Esta mañana ha tenido lugar una rueda de prensa frente al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, en la Zona Franca.
Tras el anuncio del Ministerio de Interior de reactivación de los CIE, la situación actual es que hay 80 personas argelinas (todos hombres) retenidos en el CIE de Zona Franca a la espera de que se pueda hacer efectiva su deportación. Ayer mismo supimos, además, por un comunicado policial, que ya hay un interno que ha contraído el virus del COVID. Ante esta situación recordamos que 196 entidades y colectivos del Estado hicimos público un comunicado de rechazo a la reactivación de los CIE, avisando que los CIE de ninguna manera reúnen las condiciones adecuadas para mantener a un grupo de personas encerradas.
Las entidades Irídia y Migra Studium han presentado una queja ante el juez de control del CIE pidiendo la inmediata liberación y derivación a los recursos sanitarios adecuados de las personas retenidas.
La entidad “Tanquem els CIE” declara: quisiéramos recordar que los centros de internamiento de extranjeros no son más que cárceles para personas que cometen una falta administrativa como es no tener un permiso de residencia. Es tan absurdo como encarcelar y deportar a alguien por una simple infracción de tráfico o por llevar el DNI caducado. Desde el 5 de octubre en este centro, que llevaba meses vacío, están retenidas 80 personas en plena pandemia, en un espacio que claramente no garantiza las medidas sanitarias adecuadas, puesto que ya ha habido confirmación por parte de fuentes policiales del primer positivo por covid 19. Este encerramiento, además, ocurre mientras aún siguen las negociaciones con los países de origen para hacer efectivas las deportaciones, con el riesgo añadido que eso supone para los países receptores.
El comunicado firmado por 196 entidades y colectivos del estado contra la reapertura de los CIE ha sido totalmente ignorado, como han sido ignoradas las numerosas declaraciones por parte de distintas instituciones pidiendo el cierre definitivo.
La entidad “SOS Racisme” declara: Desde entidades y colectivas antirracistas y en defensa por los derechos queremos denunciar el riesgo que corren los internos de un CIE a sufrir violencias y agresiones por parte de los agentes policiales. Una brutalidad policial muchas veces invisibilizada debido a la opacidad de estos centros, donde las personas se ven desamparadas y desprotegidas frente a la impunidad de estos actos. Pero esto no pasa solo en los CIE. Aunque la pandemia y la presión de entidades y colectivas organizadas de la sociedad civil forzaron el cierre de los centros durante el estado de alarma, las vulneraciones de derechos habituales se dispararon, y especialmente vimos cómo los abusos y violencia policiales hacia las poblaciones migrantes y/o racializades no blanques aumentaron en el espacio público. Recordemos que estos abusos habitualmente se inician con una identificación ilegal. Las identificaciones por perfil racial son un criterio normalizado con el que la policía, como organismo del estado, sobreidentifica personas de apariencia no blancx, sin tener necesariamente indicios de que éstas estén cometiendo una infracción o un delito. Son la puerta de entrada a la violencia policial y el elemento más básico del racismo institucional. Recordemos que se daban ya antes de forma cotidiana y que tienen consecuencias graves para las personas sobreidentificadas. Éstos no son únicamente consecuencia de una ideología racista de determinados agentes, sino que viene marcado por el contexto de falta de mecanismos de control, impunidad, racismo y corporativismo policial en el que los agentes trabajan. Al ser la perfilación racial un problema de racismo institucional urge, así mismo, intervenir desde las mismas instituciones y tomar medidas para revertirlo. El Estado construye de manera deliberada a las personas migrantes y no blanques como el enemigo, las estigmatiza y criminaliza para justificar todo un aparato de control punitivo que vulnera de manera sistemática los derechos de una parte de la población, con el fin de instrumentalizar a las personas migrantes para sus propios intereses, pero desechándola cuando no interesa. Venimos escuchando cómo el discurso securitario justifica este control policial y ante este panorama, nosotras nos preguntamos: ¿seguridad para quién?.
El Movimiento Regularización Ya – Barcelona Colectivas migrantes, antirracistas y asociaciones de Derechos Humanos unimos fuerzas para repudiar la reapertura de los CIEs por parte del Gobierno español, y exigir su cierre definitivo inmediato, entendiendo que no sólo no es una solución para la llegada de personas migrantes a este territorio, sino que constituye un agravante para la delicada situación en la que se encuentran las personas que están en situación administrativa irregular. Con el agravante en el CIE de Barcelona, de la incorporación de un módulo especial para mujeres. Y nos preguntamos: ¿Cuántas violencias más debemos soportar las mujeres migrantes? La cárcel y el encierro no pueden considerarse atención sanitaria ni humanitaria, como pretende excusarse el Ministerio de Interior, que sabe perfectamente que con fronteras cerradas estos centros y su supuesta utilidad como puente para la deportación, no deberían estar funcionando. La Organización Mundial de la Salud ya se ha expedido sobre los CIEs, recomendando su vaciamiento y cierre, la defensoría del pueblo catalán, la Administración municipal y hasta el Parlament de Catalunya. Así como relatores especiales de Derechos Humanos de la ONU. En este contexto de pandemia global la reapertura de estas cárceles para personas migrantes, constituyen un peligro para la salud pública y una clara vulneración a los derechos de las personas migrantes, impidiendo la solicitud de asilo y una atención humanitaria, que jamás puede ser de carácter carcelario, como se les está condenando. En este momento los internos se encuentran con la imposibilidad de ser visitados, asistidos legalmente y expuestos a la peligrosidad de ser contagiados dentro por personal policial que entra y sale del recinto. Como se puede deducir de este aislamiento, sus familias no saben de su paradero, por lo que podrían encontrarse en una situación de desaparición forzada, por parte del Estado. Exigimos la liberación de estas 80 primeras personas ingresadas, para garantizar sus derechos. El cierre inmediato y definitivo de estas opacas instalaciones que vulneran los derechos de las personas migrantes. Que se acabe con las políticas de control y expulsión migratorias, que deshumanizan con el encierro y deportación, niegan el derecho a la movilidad y vulneran todos los derechos humanos y tratados internacionales sobre los mismos, prevaleciendo pactos mafiosos entre Estados para fortalecer la industria de la guerra en las fronteras. No somos mercancía, no nos vamos, ni nos integramos a las políticas racistas del Estado. Exigimos un trato humanitario, que se ajuste a los derechos y no a los intereses del mercado. Queremos acabar con esta lógica perversa de gobiernos que libran guerras sobre nuestras comunidades y que les resulta más fácil poner toda la maquinaria de terror ejemplarizante para quienes desobedecen el control de fronteras que regularizar a las personas que hace años viven en este territorio, enriqueciendo desde la economía sumergida la riqueza de una Europa racista y cada vez más cerrada a hacer cumplir los tratados internacionales sobre el derecho a la movilidad y los derechos humanos. CIErre definitivo de todos los centros de humillación y exterminio de las personas migrantes en el Estado español. ¡Libertad a lxs presxs migrantes!
