Por: Alfredo González Núñez
Mientras los miembros de la comunidad se preparaban para descansar, hace nueve días recién iniciaba la noche, decenas de viviendas fueron destruidas por una enorme máquina de hierro que, no solo tumbó y destrozó los bienes de las familias, sino que acabó con su paz y dignidad. La máquina estaba acompañada por un grupo de hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional; vestidos de negro, con cascos y escudos dieron cumplimiento a la orden de desalojo de indígenas wayuu de su territorio ancestral, predio que ocupan hace unos 20 años y que ahora resultó ser de un privado.
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«Disparando sustancias químicas usadas para repeler manifestaciones, los hombres, mujeres, niños y ancianos de Painwashi corrían de un lugar a otro, confundidos intentando comprender cuál era el delito, por lo que se les daba un trato inhumano y abusivo», expresó uno de los representantes de la ONG de derechos indígenas Nación Wayuu.
La indignación, la rabia y la impotencia frente a la situación se apoderó, no solo de las víctimas sino de los usuarios en las redes sociales, quienes condenaron la actuación de las autoridades, preciso el mismo día que el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, visitaba el departamento fronterizo.
Ver: Denuncian violación de derechos humanos en desalojo a comunidad wayuu
«En los días posteriores llegaron a las ruinas de Painwashi, con discursos demagógicos y de apoyo humanitario los funcionarios del Ministerio del Interior, la Gobernación de La Guajira, la Alcaldía Municipal y muchas otras entidades, pero ninguno incluyó en sus verbos, garantías, demandas de respeto y reposición de la dignidad humana, así como el derecho consuetudinario que tienen las víctimas sobre su territorio», afirmó el representante de Nación Wayuu.
Las entidades prometieron regresar el día 13 de noviembre hasta la comunidad desaparecida con soluciones de fondo, pero no se presentaron hasta el momento de la redacción de esta nota. Mientras tanto, hombres, mujeres, niños y ancianos continúan a la espera de soluciones definitivas entre las ruinas de sus casas y toda la infraestructura que por años construyeron, pero que una orden judicial a favor de un grupo familiar no indígena, acabó en un abrir y cerrar de ojos.
Frente a estos hechos, el estado colombiano sigue silencioso. Los representantes y líderes políticos ausentes y sin aparecer en el sitio para generar soluciones. Este caso se suma a otros más de los desplazamientos que sufren las comunidades indígenas en el país por múltiples variables que afectan sus territorios, vulnerando sus derechos. Proyectos extractivos, el conflicto armado, el despojo de tierras e intereses agroindustriales y de ganadería extensiva, afectan gravemente la pervivencia de los pueblos y comunidades indígenas en el país, como lo demuestran algunos comunicados e informes de prensa:
Ver: Desplazamiento masivo en comunidades indígenas del río Purricha en el Chocó
Ver: Indígenas Nukak-Makú acorrados por palma, coca y bandas criminales
