Por Gabriel Fernández *
El desalojo concretado en Guernica bien puede llevar a evaluar elementos de fondo que caracterizan el problema. Arrancamos con los datos empresariales y cerramos con un puñado de informaciones políticas surgidas de la administración provincial.
Las zonas ocupadas por las familias sin techo pertenecen a la empresa El Bellaco S.A. y propietarios individuales.
La compañía, de nombre auto incriminatorio, se dedica a la construcción de countries, barrios privados y clubes exclusivos. Ha sido la más afectada por la presencia de las familias: 60 hectáreas de su propiedad estuvieron, hasta ahora, en manos sociales.
El Bellaco S.A. adeuda el impuesto inmobiliario desde 2018 y registra deudas ante la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) por 970.959 pesos. Desde mediados de 2019, la empresa dejó de aportar al seguro y a la obra social de sus empleados; por eso, en febrero de 2020 la aseguradora Experta ART rescindió su cobertura.
Las enormes ganancias de sus construcciones –entre otras el country San Cirano- no la llevaron a cumplir con los pagos básicos. El presidente de El Bellaco S.A. es Gervasio Pérez Pesado, platense relacionado con el Club Los Tilos y el Santa Bárbara Hockey Club.
En apoyo a su demanda se presentaron personas del lugar con territorios linderos. Nidia Edith Desplats y su hijo Guido Giana efectuaron una acción judicial aunque sus propiedades, unas 300 hectáreas, no fueron afectadas por la ocupación.
Giana es un concejal de Juntos por el Cambio. Por motivos indescifrables se ha rodeado de una quincena de uniformados bonaerenses que custodian sus terrenos. Fue Gerente Económico Financiero del PAMI durante el macrismo; su acción discrecional sobre la entidad desató escándalos sólo reflejados por algunos medios de Guernica.
En mayo de 2019 Giana designó a los hermanos Arranz en el PAMI y el Anses del lugar. Rápidamente, los espacios periodísticos (Enfoque, Realpolitik) señalaron que “Giana hace doblete: tanto ANSES como el PAMI, los órganos que gravitan fuerte en el universo social –caja y beneficio o derecho social- están a cargo de los dos hermanos que responden directamente a él”.
Finalmente. Nos informan desde dentro de la gestión bonaerense que el titular de Seguridad solicitó –antes de poner en marcha la orden de desalojo, claro- la revisión de la medida. Su planteo fue rechazado por la Justicia. “El juez Martín Rizzo rechazó el pedido del ministro de Seguridad, Sergio Berni, para postergar el operativo sobre el predio” aseguraron.
En la misma dirección, esas Fuentes pusieron de relieve que “antes del operativo se llegó a acuerdos sin conflicto con la mayoría de los ocupantes” y “sólo un sector minoritario, identificado con fuerzas políticas de izquierda, se negó a suscribirlo”.
Aunque las situaciones se hayan enlazado temporalmente, puntualizamos desde estas líneas que resulta pertinente evitar la identificación del litigio entrerriano con el recientemente enfocado. Estamos ante realidades e intereses distintos.
* Director La Señal Medios
