Por Luis Brizuela
– Las medidas del gobierno de Estados Unidos contra el envío de remesas a Cuba, adoptadas al final de la campaña presidencial en ese país y con fines aparentemente electorales, agregan tensiones a las familias afectadas por el embargo, las deficiencias del modelo económico de la isla y los efectos de la pandemia de covid-19.
La nueva disposición se inserta en el conjunto de sanciones de la administración de Donald Trump dirigidas a golpear las principales fuentes de ingresos, inducir la asfixia financiera y forzar un cambio del sistema político socialista en la isla.
El 23 de octubre, el estadounidense departamento del Tesoro advirtió que a partir del 27 de noviembre quedará suspendido el envío de remesas a Cuba, a través de cualquier compañía incluida en la Lista de Entidades Restringidas del Departamento de Estado.
En ese listado se encuentra el banco Fincimex junto a unas 240 empresas y entidades cubanas con las cuales Washington prohíbe a sus ciudadanos establecer relaciones al considerarlas vinculadas al sector militar y de inteligencia.
Fincimex actúa como intermediaria de varias compañías como la estadounidense Western Union que posee 407 puntos de pago de remesas en las 15 provincias cubanas y el municipio especial Isla de la Juventud, la segunda mayor del archipiélago.
“Fue una medida para consolidar el voto de los cubanoamericanos en favor de Trump… pero en términos electorales no surtió el efecto deseado”, valoró a IPS el economista cubano Omar Everleny Pérez.
En las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, el candidato demócrata Joseph Biden llegó a imponerse en condados del estado de Florida con una mayoría de residentes de la comunidad cubanoamericana, según medios de ese país.
Pero Trump obtuvo su objetivo de mejorar los votos obtenidos en esa comunidad en las elecciones de 2016, lo que se considera uno de los factores determinantes en ganar en ese estado, aunque el actual mandatario perdió las elecciones frente a Biden, según iba confirmando el agónico recuento de votos este viernes 6.
Una mayoría de los votantes cubanoamericanos, históricamente alineados con el Partido Republicano, favorece la permanencia del embargo de Washington contra la nación caribeña, vigente desde 1962.
Pero también apoyan la venta de alimentos y medicinas, la reanudación de los vuelos directos, así como mantener las relaciones diplomáticas, en su nivel más bajo en los últimos cuatro años, reveló a inicios de octubre una encuesta de la estadounidense Universidad Internacional de la Florida.
El equipo asesor de Biden criticó la medida porque «niega a los cubanoestadounidenses el derecho de ayudar a sus familias” y consideró que Western Union “es el mayor servicio de remesas” en Cuba y que su cierre “será doloroso para las familias cubanas, especialmente los más mayores y vulnerables», en medio de la pandemia.
Además, Biden adelantó durante la campaña que «como presidente revertiré rápidamente las políticas fallidas de Trump que han infligido daño al pueblo cubano», para volver presumiblemente a la política de deshielo de Barack Obama (2009-2017), del que fue vicepresidente, aunque con nuevas condiciones.
“¿Por qué Fincimex tiene que ser controlada por el sector militar? ¿Por qué no entrega a los cubanos directamente los dólares estadounidenses que reciben de la Western Union?”, dijo a IPS vía electrónica el cubano Manuel Andrés González, quien reside en la ciudad estadounidense de Seattle y ayuda periódicamente a su familia en la isla con remesas.
Aunque son enviadas en dólares, las remesas se entregan en pesos cubanos convertibles (CUC), equivalentes al dólar estadounidense, pero con distintas tasas de cambio con respecto al peso cubano (CUP).
Las remisiones también se depositan en moneda libremente convertible (MLC), denominación que engloba a una decena de monedas extranjeras, entre ellas el dólar, habilitadas en tarjetas para la compra, pero de las cuales no puede extraerse efectivo.
El 28 de octubre, un comunicado oficial aclaró que “Fincimex, como parte del sistema financiero cubano, es la entidad que, por decisión soberana del gobierno cubano, ha sido encargada de garantizar las remesas a Cuba desde Estados Unidos”.
La nota agregó que las remesas familiares “han sido politizadas continuamente por la extrema derecha anticubana” y que desde septiembre de 2019, Washington aplica medidas para restringir su flujo.
La Casa Blanca prohibió el envío de esas remesas a familiares de funcionarios e integrantes del Partido Comunista de Cuba, el único legal en el país, mientras en abril de 2019 las limitó a 1000 dólares por trimestre para el resto de la ciudadanía.
Autoridades cubanas denuncian que el gobierno de Trump ha dispuesto acciones contra la importación de combustibles, el turismo y la prestación de servicios profesionales, entre ellos los de salud, que constituyen esenciales fuentes de ingresos.
La Casa Blanca asegura que sus decisiones buscan restar finanzas al gobierno y empoderar a la ciudadanía en la isla.
“La suspensión de remesas no asfixia al sistema o los militares, sino a muchas familias cubanas que encuentran productos elementales de la canasta básica solo en las nuevas tiendas en MLC”, manifestó a IPS vía electrónica Katia Santiesteban, una cubana residente en la ciudad estadounidense de Nueva Jersey.
Desde 2019, como parte de una estrategia para captar divisas que solían abandonar el país, abrieron en Cuba decenas de tiendas para la venta de insumos en MLC, incluidos artículos de aseo y alimentos.
Ciudadanos consultados por IPS opinan que tal decisión resulta un factor de mayor desigualdad, pues a dichas tiendas solo acceden quienes reciben remesas en MLC.
Las autoridades argumentan que la medida, además de necesaria, será temporal y permitirá con la divisa recaudada, abastecer la red de tiendas en CUC.
A estos establecimientos, hoy mayoritariamente desabastecidos, concurre la mayoría de la población para completar sus necesidades de consumo, más allá de la cuota básica de alimentos y otros productos que aunque insuficientes, el Estado garantiza a precios subsidiados cada mes a los 11,2 millones de cubanos.
Pérez significó que “existen otras vías para hacer llegar remesas desde Estados Unidos”.
En Cuba no existen datos oficiales sobre los totales de estas transferencias monetarias, pero autores y entidades que estudian el tema como la consultora estadounidense The Havana Consulting Group, las estiman en alrededor de 3 500 millones de dólares anuales.
Indican que además de las vías formales, existen canales alternativos para hacer llegar dinero al país caribeño a través de viajeros o las llamadas “mulas”.
Al igual que en otros países en vías de desarrollo, en esta nación caribeña las remesas ayudan a sostener necesidades básicas de las familias, además de cubrir gastos en comunicaciones, reparación de viviendas o emprendimiento de negocios particulares, entre otros.
El monto de las remesas monetarias supera a los de la inversión extranjera directa en la isla que oscila los 2000 millones de dólares anuales, según fuentes oficiales.
Según un estudio difundido en 2019 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mayor parte de las remesas del país provienen de Estados Unidos, donde viven 1,3 millones de emigrantes cubanos, si bien la diáspora se ubica en 120 naciones.
En 2016, una encuesta del Centro de Estudios de la Población de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba reveló que el 77 por ciento de las personas emigradas enviaban algún tipo de ayuda a sus familias y amistades en la isla, de forma permanente u ocasional.
La pesquisa precisó que dicho apoyo lo recibe un tercio de las y los residentes en el país, con vínculos familiares o de otro tipo con los emigrantes.
“No deberían obstaculizarse las remesas, indispensables para muchas personas de la tercera edad. Pero nuestras autoridades deberían quitar trabas y prejuicios que impiden a los ciudadanos ser prósperos a partir de su trabajo. Sería deseable depender menos del dinero foráneo y crear más riqueza en el país”, valoró a IPS Idania Felipe, residente en La Habana.
Economistas cubanos son partidarios de dar un empleo más proactivo a las remesas, por ejemplo, en fondos de inversión para actividades económicas, estatales o privadas, mediante tasas de interés atractivas.
También recomiendan que los nacionales puedan comprometerlas en algunos sectores de la economía, algo que la ley solo permite a inversores extranjeros.
