Durante más de 8 horas una decena de instituciones del Estado rindieron cuentas ante la JEP sobre su gestión para contener y prevenir el asesinato y las amenazas de firmantes del Acuerdo Final de Paz.
En una audiencia pública realizada el pasado 25 de noviembre, una decena de instituciones del Estado rindieron cuentas de su gestión, ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz, respecto a los asesinatos y amenazas contra comparecientes de la Farc firmantes del Acuerdo Final de Paz.
A la fecha, 249 miembros del Partido Farc han sido asesinados. El último caso, precisamente, ocurrió este martes en Atrato (Chocó), donde fue hallada muerta Paula Andrea Osorio, según reportaron los dos voceros del Partido político Farc que intervinieron en la diligencia en la que también estuvo presente la MAPP-OEA.
“Si se mantiene la tendencia, en diciembre de 2024 habrán asesinado 1.600 excombatientes de las Farc». La advertencia fue hecha por el director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Giovanni Álvarez, durante su intervención en la audiencia,
De acuerdo con la investigación presentada por la UIA, aunque una de las tres hipótesis que explican la situación de violencia está asociada al fenómeno del narcotráfico, en 63% de los territorios cocaleros no se presentan homicidios contra excombatientes. El perfil de las víctimas corresponde a: hombres mestizos entre los 25 y 44 años, sin pertenencia étnica, con bajos niveles de escolaridad, que tendieron a ocupar posición de baja jerarquía durante su permanencia en el extinto grupo armado.
“Uno de los patrones indica que hay un desmonte de proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, a través de la eliminación de excombatientes que asumen roles de liderazgo», advirtió Álvarez sobre el estudio: “Silenciando la verdad», presentado por la UIA a la magistratura. Agregó: “Cada vez que se asesina a un excombatiente de las Farc, se silencia la verdad de una o un grupo de víctimas».
¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?
A partir de este contexto, y con la información recolectada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, durante tres diligencias realizadas con población en riesgo en Antioquia, Meta y el suroccidente del país en el transcurso de 2020, los magistrados escucharon a la vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera; al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; al consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila; al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos; al director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo; y a la Viceministra de Defensa, Diana Abaunza, entre más de una decena de intervinientes.
¿Cómo podemos hablar de un modelo exitoso pero los crímenes siguen y en muchos casos se agravan?, ¿Qué está fallando si las instituciones están tomado las medidas correspondientes?, ¿Cómo ha disminuido el riesgo de los comparecientes que han sido desplazados de sus zonas y cuando siguen matando a 1 cada 5 días?, ¿Qué va a pasar con las los antiguos Espacios de Reincorporación y las Nuevas Áreas de Reincorporación si ninguno de los dos existen jurídicamente?, ¿Cómo es posible que la Comisión de Garantías funcione sin reglamento?, fueron algunas de las preguntas que formuló la magistratura a los intervinientes.
“Si hay herramientas administrativas que permiten dictar medidas inmediatas a favor de una población que está en riesgo, ¿por qué no se otorgan?», preguntó el magistrado Gustavo Salazar al director de la UNP, Alfonso Campo. Horas antes, la vicefiscal, Martha Mancera, había señalado que “los resultados de protección inmediata o de esquemas de seguridad de la dirección especializada no son muy rápidos. En algunos casos hemos tenido que enviar más de 10 oficios donde les decimos que esto es un riesgo extremo».
En otra de las intervenciones, la magistratura respondió al Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos: “No hay que hacer disquisiciones profundas para saber quiénes son los sucesores del paramilitarismo. “Otoniel» nunca se desmovilizó de las AUC y muchos miembros de Los Caparrapos y Los Rastrojos, también». Esto, después de que el alto funcionario aseguró que la Comisión de Garantías “no está hecha para la protección del Partido Farc sino para el desmantelamiento de grupos armados como el ELN y no hay estructura jurídica que diga cuáles son esos grupos sucesores del paramilitarismo».
En la diligencia ordenada por la Sección se planeó una minuciosa radiografía que permite entender el fenómeno y las actuaciones del Estado para tratar de contener los crímenes contra los comparecientes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Pero también, como detalló la magistrada Reinere Jaramillo, que fungió como relatora de la diligencia: “hubo propuestas a la JEP de qué medidas cautelares adoptar, recomendaciones de diferentes entidades a las que nos pronunciaremos posteriormente a través de diversos autos».
“Estamos ante un enorme desafío como nación. Está en juego la implementación del Acuerdo de Paz. Pero no sólo este, sino futuros acuerdos. Es una gran apuesta como país, pero para que funcione debe garantizarse la vida e integridad de quienes participaron en el mismo. Es altamente preocupante la situación que estamos enfrentando, a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizado. Habrá que seguir trabajando y continuando con este diálogo entre la JEP y la institucionalidad colombiana. Este un proceso dialógico», concluyó el presidente de la Sección, el magistrado Alejandro Ramelli.
