Luego de un proceso de reflexión llevado a cabo mediante siete encuentros virtuales temáticos y la posterior sistematización de los contenidos surgidos, para poder evaluarlos y ponderarlos en intensos días de trabajo desarrollados mediante asambleas también virtuales durante esta última semana, la CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación) ha sacado su documento final que -de algún modo- constituye la hoja de ruta para los próximos dos años. Acá publicamos el texto completo:

Carta en cuarentena  –  Declaración Final de la XI Asamblea Regional CLADE  –  Noviembre, 2020

La XI Asamblea de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), realizada de modo virtual entre el 13 de octubre y el 26 de noviembre, contó con más de 100 personas de organizaciones miembros de la CLADE, representantes estudiantiles y docentes, movimientos, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y académicos, en un contexto en el que en nuestra América Latina y Caribe y en el mundo entero, estamos viviendo las consecuencias de la pandemia provocada por el Covid-19. Esta crisis sanitaria tiene graves impactos en lo económico, educacional, ambiental, político, en el cuidado de la vida y de la naturaleza; poniendo aún más en evidencia las débiles políticas públicas de salud, educación, empleo, entre las más importantes.

La pandemia impacta de manera diferente a las distintas poblaciones, exacerbando las desigualdades estructurales históricas de nuestra región, herencia de la colonización, el patriarcado, las políticas neoliberales, y genera nuevas desigualdades que vuelven a impactar en las poblaciones históricamente excluidas como las mujeres, la población empobrecida en zonas urbanas y rurales, los pueblos indígenas, andinos y amazónicos, la población afrodescendiente, las personas con discapacidad, personas migrantes y refugiadas, campesinos, la población LGBTIQ+, las primeras infancias, la niñez en situación de trabajo infantil, las y los jóvenes y las y los adultos mayores. Por otra parte, también puede implicar una oportunidad para que reaccionemos y encontremos alternativas a este modelo agotado de vida y consumo, esencialmente injusto y profundamente destructor.

Las desigualdades e inequidades históricas en el ejercicio del derecho humano a la educación se ampliaron y profundizaron en este período. Las consecuencias para todos los actores de las comunidades educativas, desde la primera infancia y a lo largo de todos los trayectos educativos, las vulneraciones a este derecho se han multiplicado y profundizado. Adicionalmente, las y los docentes, especialmente las mujeres, han visto sus derechos laborales vulnerados y las tendencias privatizadoras de la educación se han profundizado, amenazando aún más la educación pública, gratuita, laica, para todos y todas.

Conocimos un nuevo modelo de privatización (familias, estudiantes y docentes asumiendo el coste de equipos y conexión), estratificación estudiantil (a partir de las posibilidades o nó de conexión) y cientos de miles de estudiantes imposibilitados de continuar su trayecto educativo en estos contextos. Esta situación amenaza con mantenerse y expandirse con los anuncios de modelos híbridos de enseñanza.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, sus foros nacionales, redes regionales y ONGs internacionales que la integran han realizado un gran esfuerzo desde que comenzó la presente crisis, para acompañar procesos que garanticen los derechos de los pueblos, para reflexionar sobre las consecuencias de la pandemia, para denunciar la profundización de la desigualdad y para alentar el compromiso de la comunidad educativa a no bajar los brazos ante la difícil situación que se fue agravando.

En este contexto, desde nuestra XI Asamblea Regional,

AFIRMAMOS

Que el derecho a la educación es una obligación central de los Estados nacionales. Esa exigencia debe ser actualizada en un contexto de desembarco de los medios virtuales, contenidos digitales y de asedio a la escuela presencial.

Que desde la CLADE asumimos como nuestro deber la elaboración de propuestas para garantizar que los Estados cumplan en estas circunstancias con su responsabilidad de acelerar la innovación científica-tecnológica.

Que la democracia política debe tener un correlato educativo pleno. Democracia educativa abierta es un desafío para docentes, familias y estudiantes en la tercera década del siglo XXI, en armonía con los seres humanos y la naturaleza. Democracia para el encuentro, la justicia social, el diálogo intercultural, el cuidado de la vida y para la constitución de sujetos creativos y críticos.

Que una educación decolonial es indispensable para desmontar el sistema de dominación en el que vivimos, y construir proyectos educativos propios inspirados en el legado de Paulo Freire.

Que la pandemia demostró la importancia de la presencialidad en la educación y en los aprendizajes a lo largo de toda la vida, porque aprender es un acto relacional, que necesita del diálogo, del abrazo y del hacer en los territorios y que, cuando la virtualidad es indispensable, debe también garantizar el derecho humano a la educación, en todo lo que este significa.

INSTAMOS

A que los Estados asuman su rol de garante de los derechos humanos, considerando la indivisibilidad de los mismos y a la educación como factor habilitante para el ejercicio de otros derechos, para disminuir las desigualdades y para lograr que nuestras sociedades sean más justas e igualitarias.

Que cumplan con los compromisos internacionales acelerando el desarrollo de políticas que buscan lograr las metas de la Agenda de Educación 2030 y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Que emitan políticas intersectoriales e interseccionales para avanzar en inclusión, equidad y calidad, considerando las múltiples dimensiones de la diversidad (género, religión, etnia, cultura, lengua, discapacidad, ubicación geográfica, condición socioeconómica, orientación sexual, entre otras), que son fuentes de discriminación. Es imperativa la educación antidiscriminatoria que conlleve a la emancipación de las personas, sus pueblos y movimientos.

Que garanticen el acceso universal y público al internet como un derecho, y no como una mercancía. Desarrollando plataformas virtuales propias y abiertas, que garanticen nuestra soberanía en materia de tecnología educativa.

Que aseguren una formación docente basada en un enfoque de derechos y actualizada en términos de los avances en ciencia y tecnología, el conocimiento y respeto a la naturaleza como fuente de vida, sustento y el cuidado del planeta Tierra, nuestra casa común.

Que se garantice un planeamiento estratégico para la construcción de conocimiento sobre el derecho a la educación y el cuidado en la primera infancia, y se reconozca la importancia de las diversas experiencias de la sociedad civil.

Que valoren las propuestas de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes en la formulación de políticas y normas que protejan su derecho a la educación, la salud, la protección integral y la participación.

Que reconozcan la importancia de la educación comunitaria que responde con pertinencia territorial a sus necesidades, comparte saberes y estrecha los vínculos de solidaridad entre las diversas instituciones que operan en su entorno, incluyendo las educativas.

Que garanticen el financiamiento necesario para asegurar una educación pública, suficiente y pertinente desde la primera infancia y para toda la vida, y que para ese fin pongan en marcha mecanismos de justicia tributaria y no de endeudamiento.

PROPONEMOS

Que se retome la centralidad y refuercen los servicios públicos no solo educativos, sino también de salud, protección social, vivienda, entre otros, con miras a evitar la exacerbación de las desigualdades. Es urgente y necesario que los distintos movimientos sociales se articulen para luchar colectivamente por la realización de todos los derechos.

Que se adopten políticas intersectoriales con énfasis en:

●Educación política y ciudadana para todos los actores de las comunidades educativas.

●Educación en Derechos Humanos.

●Educación con perspectiva de género.

●Educación centrada en la vida y en los derechos de nuestra “Madre Tierra”

●Educación popular y pedagogías críticas.

●Educación basada en la territorialidad.

●Educación para el cuidado y atención de la primera infancia.

●Educación de Personas Jóvenes y Adultas.

Que para la reapertura de las escuelas, que deberá ser progresiva y decidida participativamente, los Estados se comprometan con el fortalecimiento de las políticas de alimentación escolar como estrategia para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.

REAFIRMAMOS

Nuestro compromiso irrenunciable con el fortalecimiento de las democracias y la participación permanente de la sociedad civil en la toma de decisiones en los asuntos públicos, que debe incluir a las mujeres, los niños y las niñas, las personas jóvenes y estudiantes, a los grupos históricamente discriminados por razón de género, etnia, edad, lengua, orientación sexual y discapacidad, entre otros.

Nuestro compromiso a favor de la decolonización, despatriarcalización y, en general, por el fortalecimiento de las visiones humanistas y emancipadoras de la educación, que incluyen la promoción de la convivencia pacífica en todas las comunidades educativas, la deconstrucción de los patrones machistas, la promoción de los entornos colectivos de aprendizaje, la educación popular y la apertura de las escuelas a sus comunidades.

Nuestro compromiso con los espacios educativos presenciales, tecnológicamente actualizados, reafirmando nuestra voluntad de trabajar para exigir presupuestos justos, dotación de equipos e infraestructura tecnológica que permita sostener estos espacios de encuentro en condiciones de igualdad.

Nuestro compromiso con la juventud, sus demandas, sus luchas y sus procesos organizativos, en defensa de todos sus derechos.

Nuestro compromiso en la construcción de redes y la articulación de los movimientos sociales en la promoción y defensa del Derecho Humano a la Educación.

¡¡Por una educación emancipadora, actualizada y garante de derechos!!