A un año del inicio de la revuelta social en Chile, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, se hace un deber puntualizar lo siguiente:

Las justas y legítimas demandas del pueblo chileno que dieron origen al denominado “estallido social”, siguen plenamente vigentes, y por tanto, el conflicto social aún no ha concluido. En efecto, la grosera desigualdad, el abuso institucionalizado, el descrédito y falta de legitimidad de las instituciones políticas y la mantención de un modelo de sociedad impuesto y administrado durante 30 años, que niega los derechos humanos más elementales como la salud, la educación, la seguridad social, el trabajo digno y una remuneración justa, entre otros, son condiciones objetivas del descontento social que no han sido resueltas y encaradas debidamente por el sistema político actual.

En efecto, el Gobierno, en vez de atender y escuchar la exigencia mayoritaria de los chilenos expresada a través del legítimo ejercicio de la protesta social, de un modo pacífico y multitudinario, ha optado por defender el statu quo a través de la aplicación de una política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos, que ha provocado muertes, torturas, lesionados, muchas de ellas constitutivas de crímenes contra la Humanidad, descritos y sancionados en la Ley20.357, normativa fundante de nuestras querellas.

Cabe tener presente que hasta el 15 de junio del presente año, según el Ministerio Público, las denuncias por violaciones de DDHH ascendían a 8.510, pero sólo 800 se han traducido en querellas. Sumado a esto, la Fiscalía ha registrado más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes además de, al menos, 70 delitos de carácter sexual cometidos por agentes del Estado.

El gobierno, en tanto, ha presentado 1.914 acciones judiciales contra 3.274 personas detenidas en el marco de las manifestaciones.

La mantención de 497 presos políticos, privados de libertad con dudosas pruebas y con clara vulneración de sus derechos y garantías procesales como la presunción de inocencia y el principio de derechos humanos referido a que la prisión preventiva no debe ser la regla general, aparece como otra forma de inhibir y neutralizar la protesta social. Especial incumplimiento de estos derechos se ha tenido con los presos políticos mapuche.

La aprobación de ley N° 21.208 “antibarricadas” y la decisión del Gobierno de poner suma urgencia a la Ley de Inteligencia y sobre Infraestructura Critica, que incorporan a las Fuerzas Armadas en el control del orden público, y la compra de más y modernos equipos para las fuerzas policiales, confirman la voluntad del Gobierno de enfrentar la grave crisis social aumentando la represión, desoyendo las recomendaciones de los organismos internacionales.

Por su parte, la pandemia, no hizo sino develar con toda su crudeza la incapacidad del sistema y la falta de voluntad del Gobierno de satisfacer las necesidades mínimas de la población, tal como lo demandaron los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que convocó a los Estados a “velar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se deben adoptar e impulsar medidas para mitigar el posible impacto sobre las fuentes de trabajo e ingresos de todos los trabajadores y trabajadoras y asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en condiciones de dignidad humana”. Agrava lo anterior, la aplicación de una estrategia sanitaria negligente y errática, que ha puesto en grave riesgo el derecho humano a la vida y a la salud de los habitantes de nuestro país,lo que nos obligó a querellarnos en contra de las autoridades.

En consecuencia, el conflicto social no ha terminado y la paz a la que anhelan los chilenos y chilenas mayoritariamente, sólo se podrá alcanzar con el término de la represión y con la adopción de políticas concretas que apunten a enfrentarlas profundas causas de la crisis social. La Paz es obra de la Justicia y no se puede imponer por decreto.

La Impunidad de los graves crímenes cometidos agrava el descontento social, a la vez que importa un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno. A la lentitud de las investigaciones judiciales y la formalización de sólo 66 agentes del Estado y menos de 10 imputados privados de libertad, se agrega la grave situación de amedrentamiento y hostigamiento que han sufrido aquellas fiscalas y fiscales que sólo han intentado cumplir con su deber, como la Fiscal Ximena Chong y los fiscales Marcelo Carrasco y Xavier Armendáriz, estos últimos denostados y descalificados por los querellados, Sebastián Piñera y Jaime Mañalich, a través de sus abogados.

Pero sin lugar a dudas que el mayor obstáculo, ha sido el apoyo y respaldo permanente que el Presidente de la República le ha otorgado al Director General de Carabineros, ante el actuar ilícito de sus subordinados y la cadena de mando que encabeza. Cabe tener presente que en abril de este año, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, señalaba a la institución de Carabineros como el principal recurrido en delitos de derechos humanos, perpetrados en el contexto del estallido social, con el 92,9% del total de los casos.

La conducta de la máxima autoridad del país, sin lugar a dudas, avala la impunidad e inhibe y desalienta el actuar de los fiscales y fiscalas.

A su vez, el Gobierno ha tenido una actitud de completo desoimiento de las recomendaciones encaminadas al respeto y garantía de los derechos humanos incluidas en los Informes elaborados por los distintos organismos internacionales.

Sólo a título ejemplar, es necesario recordar que el ACNUDH en su Informe de Diciembre de 2019, recomendó al Estado desarrollar nuevos protocolos policiales para garantizar el uso adecuado de la fuerza, proteger el rol de los defensores de derechos humanos o crear un mecanismo de seguimiento integrado por la sociedad civil y expertos independientes, entre otras cuestiones.

Sin embargo, tres meses después, en Marzo de este año, el representante regional del organismo, Jan Jarab, denunció que se seguían violando los derechos humanos de los manifestantes en Chile y que el Estado prácticamente no ha cumplido con ninguna de las 21 recomendaciones que el organismo le hizo al Gobierno.

Y durante la primera semana de octubre, con ocasión del joven manifestante lanzado al río Mapocho por un uniformado, el representante regional de ACNUDH, expresó su preocupación por el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, por son conductas reiteradas,e hizo un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas”, a la vez que instaba por “una reforma profunda de las fuerzas del orden y seguridad, que tenga como pilares la profesionalización de sus agentes, la formación en Derechos Humanos, la subordinación a la autoridad civil y especialmente, mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles.”

La Comisión Chilena de Derechos Humanos, reitera su compromiso con la defensa de las víctimas y su decisión institucional de recurrir, si es necesario, a los diversos órganos del sistema de protección internacional de derechos humanos para evitar la Impunidad de los crímenes contra la Humanidad cometidos en su contra, a objeto que los responsables, incluidas las autoridades políticas y los jefes militares, obtengan la debida sanción según lo establece el Estatuto de Roma y el claro mandato de la Ley 20.357, que tipifica y sanciona dichos ilícitos.

Al mismo tiempo, en la víspera de un nuevo 18 de Octubre, hacemos un llamado al Gobierno a terminar con la represión de la protesta social, y a los habitantes de nuestro país, a no caer en provocaciones que impidan la realización del plebiscito del 25 de octubre, hito con el que se da inicio al proceso constituyente. Estamos convencidos que, a pesar de todas las limitaciones y restricciones impuestas al pleno ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo chileno, si existe un masivo y activo protagonismo de la ciudadanía durante todo el proceso, ello permitirá contar con un nuevo texto constitucional que, teniendo como marco referencial obligatorio el respeto y garantía de los Derechos Humanos, establezca normativamente los cimientos de una democracia verdadera y una genuina paz social.