Presentamos el informe número 11 del especial periodístico sobre la crisis humanitaria de los pueblos indígenas en Colombia, que viene produciendo nuestro medio aliado Hacemos Memoria, a través de la Red de Periodismo y Memoria de la que hacemos parte como Agencia Internacional de Prensa, con el fin de acercar al público internacional los hechos de violencia política que han afectando históricamente a las comunidades más vulnerables en el país suramericano, por causa del conflicto armado interno y la marcada exclusión social y política.

 

Aunque se aferran a sus raíces, la minería, los cultivos de uso ilícito, el conflicto armado y la tuberculosis tienen en riesgo la supervivencia y la cultura del pueblo Barí en Norte de Santander. Undécima entrega de una serie periodística sobre la crisis de los indígenas.

Silvia Luz Gutiérrez Sánchez

Ilustración: Didier Pulgarín

Los indígenas Barí, conocidos también como motilones, son un pueblo binacional que habita en el estado de Zulia, Venezuela, y en cinco municipios de Norte de Santander en Colombia. Actualmente, vivir en zona de frontera tiene en peligro la supervivencia de estas comunidades, debido a la confrontación de actores armados que se disputan el control del área para el tráfico de drogas, a las restricciones migratorias existentes entre ambas naciones, y a la concesión de títulos mineros para la extracción de carbón y petróleo.

Juan Titira, líder de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, conversó con Hacemos Memoria sobre las principales amenazas a su pueblo y en especial a la población más joven: el reclutamiento forzado por parte de los actores armados; y la instauración de un sistema educativo occidental. La primera, genera el abandono de las comunidades o el irrespeto a la sabiduría de los mayores; y la segunda, afecta al patrimonio cultural porque las normas de las escuelas les impiden a las niñas, niños y jóvenes hablar en Bari Ara, su lengua original, y usar su vestimenta tradicional que consta únicamente de un taparrabos.

¿Cómo se distribuyen las comunidades indígenas en el Norte de Santander?

En Norte de Santander estamos los Motilón Barí, en la parte de abajo están los Uwa y últimamente ha llegado de Venezuela la población Zipa, pero ellos no tienen territorio. Los que tenemos territorio somos los Barí y estamos en los municipios de Tibú, Cimitarra, Convención, Teorama y El Carmen, distribuidos en 23 comunidades. Somos alrededor de 3.200 Barí.

Nosotros los Barí, estamos en Norte de Santander, pero también somos un pueblo binacional porque tenemos hermanos en una zona que se llama Machines de Pivija, en el estado venezolano  de Zulia.

¿El pueblo Barí tiene restricciones de movilidad entre ambos países?

No habíamos tenido fronteras y compartíamos la vida como Barí: nuestro idioma, las fiestas, hacíamos el intercambio de arco y flecha. Todas esas actividades propias culturales las desarrollábamos con ellos. Pero políticamente nos han delimitado porque los Barí de territorio colombiano ya tenemos que sacar cédula venezolana, pasaporte o lo que pidan allá, y eso ha imposibilitado el paso por las carreteras que conducen al Barí de Venezuela. En cambio el Barí venezolano llega a territorio colombiano y no tiene todas esas restricciones.

¿Qué problemas tienen en riesgo al pueblo Bari y su cultura en la actualidad?

Uno, la pérdida de autonomía, identidad y gobernanza. En la escuela, por ejemplo, los niños no pueden hablar la lengua ni usar la vestimenta propia y cuando los jóvenes van a estudiar a la ciudad se corre el riesgo de que vayan perdiendo el idioma y las costumbres. A veces, el uso de la tecnología hace que pierdan nuestra cosmovisión, nuestras leyes. Dos, la presencia de grupos al margen de la ley y el alto incremento de los cultivos ilícitos alrededor de nuestros resguardos. Tres, el territorio Barí está concesionado a grandes multinacionales para la extracción de materiales naturales como el carbón, el petróleo y el desarrollo de proyectos agroindustriales. Cuatro, hoy día, muchos de los Barí estamos sufriendo de tuberculosis y no hay organismos de sanidad o de salud pública que lleguen a nuestro territorio.

¿Cuáles son las principales problemáticas causadas por los grupos al margen de la ley?

El pueblo Barí siempre ha sido victimizado desde la corona española hasta la fecha de hoy. En el Catatumbo y en nuestro territorio han operado todos los grupos al margen de la ley. Ahora hay presencia del ELN y el EPL, y han vuelto a tomar el territorio las disidencias de las FARC, también hay grupos organizados de narcotráfico, y la fuerza pública hace presencia en el territorio.

Los grupos armados siempre han llegado al territorio indígena, a los bohíos, a los resguardos para reclutar jóvenes. Nos hemos visto afectados por la presencia de estos grupos armados porque también han hecho hostigamientos a nuestras comunidades, se han enfrentado en nuestro territorio y en nuestros caminos ancestrales, y han sembrado minas antipersona, poniendo en riesgo la vida de nuestros comuneros. El grupo armado del ELN y las FARC han asesinado a varios líderes, las autodefensas en su época asesinaron a varios líderes.

De una u otra forma nosotros hemos sido violentados, amenazados y estigmatizados. Por ejemplo, un Barí sale a una ciudad y allí es estigmatizado como guerrillero, y eso ha venido sucediendo en la zona del Catatumbo. Entonces debemos poner atención para que la comunidad Barí, sus autoridades y líderes no sean estigmatizados.

¿Hubo algún cambio con la desmovilización de las FARC?

Para nosotros, a pesar de que tengamos el capítulo étnico en el acuerdo de paz, todo sigue igual. Los cultivos ilícitos se han incrementado, la delincuencia organizada ha regresado, los megaproyectos aún siguen. Todo está igual, no ha cambiado nada.

Antes éramos porcicultores, vivíamos de la caza, de la pesca y de lo que cultivábamos y no veíamos el signo monetario. Pero hoy en día el signo monetario nos ha cambiado la forma de ver las necesidades básicas y de suplirlas, eso es un problema muy serio que está viviendo mi gente. Entonces ahí vienen los otros problemas sociales como el reclutamiento forzado, volverse raspachín o abandonar el territorio para buscar unas mejores oportunidades. Los caciques mayores y las autoridades empiezan a ser ignorados, marginados y se empiezan a ver abusos de poder y a no reconocer la autoridad Barí.

¿En qué sitios están los cultivos ilícitos y de qué manera afectan a las comunidades indígenas?

Los cultivos ilícitos están en todo el territorio del Catatumbo, pero en especial a los alrededores del resguardo Barí en la zona de amortiguación. Los cultivos de uso ilícito nos afectan porque los laboratorios usan los riachuelos, los caños y las quebradas para desaguar el desecho químico de la coca. Los ríos se dañan, las quebradas se dañan, y esto nos perjudica porque nosotros somos de cacería y pesca, somos recolectores. Está en riesgo nuestra pervivencia, porque el  veneno nos va a exterminar.

Otro problema es la aspersión aérea con glifosato, muchos niños nacen con labio leporino o discapacitados. Hay casos asociados, especialmente en los últimos 12 años que han venido fumigando con glifosato.

El Barí sale a los cultivos de coca a raspar, el niño o joven abandona la escuela y está expuesto  a que lo recluten. Entonces en vez de sumar población estamos restando, porque la población Barí está desertando de su círculo social y comunitario. Hoy están exponiendo a la población Barí, a los líderes comunitarios y a las comunidades, y es un problema muy serio que ha llegado a nuestro territorio y el Estado colombiano no le ha prestado atención.

¿Qué ha pasado con los programas de erradicación de cultivos ilícitos?

Aquí en el territorio esa política pública no se da porque para hacer las rutas metodológicas de erradicación y sustitución la comunidad Barí tiene que participar en esas consultas y luego el Gobierno nacional tiene que adoptarlas, pero eso no se ha hecho.

¿A qué se debe el incremento de tuberculosis en la población Barí?

La tuberculosis se da en el territorio porque nosotros los Barí somos una sociedad cerrada, compartimos todo en un sitio que denominamos bohío, siempre ha sido así: varias familias en una casa, en un bohío. Entonces cuando un Barí tiene tuberculosis sale para el casco urbano del municipio de Tibú, ahí lo tratan en el hospital, pero como el Barí está conectado a la madre tierra cuando está en Tibú y van pasando los meses se aburre, renuncia a las medicinas, entonces vuelve. O sencillamente el Barí dice: yo no quiero morir en la ciudad, yo quiero morir aquí y se les respeta eso porque una autoridad o un mayor puede decidir sobre su supervivencia.

¿Cuál podría ser el apoyo del Estado para mitigar los brotes de tuberculosis?

Que en los puestos de salud existentes, o en los futuros puestos de salud que se van a construir en los territorios compartidos entre Barí y campesinos, haya una buena infraestructura y haya una buena dotación; que haya médicos, enfermeras y bacteriólogos, suministro de la medicina y otros servicios. Que esta y otras enfermedades sean tratadas en el territorio, en las comunidades, para que así el Barí no renuncie a la salud y al derecho a la vida que tenemos.

El pueblo Barí se encuentra disperso geográficamente en los cinco municipios mencionados, lo que imposibilita el acceso a los funcionarios de salud, a las brigadas, pero también al Sisbén. No ha habido suficiente cobertura para que la población sea beneficiaria y subsidiada como lo manda la ley, entonces prácticamente estamos desprotegidos en nuestro territorio

¿Cuáles son las  problemáticas derivadas de la explotación minera y la extracción de hidrocarburos?

El tema hidrocarburos es un problema que siempre ha existido aquí en el Catatumbo. Hoy Ecopetrol y otras firmas están interesadas en recuperar los pozos cerrados, y la economía ilegal está dañando el medio ambiente porque se pegan a los tubos para sacar el crudo. Nosotros somos conservadores del medio ambiente y necesitamos recuperar esos territorios para tener armonía.

En cuanto a la minería hay unas 26 firmas mineras que ya tienen licencia para extraer carbón en nuestro territorio, pero no han hecho las consultas previas, llegan y buscan a los campesinos, a las juntas de acción comunal para que ellos hagan ese trabajo y los derechos propios de los indígenas no se ven reflejados, no hemos sido tenidos en cuenta.

La minería nos afecta porque destapa la capa vegetal. Nosotros vivimos de la cacería, de la pesca y tenemos la conexión con la madre tierra porque el espíritu Barí vive debajo de la tierra, el espíritu Barí vive en el aire, el espíritu Barí vive en el árbol, vive en la roca. Entonces nos estarían exterminando, nos estarían llevando a un genocidio y eso incrementaría la vulneración de derechos humanos.

¿Cuál podría ser la solución para que estas comunidades indígenas no pierdan su identidad y no se extinga su población?

Primero, tenemos que armonizar el territorio. Segundo, todos los esfuerzos que ha hecho el pueblo Barí para desarrollarse, a través de gestiones propias, se deberían materializar a través los planes de vida que hemos formulado. Nosotros hemos tenido buen relacionamiento con el Gobierno nacional. Por ejemplo, el pueblo Barí  participó en la formulación de los planes de transformación regional e hizo propuestas para que sean implementados desde las alcaldías, aunque en este momento están estancadas por temas de la pandemia COVID-19.

Otra solución es que en los territorios compartidos entre comunidad Barí y campesinos, las administraciones municipales y el departamento deben priorizar dónde van a quedar los centros de salud y el centro educativo que van a atender a la población Barí y a la población campesina, porque gracias al trabajo con las comunidades de campesinos organizados que viven en el Catatumbo, tenemos la sentencia 052 de 2017, que expresa en su orden la delimitación de la población. Es ahí donde nosotros hemos venido construyendo propuestas para el territorio, ahí es donde tenemos que revisar que los acuerdos suscritos se materialicen con inversión, con presupuesto.

Hay que fortalecer los canales de comunicación y las estructuras del gobierno propio. A las autoridades regionales y a los caciques hay que darles una buena formación, hay que implementar una buena cátedra de paz, traducida en lengua Barí. Esa parte hay que  trabajarla muy duro porque nosotros somos una comunidad muy diferente a las comunidades que habitan el Catatumbo.

¿Qué peticiones le han hecho al Estado Colombiano?

Hemos pedido tres cosas básicas. Uno, la salud, el saneamiento y la ampliación del gran resguardo. Que nos cumplan con ese mandato. De cumplirse nosotros seríamos muy orgullosos de saber que el Gobierno nacional trabajó. Dos, Que el Gobierno haga el esfuerzo para llevar a cabo políticas públicas. Tres, participación en los planes de desarrollo y en la asignación de recursos para materializarlos.

¿Han recibido respuestas?

Ha habido algunas acciones favorables, no puedo mentir, han llegado algunas ayudas para solucionar necesidades puntuales. Sin embargo, hace falta más presencia, necesitamos fortalecernos en todos los ejes que el pueblo Barí ha contemplado, porque el Catatumbo es una zona rica en recursos naturales y nosotros, que somos los dueños naturales y legítimos, no somos tenidos en cuenta para la distribución de los recursos y menos para el acceso a proyectos; no hemos tenido acceso a las convocatorias nacionales ni departamentales. Entonces, es hora de que eso sea traducido, sea plasmado en el plan de vida y sea trabajado con las autoridades tradicionales y la dirigencia indígena Barí, para el desarrollo y el bienestar de la comunidad.

¿Qué podríamos hacer los colombianos del común para que los pueblos indígenas no sean invisibilizados?

Primero que todo, hacer unos buenos informes sobre nuestra situación. Dos, hacer una campaña de pervivencia en pro de lo físico y lo cultural. Tres, que los acuerdos que sean cumplidos en Colombia. Cuatro, una gran movilización para mostrar a una comunidad indígena desprotegida, vulnerada. Y cinco, que el pueblo Bari tenga no un padrino sino a varios, esa sería una idea muy buena para así salvaguardar a la juventud, a los niños y a los mayores.

Próximamente el informe No. 12: En Bogotá hay segregación y racismo hacia los indígenas: Iván Niviayo, gobernador muisca