La compleja forma como llegaron las comunidades afrodescendientes e indígenas a la Mesa de Negociaciones de La Habana, Cuba, en donde delegados del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y de la guerrilla de las Farc construyeron durante cuatro años el acuerdo que le puso fin a una confrontación armada que duró más de medio siglo, pareciera ser el augurio de cómo se están implementando las salvaguardas que lograron incluir a última hora para garantizar sus derechos.
Desde que iniciaron los diálogos de paz, en noviembre de 2012, los pueblos originarios solicitaron que se creara una instancia que les permitiera incluir propuestas y velar para que los eventuales acuerdos no afectaran sus cosmovisiones ni sus reivindicaciones históricas. Sin embargo, por más llamados que hicieron, su petición sólo fue aceptada en junio de 2016, cuando ya se habían acordado cinco de los seis puntos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Al inicio de ese camino cada comunidad hizo incidencia de manera separada, pero al ver que sus necesidades y objetivos eran similares, decidieron crear la Comisión Étnica de Paz. Fue así como entre el 20 y el 21 de junio 2016, diez miembros de las comunidades negras, diez de las comunidades indígenas y dos de las comunidades Rrom, acudieron por primera vez a la Mesa de Negociaciones.
Sus esfuerzos rindieron frutos el 24 de agosto, cuando se anunció formalmente que las negociaciones habían concluido con éxito y los representantes del gobierno nacional y de las Farc firmaron el Acuerdo de Paz. Sin embargo, lo que no trascendió a la opinión pública es que, hasta instantes previos, la Comisión Étnica luchó para que se incluyeran las cuatro páginas que le dan vida al Capítulo Étnico.
Tras renegociar algunos temas luego de los resultados adversos que arrojó el plebiscito del 2 de octubre y la refrendación por parte del Congreso de la República de su nueva versión, que incluyó ajustes de quienes promovieron el No en las urnas, el 24 de noviembre de ese año, el presidente Santos y el otrora máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, más conocido como ‘Timochenko’, estamparon sus firmas.
A partir de ese momento inició la implementación de los acuerdos consignados en las 310 páginas del Acuerdo de Paz. El primer efecto que surtió fue la concentración y dejación de armas del grupo subversivo; luego creó su propio partido político, que le asegura diez curules en el Congreso hasta el año 2026.
La salida de las Farc del ajedrez del conflicto armado y del control de rentas ilícitas, sumada a la incapacidad del Estado de copar de manera integral los territorios que durante décadas dominó la guerrilla más antigua del continente, produjeron reconfiguraciones territoriales y nuevas disputas armadas, generando nuevos riesgos para las comunidades.
Producto del incumplimiento del compromiso de no repetición de la violencia, además de sufrir más victimizaciones, los pueblos afros e indígenas ven cómo se truncan los compromisos del Acuerdo de Paz sobre garantías de seguridad, desminado humanitario y reclutamiento de menores de edad.
A la postre, en medio de esa nueva espiral de violencia, el incumplimiento de fortalecer a sus guardias comunitarias (Indígena y Cimarrona), que protegen sus territorios colectivos valiéndose de la autoridad que les reconoció la Constitución Política de 1991 y ejerciendo el derecho al gobierno propio, ha sido caldo de cultivo de nuevas amenazas y asesinatos selectivos.
En cuanto al principio de consulta previa y concertación de mecanismos con sus autoridades ancestrales, este sólo se ha cumplido de manera determinante en la construcción del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Para ello, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, convocaron a las comunidades, crearon dependencias de asuntos étnicos, vincularon a miembros de diversas etnias y construyeron protocolos de procedimiento particulares.
Por el contrario, la falta de entendimiento llevó a que un alto número de resguardos indígenas y de consejos comunitarios no se vincularan al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Además, los procesos de Reforma Rural Integral y restitución de tierras no marchan en los ritmos deseados.
Pero si hay un indicador que muestra la exigua implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, es la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), que fue creada para hacerle seguimiento a la implementación de sus salvaguardas y a la fecha no cuenta con presupuesto para ejercer plenas funciones.
A continuación, presentamos un conjunto de reportajes sobre diversos puntos esenciales del Capítulo Étnico y los avances y retrocesos de su implementación en los departamentos de Cauca y Chocó, donde viven numerosas de comunidades indígenas y afros que, al igual que las del resto del país, esperan el cumplimiento de lo pactado como un camino para consolidar la esquiva paz estable y duradera.
