes.

Aunque para algunos delitos la pena de muerte es obligatoria, en la mayoría de los casos la elección entre el encarcelamiento y la pena de muerte se deja en manos de los tribunales.

Human Rights Watch ha descrito los juicios egipcios como una «violación flagrante y fundamental del derecho a un juicio justo consagrado en la Constitución egipcia y el derecho internacional».

Números espantosos que nos hacen más conscientes del calvario de Patrick Zaki que sigue siendo un prisionero; ayer su custodia fue extendida de nuevo. Durante otros 45 días el joven estudiante e investigador de la Universidad de Bolonia permanecerá en prisión sin motivo alguno.

Mientras tanto, en los últimos días, según informa Amnesty Internationl, unos 278 parlamentarios europeos y estadounidenses han enviado cartas públicas al presidente al-Sisi denunciando la situación de los presos de conciencia en Egipto.

Entre las muchas movilizaciones de los últimos tiempos, desde el pasado 8 de septiembre hasta ayer miércoles 21 de octubre, según lo relatado por Riccardo Noury en el Fatto Quotidiano, una delegación de Amnesty fue varias veces delante de la embajada egipcia en Roma para entregar las 150.000 firmas recogidas para la liberación de Patrick. A pesar de las expectativas, la embajada sigue negándose a aceptar las firmas.

Informe completo Commiittee for Justice

Traducido del italiano por Estefany Zaldumbide