Tras un mes de juicio en Londres, la justicia británica ha anunciado que el 4 de enero, en el marco del nombramiento presidencial en Estados Unidos, hará pública su decisión sobre la extradición de Julian Assange a este país. Allí, el activista se enfrenta a 175 años de cárcel por la publicación de informaciones que llevaron a la opinión pública los crímenes de guerra cometidos en Iraq y Afganistán, o las torturas a las que son sometidos los detenidos en Guantánamo.
Por Ter García
Diciembre de 2006. Wikileaks publica un documento, supuestamente firmado por el jeque somalí Hassan Dahir Aweys, en el que ordenaba la contratación de sicarios para asesinar a varios cargos del gobierno de este país. La publicación del documento, según describe The New Yorker en un artículo publicado cuatro años después, se realizó a pesar de que no estaban seguros de su autenticidad, advirtiendo de ello y pidiendo a los lectores colaboración para su análisis.
Casi 14 años y decenas de publicaciones después, la cara más visible de Wikileaks, Julian Assange, se enfrenta a su extradición a Estados Unidos, tras haber pasado siete años recluido en la embajada de Ecuador en Londres. La resolución sobre la extradición de Assange se hará pública el próximo 4 de enero, durante el proceso de nombramiento del presidente de Estados Unidos tras las elecciones de noviembre. Si la justicia británica da luz verde a la extradición, el activista australiano irá a juicio en Estados Unidos, donde se le acusa de 18 cargos de violación a la Ley de Espionaje de 1917 por obtener y publicar “información clasificada”, delitos por los que se enfrenta a 175 años de cárcel.
Mientras, el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional investiga el espionaje al que habría sido sometido Assange durante su estancia en la embajada ecuatoriana por parte de la empresa UC Global, a cargo del exmilitar español David Morales. Según los documentos de la investigación, a los que ha podido acceder El Salto, Morales habría vendido durante años información sobre el activista a la CIA, institución a la que, en conversaciones con los trabajadores de la empresa, denominaba “el amigo americano”, a través del magnate de los casinos Sheldon Adelson y su equipo de seguridad.
Estados Unidos acusa a Julian Assange de un delito de conspiración para obtener información de defensa nacional, siete delitos de obtención de información de defensa nacional, nueve delitos de revelación de información y un delito más de conspiración para la comisión de intrusión en ordenadores. La causa se lleva a cabo en la División de Alejandría de la Corte de Virginia. Entre las filtraciones citadas en la acusación, con fecha 23 de mayo de 2019, aparecen:
14 años filtrando secretos de Estado
El documento sobre Hassan Dahir Aweys fue el primero publicado por Wikileaks, una organización entonces dirigida por el activista australiano Julian Assange como uno de los proyectos de una organización de periodistas y programadores llamada The Sunshine Press.
El dominio había sido registrado tan solo dos meses antes y, aunque esa primera publicación pasó prácticamente desapercibida, supuso su presentación en sociedad y fue pronto seguida de filtraciones de información sensible que dieron la vuelta al mundo: en agosto de 2007, The Guardian publicó un reportaje sobre el robo de mil millones de libras esterlinas por parte de la familia del expresidente keniano Daniel arap Moi, una información obtenida a partir de un informe realizado por la consultora Kroll al que habría tenido acceso a través de Wikileaks.
Ese mismo año, Wikileaks publicó un manual del ejército estadounidense sobre procedimientos operativos en el centro de detención de Guantánamo, un documento que la American Civil Liberties Union llevaba solicitando desde 2003 en base a la Ley de Libertad de Información —ese sistema de acceso a la información institucional que en España se aprobó en 2013 pero que en Estados Unidos está vigente desde 1967— y en el que se describe las torturas a las que eran sometidos los detenidos en esta instalación, como el uso de perros para intimidar a los prisioneros.
En 2008, a través del banquero y denunciante Rudolf Elmer —que fue después condenado a dos años de libertad condicional y al pago de una multa de 9.500 euros—, Wikileaks denunció cómo el banco suizo Julius Baer usaba las Islas Caimán para facilitar que sus clientes evadieran impuestos. Vídeos de disturbios civiles en Tíbet previamente censurados por el Gobierno chino, documentos internos de la iglesias de la Cienciología, informes sobre ejecuciones extrajudiciales en Kenia —que supusieron que Amnistía Internacional premiara a Wikileaks por su labor de difusión— o listas de los militantes del Partido Nacionalista Británico, de extrema derecha son algunas de las publicaciones que siguieron en 2008.
En 2009, Wikileaks continuó su trabajo publicando, entre otras cosas, informes que probaban como Barclays ayudaba a evadir impuestos a sus clientes —que habían sido publicados previamente por The Guardian, medio que fue obligado por la justicia británica a despublicarlos—, también artículos sobre las reuniones del Club Bilderberg, el caso Petroaudios —compra de contratos petrolíferos en Perú—, sobre los préstamos realizados por el Kaupthing Bank —el mayor banco de Islandia— a sus principales accionistas poco antes de la crisis financiera en el país o las comunicaciones entre las instituciones gubernamentales estadounidenses el 11 de septiembre de 200, día del atentado de las Torres Gemelas.
Pero 2010 fue el año en el que las informaciones difundidas por Wikileaks llegaron a un punto de inflexión. El 5 de abril de ese año, sacaron a la luz, bajo el nombre de Collateral Murder, un vídeo de 38 minutos grabado desde un helicóptero Apache estadounidense de un ataque sobre población civil producido el 12 de julio de 2007 en el barrio Nueva Bagdad, en la capital iraquí, en el que murieron una docena de personas, entre ellas el fotógrafo de Reuters Namir Noor-Eldeen y su ayudante Saeed Chmagh.
Un mes después, la ex soldado y analista de inteligencia Chelsea Manning fue detenida y encerrada en régimen de aislamiento en una prisión militar en Virginia durante casi un año para pasar después a una prisión en Kansas hasta su juicio en 2013, en el que fue condenada a 35 años de cárcel, pena conmutada en 2017 por Barack Obama. Su delito: haber filtrado los documentos y vídeos de ataque de Bagdad y otros archivos que serían publicadas por Wikileaks a lo largo de ese año y los siguientes.
La serie de documentos Afghan War Diaries, publicada en julio de 2010, fue el siguiente petardazo: una colección de cerca de 91.000 informes militares datados entre 2004 y 2010 en los que se detallaban centenares de muertes de civiles en este país a manos de soldados estadounidenses, el supuesto apoyo a los talibanes de países como Irán o Corea del Norte, los pagos a medios de comunicación afganos para limpiar la imagen del ejército estadounidense o el consumo de prostitución infantil por parte de contratistas en el país del Ejército estadounidense.
En octubre de 2010, los Iraq War Logs, otros más de 391.000 documentos, esta vez sobre la guerra en Iraq de 2004 a 2009 en los que se contaban 15.000 muertes de civiles que nunca habían sido admitidas por Estados Unidos. Y un mes después, el Cablegate ponía a disposición, primero de cinco grandes medios de comunicación —El País, Der Spiegel, Le Monde, The Guardian y The New York Times— y después de todo el mundo 251.287 telegramas enviados al Departamento de Estado de Estados Unidos desde las cientos de embajadas y consulados que tiene por todo el mundo.
¿Qué sacaron a la luz estas filtraciones? El espionaje ejercido por Estados Unidos y Reino Unido sobre el entonces secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, semanas antes de la invasión de Estados Unidos en Iraq; la filtración de espías cubanos en Venezuela o las presiones de Estados Unidos al Gobierno español —entonces en manos del PSOE— para obstaculizar la investigación sobre la muerte en Iraq del cámara José Couso, a causa de un ataque del ejército estadounidense sobre el Hotel Palestina en 2003 —sepultado definitivamente por la reforma de la justicia universal aprobada en España por el Partido Popular en 2014.
A partir de entonces, aunque continuaron las filtraciones —documentos sobre detenidos en Guantánamo, sobre la industria de la vigilancia, también de la agencia privada de inteligencia Stratfor, de cargos políticos de Siria…— la atención ya estaba más enfocada sobre el propio Julian Assange que sobre la información difundida por Wikileaks.
Comienza la carrera de procesos jurídicos contra Assange. El 21 de agosto de 2010 la justicia sueca ordena el arresto de Assange por la presunta violación de la opositora cubana Anna Ardin. Pocas horas después, la fiscalía retira la acusación, pero en septiembre se vuelve a abrir. Assange ya no estaba en Suecia entonces y en diciembre de ese año, después de que Interpol cursara una alerta roja para su detención, se presenta en una comisaría en Reino Unido y pocos días después es puesto en libertad bajo fianza.
En febrero de 2011, Reino Unido aprueba la extradición de Assange a Suecia para ser juzgado por violación. Un año y pocos meses después, Ecuador lo acoge en su embajada en Londres, donde Assange pasa siete años de su vida hasta que, tras el cambio de gobierno en el país latinoamericano y su retirada de asilo político, la policía británica le detiene a petición de Estados Unidos, que ya había presentado una acusación contra él con una petición de 175 años de cárcel. Eso fue el 11 de abril de 2019. Assange fue condenado por Reino Unido a 50 semanas de prisión por violar los términos de su libertad condicional y enviado a la prisión de Belmarsh, en el sur de Londres. Antes de que se cumpliera esa condena, Suecia había retirado la acusación de violación contra Assange.
Extradición y espionaje
En septiembre, tras varios meses de retraso por el covid-19, comienza el juicio en Reino Unido para decidir sobre la extradición de Assange a Estados Unidos. Según explica el medio inglés The Intercept, la primera magistrada asignada al caso Assange se retiró después de que saliera a la opinión pública las relaciones de su familia con los servicios secretos y con la industria militar. La juez que le tomó el relevo y ha presidido las sesiones del juicio tiene en su haber la aprobación de 23 de las 24 extradiciones sobre las que ha decidido, y en seis de ellas la justicia del país finalmente decidió rechazar la extradición.
El juicio se celebró a pesar de que los abogados de Assange pidieron más tiempo para poder preparar el caso, ya que solo habían podido reunirse con el activista un par de veces, y bajo vigilancia, en la cárcel en la que estaba recluido. Y se celebró con Assange metido en una caja de cristal, sin poder hablar con sus abogados durante las vistas. Ni siquiera pudo escuchar todo lo que se decía en la sala, debido a problemas en el sistema de sonido en su caja de cristal.
Las altas posibilidades de que Assange se suicidara si era extraditado a Estados Unidos y sus problemas de salud, agravados por su confinamiento en la embajada de Ecuador y aún más por su más de un año en la cárcel londinense, en la que no se le dejó ni siquiera usar sus gafas ni una radio fueron una de las argumentaciones de la defensa de Assange. “El señor Assange ha sido expuesto deliberadamente, por un periodo de varios años, a persistentes y progresivamente severas formas de trato cruel, inhumano y degradante, los efectos acumulados de estos solo pueden ser descritos como tortura psicológica”, afirmó durante el juicio el relator especial para la tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer.
Pero en las vistas celebradas en Londres para decidir sobre la extradición de Assange también se habló de otra investigación en la que el activista es la víctima: el espionaje cometido por él durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres por la empresa española UC Global. El caso, investigado por el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, cuenta con numerosa información sacada de los ordenadores de la empresa del ex militar jerezano David Morales y de varios ex trabajadores de la empresa, que afirman que las imágenes y audios grabados en secreto de Assange y las personas que le visitaban en la embajada eran facilitados a la CIA.
Espiado por una empresa jerezana
UC Global, empresa con sede en Jerez y dirigida por el exmilitar David Morales, comenzó a trabajar para Ecuador en 2015, prestando servicio de seguridad a las hijas del entonces presidente del país, Rafael Correa. Poco después, ampliaría los servicios al país ocupándose de la seguridad de Julian Assange en la embajada en Londres. ¿Por qué Ecuador contrataría a una empresa española para prestar servicios de seguridad en Londres? La razón esgrimida inicialmente era esquivar los problemas burocráticos que conllevarían llevar a Reino Unido trabajadores desde Ecuador, sin embargo, según aparece en los documentos de la investigación, a los que ha tenido acceso El Salto, la empresa española habría realizado pagos a la jefa de seguridad de la embajada de Ecuador en Londres.
El escrito de la acusación explica como Morales, una vez que tuvo el contrato para la vigilancia de Assange, viajó a mediados de 2015 a Las Vegas para asistir a una feria de seguridad, donde presentó su contrato en la embajada ecuatoriana en Londres como su principal atractivo. A su vuelta de Las Vegas, el exmilitar afirmó a los trabajadores de UC Global que “desde ahora vamos a jugar en primera división” y que habían entrado en el “lado oscuro”.
La empresa de Morales firmaría poco después un contrato de seguridad con Las Vegas Sands, del magnate Sheldon Adelson, conocido simpatizante republicano y uno de los mayores donantes a la campaña de Donald Trump, quien tenía en su servicio de seguridad a varios exaltos cargos de la CIA. El contrato versaba sobre dar seguridad en un viaje en barco de lujo de Adelson por el Mediterráneo, aunque en el barco ya se contaba con un equipo propio de seguridad. Varios trabajadores que son testigos protegidos afirman que Morales les informó de que ahora trabajaban para las autoridades de Estados Unidos, ofreciéndoles información sobre Assange.
Cuando, en diciembre de 2016, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la acusación detalla, aportando imágenes y correos electrónicos de la empresa, cómo la vigilancia sobre Assange se fue agravando: cambiaron las cámaras, que inicialmente no grababan sonido, por otras que sí lo grababan —compradas en una tienda con el ilustrativo nombre de ‘Espiamos’—; pusieron micrófonos hasta en el baño; instalaron unas pegatinas cuyo objetivo era bloquear los dispositivos de ruido blanco usados por Assange para evitar que grabaran sus reuniones; incluso escanearon la documentación y copiaron los datos móviles de las decenas de personas que visitaron a Assange en la embajada, desde políticos como Yanis Varoufakis a personalidades de sociedad y cultura como Pamela Anderson y Yoko Ono, o periodistas premiados con el Pulitzer como Glen Greenwald —precisamente premiado por las publicaciones que hizo a partir de otras filtraciones, las de Edward Snowden sobre el espionaje masivo realizado por Estados Unidos—. Incluso habrían grabado reuniones entre Assange y el jefe del Senain, el servicio de inteligencia que oficialmente les tenía contratados para que prestaran servicios en la embajada, o con Dana Rohrabacher, ex congresista republicano que habría sido mandado por Trump a la embajada para ofrecer a Assange un indulto a cambio de que afirmara que Rusia no estaba detrás de las filtraciones de correos electrónicos del Partido Demócrata —aunque después Rohrabacher desmintió que hubiera sido enviado por Trump—. También incluso habrían intentado robar el pañal de un bebé que acompañaba a amigos y abogados de Assange para analizar sus heces y comprobar si era hijo del activista. El contenido de las grabaciones, según explica la acusación, se compartía a las autoridades estadounidenses por parte de Morales en los habituales viajes —mensuales— que hacía a Estados Unidos, en donde tendría, como centro de operaciones, el hotel de Adelson.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado ya a testificar en la causa a Julian Assange, a varios de sus abogados, a Rafael Correa y al embajador de Ecuador en Londres, entre otros. También ha acordado tomar declaración a una docena de personas afectadas por el espionaje en varios países y a Zoah Lahav, uno de los empleados del equipo de seguridad de Las Vegas Sands, a donde Morales viajaba asiduamente. “Francia, Grecia, Islandia… todos los países cooperan, menos Estados Unidos”, lamenta Aitor Martinez, uno de los abogados de Julian Assange. El juez del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional ha pedido información a la justicia estadounidense sobre las IP que han accedido desde este país al servidor de UC Global en Jerez de la Frontera, en el que la empresa guardaba las grabaciones realizadas a Assange, pero la respuesta por parte de Estados Unidos ha sido requerir información sobre las fuentes de la investigación de la Audiencia Nacional y sobre lo que Morales ha declarado ante el juez.
El juego sucio de Estados Unidos para conseguir meter a Assange entre rejas se investiga en España, pero antes de que llegue a juicio Reino Unido decidirá sobre su extradición.
