La Campaña por la Independencia de la Justicia en Colombia emitió un nuevo comunicado, donde vienen denunciando las extralimitaciones del gobierno de Iván Duque y el rompimiento de la separación e independencia de poderes en el país. El Estado Social de Derecho está en riesgo.
El gobierno del presidente Iván Duque ha puesto en grave peligro el orden constitucional, la democracia y el sistema de frenos y contrapesos a través de postulaciones y elecciones de quienes están a la cabeza de ciertos organismos de control, que de forma muy reducida asumen el cargo y sus funciones con total independencia, autonomía e imparcialidad.
Una de estas elecciones es la del actual Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien fue Alto consejero para los Derechos Humanos de la Casa de Nariño y posteriormente propuesto en la terna integrada por el presidente Iván Duque, con quien tiene una evidente cercanía lo que hace cuestionable su actuación.
Este debate ha estado lejos de ser teórico. Existen varios ejemplos de la falta de independencia e imparcialidad, abuso y desviación del poder por parte del Fiscal Barbosa, así como la ausente exhaustividad y la deficiente labor en casos de gran relevancia e interés, como el que se adelanta en contra de expresidente Álvaro Uribe Vélez, trasladado recientemente a la Fiscalía debido a la pérdida de competencia de Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema.
En las audiencias realizadas ante la Jueza 30 con función de Control de Garantías, el fiscal delegado Gabriel Ramón Jaimes, tomó partido en favor del imputado, en una actuación sin precedentes por parte de un funcionario que debe garantizar los derechos de las víctimas, pues sus intervenciones ya reflejaban posibles decisiones que a futuro podría tomar, como el archivo o preclusión del caso, lo que finalmente derivaría en la impunidad. Esta actitud ante el proceso fue anticipada por la representación de las víctimas cuando recusó sin éxito tanto al Fiscal General como al Fiscal delegado, por su claro conflicto de interés en el caso Uribe.
Otro ejemplo de cómo avanza la cooptación de los entes de control es la reciente elección de Margarita Cabello Blanco como Procuradora General de la Nación. Cabello se ha desempeñado principalmente en la Rama Judicial y llegó a ser magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Luego fue Ministra de Justicia de Duque hasta que renunció y, posteriormente, él la integró en la terna que conformó para la Procuraduría.
Como procuradora desempeñará múltiples funciones como intervenir en procesos ante autoridades judiciales o administrativas, defender los intereses de la sociedad, y la desvinculación de funcionarios públicos en determinados escenarios. ¿Cómo podría ser independiente, transparente e imparcial si alguna de sus funciones atenta contra los intereses de quienes fueron sus compañeros de gabinete, o si hay algún interés particular en juego?
En este sentido, su futuro ejercicio en la Procuraduría también está en entredicho por el escándalo que la relaciona con Álex Char, exalcalde de Barranquilla, acusado de recibir coimas dentro del contrato de la construcción del tanque de agua de esta ciudad que invirtió en los gastos de campaña para la segunda reelección. El escándalo revelado por la columnista María Jimena Duzán señala que el denunciante -quien pagaba las coimas- mencionó que dentro de las presiones que recibió salió a relucir el nombre de Margarita Cabello, quien en ese momento se desempeñaba como ministra de Justicia. “David Name me dijo que, si no retiraba la denuncia, él recurriría a la amistad íntima que tenía con la señora Margarita Cabello”. Name también le advirtió sobre “el poder que ella tenía en el Poder Judicial –como efectivamente pasó–”, señala la periodista.
Esto podría interferir gravemente con las investigaciones que se lleguen a realizar contra quien se autoproclama “intocable” para la justicia, según la misma denuncia. Es de resaltar que desde 2017 algunas de estas investigaciones contra el llamado Clan Char no avanzan por presunta injerencia que la procuradora electa tiene en la actividad judicial, pero además ella misma está denunciada por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento y amenaza, como revela la mencionada columna.
Preocupa, de otra parte, su labor frente a la protección de derechos humanos, pues durante su ministerio ocurrió la masacre en la cárcel La Modelo, en la que 26 personas perdieron la vida y 120 fueron heridas en hechos que involucran a la fuerza pública (Ejército, Policía e Inpec), hechos que siguen en la impunidad y ante los cuáles la exministra no asumió ninguna responsabilidad.
A su turno, la elección de Carlos Camargo como Defensor del Pueblo completa la serie de nombramientos que lejos de favorecer el control de la función pública, favorecen la concentración de poder en el Ejecutivo. La falta de preparación y experiencia para el cargo, junto con su cercanía al gobierno, ponen en entredicho que pueda responder a su tarea de velar por la vigencia de los derechos humanos, en un contexto de recrudecimiento de la violencia con participación de agentes estatales y negacionismo desde el gobierno.
Un asunto central de esta discusión es la forma en la que se designan las ternas para ocupar estos cargos y que no ha variado desde que se estableció en 1.991 con periodos diferenciados a los de los gobernantes. Una medida de equilibrio que se diluyó con las reelecciones presidenciales.
A esto se suma que el actual gobierno insiste en desconocer valores y principios constitucionales, lo que tienen impacto directo en los derechos ciudadanos, y en la función pública. Incluso en escenarios judiciales en los que debería lucharse contra la impunidad, ha primado la ambición de un gobierno autoritario que busca consolidar sus objetivos atacando la independencia y la autonomía, también de los entes de control.
#NadiePorEncimaDeLaJusticia
Plataformas de Derechos Humanos
1. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
2. Alianza de Organizaciones Sociales y Afines
3. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Organizaciones
1. Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
2. Comisión Colombiana de Juristas
3. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-
4. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
5. Corporación Viva la Ciudadanía
6. Asonal Judicial S.I.
7. Colombia Human Rights Committee
8. Corporación Reiniciar
9. Fasol
10. Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria Díaz de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander
11. ANDAS – Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Capítulo Huila
12. ASAMBLEA PROVINCIAL CONSTITUYENTE DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
13. Asociación MINGA
14. Asociación red de mujeres víctimas y profesionales
15. Asojuntas Comuna 10 Estación Gutiérrez Dosquebradas Risaralda
16. ASOMUDEM
17. Campaña Internacional por la Defensa de las Cortes y la Democracia
18. Ciudadanías por la Paz de Colombia
19. Colombia Humana Saint HYACINTHE
20. Comunal
21. Conciliadores En Equidad
22. Convergencia Internacional -NY
23. Corporación Conciudadanía
24. Corporación Cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares
25. CPDH Colombia
26. DESDE ADENTRO Grupo Socio Cultural
27. Escuela Derecho Propio Laureano Inampues
28. FCSPP Atlántico
29. Foro Nacional por Colombia
30. Fundación víctimas de estado desaparición Forzada DDHH (FVEDFDH)
31. JAC Olarte
32. MOVICE Meta
33. MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO-MOVICE
34. Polo Democrático Alternativo
35. Red De Mujeres Nodo Caldas
36. Sintraime La Jagua
37. Sintravidrícol
38. Vamos Cundinamarca
Personas
1. Adriana María Diosa Colorado, Corporación Cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares
2. Ana Aracelly Hoyos Gómez, Ciudadanía
3. Andrea Toro, Colombia humana
4. Anton Castro, Partido FARC
5. Beatriz Durango Hernández, Ciudadanía
6. Blanca Valdelamar Navarro, Conciliadores En Equidad
7. Boris Orjuela, Colectivo OFB
8. Carlos Arturo Correa Páez, Ciudadanía
9. Claudia Campo Cisneros, JAC Olarte
10. Cristian Oswaldo Quintero Rincón, Vamos Cundinamarca
11. Diana Sánchez Lara, Asociación MINGA
12. Eduardo Bustamante, Asamblea Provincial Constituyente Del Oriente Antioqueño
13. Enrique Rico, Docente Pensionado
14. Fernando Matamoros Castiblanco, Ciudadanía
15. Jairo Alberto Guerrero Dávila, Escuela Derecho Propio Laureano Inampues
16. Jesús Rodríguez De Las Salas, Sinproseg
17. José David Ortega Ruiz, ASCSUCOR
18. Joselito Rojas Rico, Asonal Judicial S.I.
19. Juan Sebastián Quintero Cabrera, Universidad Nacional
20. Julia De Castro Andrade, Ciudadana
21. Julio Cesar Bonilla Mosquera, Líderes Barriales
22. Leidy Jhoana Dávila Cano, Universidad de Antioquia
23. Leonor Cortés Bolívar, Colombia Humana
24. Luisa Antonia Serrano Gómez, Persona
25. Luisa María Muñoz López, Cajar
26. Luz Mery Velásquez Carmona, DESDE ADENTRO Grupo Socio Cultural
27. María Cecilia Lozano, ASOMUDEM
28. María Cepeda Castro, Vamos Por Los Derechos Internacional
29. María Jesús Cedeño Sarmiento, FCSPP Atlántico
30. María Teresa Muñoz, Foro Nacional por Colombia
31. Martha Rincón, Colombia humana saint HYACINTHE
32. Maureén Maya, Piero x la paz
33. Mildreth Solandy Hernández Rodríguez, Juventudes Unidas por la Sostenibilidad del Planeta
34. Natalie Callejas, NA
35. Nívea Esperanza Dorado Guerrero, Independiente
36. Nixa Wguerddy Triana Balaguera, UNAL
37. Ramiro Antonio Sandoval, Convergencia Internacional -NY
38. Rosario Montoya Hoyos, Ceac
39. Saúl Felipe Malagón Maldonado, Cajar
40. Sonia Racines Velásquez, Comunal
41. Stella Cano, Escuela de Paz Eje Cafetero
42. Victoria Sandino Simanca Herrera, Senadora Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
43. Vilma Gutiérrez Méndez, MOVICE Meta
44. Wilfer Antonio Vergara García, Realizador radial Emisora Cultural U de A
45. Willman Parraci Peña, ANDAS – Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Capítulo Huila
46. Wilson Borja Díaz, Polo Democrático Alternativo
47. Wilson Montoya Castro, Sintravidricol
