La queja es de Alejandro Valencia, uno de los once comisionados que busca desentrañar lo ocurrido durante cerca de 53 años de confrontación armada. El tiempo para esa tarea se acaba y las trabas institucionales dificultan el propósito de tener una explicación más profunda de lo ocurrido.
Los temores no eran infundados. Cuando el 5 de abril de 2017 se creó la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, bajo el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las Farc, diversos sectores sociales intuyeron que el acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia del sector Defensa sería una carrera de obstáculos compleja de sortear. Más de tres años después, las barreras se hicieron evidentes.
La situación quedó presente el pasado miércoles durante una rendición de cuentas de la Comisión ante el país. Las dificultades de acceso a los archivos de organismos de seguridad del Estado relacionados con violaciones a los derechos humanos fueron expuestas por el comisionado Alejandro Valencia, un experto en la materia, quien hizo parte de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala en la década del noventa.
Valencia planteó en su exposición seis obstáculos para acceder a fuentes documentales del sector Defensa: oposición ilegal de reserva de la información por parte de los organismos que custodian información reservada; falta de congruencia entre la información solicitada y la información finalmente entregada; respuestas elusivas; inobservancia de las normas de manejo de archivos; afirmación de inexistencia de información por destrucción de archivos de derechos humanos; y respuestas que retrasan la entrega de información. (Ver presentación)
Pese a que el mandato establecido en el Decreto 588 de 2017, emanado de la Presidencia de la República, fue claro al establecer que “la CEV podrá requerir de las instituciones públicas la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna”, declarado exequible, con algunas observaciones, por la Corte Constitucional en la Sentencia C-017 de 2018, la realidad es otra y así se previó desde hace más de tres años. (Leer más en: Archivos oficiales, ¿el punto débil de la Comisión de la Verdad?)
El problema es que a la Comisión sólo le quedan seis meses para recolectar la información necesaria para elaborar su informe final, previsto para finales de 2021. Para resolver las dificultades, se está pensando en acudir a instancias judiciales, un paso complejo que retrasaría el proceso de acceso a los documentos solicitados porque los tiempos de decisión son lentos.
A propósito del tema, VerdadAbierta.com conversó con el comisionado Valencia sobre las inquietudes que expuso durante la rendición de cuentas y reiteró que el acceso a los archivos es bastante precario, además de plantear la posibilidad de buscar alternativas judiciales en escenarios nacionales e internacionales para obtener los documentos solicitados.
Carrera de obstáculos
Comisionado Alejandro Valencia. Foto: oficina de prensa CEV.
VerdadAbierta.com (VA): En la rendición de cuentas de la CEV, usted afirmó que algunas entidades estatales les han negado acceso a los archivos de inteligencia. ¿Qué razones han expuesto para no entregar los documentos?
Alejandro Valencia (AV): Nos llama la atención que un sinnúmero de respuestas está en la tónica de que la información no existe o que no hay registros documentales. Y nos llama mucho la atención porque la mayoría de esa información está vinculada con hechos que son muy públicos y muy notorios, que incluso han estado documentados por los propios medios de comunicación y de los cuales hay decisiones judiciales y pronunciamientos de organismos intergubernamentales y de derechos humanos.
En general, las entidades intentan dar las respuestas formales, es decir, nunca no responden, siempre responden, pero obviamente aparece la dilación en las respuestas, que las respuestas no son precisas, o son bastante incompletas.
Yo parto de la buena fe y no quiero pensar que sean desconfianzas o resistencias, sino que, ojalá, obedezcan a otro tipo de razones.
VA: ¿Y a qué hechos de connotación hace referencia sobre la búsqueda documental en organismos de seguridad del Estado?
AV: Hemos hecho solicitudes sobre algunas masacres ocurridas hace algunas décadas, pero son masacres muy notorias, con un número muy importante de víctimas, sobre las cuales, reitero, ha habido pronunciamientos. También hemos hecho solicitudes sobre operaciones militares de cierta envergadura y que fueron de conocimiento de la opinión pública.
A uno le llama mucho la atención que pidiendo una información muy concreta y muy propia del sector Defensa, se nos diga que esos registros no existen, o que no se encuentran, o que fueron destruidos.
VA: ¿Exactamente qué está buscando la Comisión en esos archivos de inteligencia y contrainteligencia?
AV: Estamos buscando información muy vinculada con los trece puntos del tema de nuestro mandato, entonces, en ese sentido, está muy vinculada a violaciones de derechos humanos, a infracciones del derecho internacional humanitario, a hechos regionales ocurridos en determinados años, sobre ciertos sectores que han sido los más victimizados, ciertas víctimas. También sobre asuntos de doctrina.
Hemos intentado presentar una variedad importante que intente cubrir nuestras necesidades. Muchas de esas solicitudes de información están fundamentadas en demandas de los investigadores de la Comisión que están dedicados a los trece temas del mandato, entre ellos narcotráfico, despojo de tierras, paramilitarismo. Y lo hacemos teniendo en cuenta el periodo de análisis de la Comisión, que va de 1958 hasta el presente.
VA: ¿La información que esperan obtener de las entidades estatales la van a contrastar con qué otro tipo de fuentes?
AV: Hay que hacer un ejercicio de triangulación. Obviamente nuestros estándares no son judiciales, pero queremos verificar, contrastar y profundizar esta información que estamos recibiendo de otras fuentes, junto con otras fuentes secundarías y también con los testimonios que está recogiendo la Comisión, ya sea de víctimas, de responsables, de testigos, de expertos.
VA: Pese a las dificultades, ¿a qué información han accedido y qué han encontrado?
AV: Me queda muy difícil dar ejemplos, pero hay alguna información que por lo menos la podemos calificar medianamente de satisfactoria frente a algunas solicitudes. Pero, reitero, frente a otras, no ha sido así.
VA: Si hiciera un ejercicio de sacar un porcentaje de la información solicitada al sector Defensa y de Justicia, y a la que le han dado acceso, ¿de qué cifra se pudiera hablar?
AV: Yo no quiero lanzar un porcentaje, pero sí la puedo calificar de precaria.
VA: En la Ley 1621 de 2013 se creó la Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, con el propósito de producir un informe confidencial con recomendaciones a la Presidencia de la República que expusiera criterios de permanencia, retiro y destino de los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia. ¿La Comisión conoce ese informe?
AV: Conocemos un documento más macro, pero los documentos de soporte no, no hemos tenido acceso. Yo creo que parte de estas dificultades obedecen al trasegar de que tuvo esa comisión y al destino que tuvieron también las recomendaciones, que hasta donde tengo entendido no fueron lo suficientemente implementadas.
¿Por resolución judicial?
La búsqueda de documentos estatales sobre violaciones a derechos humanos, una tarea compleja para la CEV. Foto: Juan Diego Restrepo E.
VA: ¿Qué acciones puede emprender la CEV para acceder a los archivos de inteligencia y contrainteligencia del sector Defensa?
AV: Hemos puesto en conocimiento del tema a la Procuraduría General de la Nación. Y estamos evaluando tal vez otros escenarios de otra índole: escenarios judiciales, escenarios políticos, escenarios internacionales, para posicionar el tema y, por lo menos, señalar que la Comisión está haciendo todos los esfuerzos para utilizar esas facultades que nos da la normatividad que nos creó.
VA: Cuando usted habla de escenarios judiciales, significa que podrían interponer tutelas, demandas…
AV: Si, efectivamente, serían básicamente unos recursos de insistencia, unos recursos de tutela. Es lo que estamos evaluando.
VA: ¿Han avanzado en alguna acción judicial?
AV: El mensaje de instaurar una acción judicial no es lo mejor, por eso hasta el momento hemos intentado tener un discurso muy pedagógico, también como muy político, para exponer que esa es nuestra tarea, tenemos que cumplirla y buscamos una colaboración mucho más eficaz. Porque sabemos lo que implica una acción judicial, uno no sabe si se la adjudican o no la adjudican, es decir, todo el debate que entraña eso. Por nuestra naturaleza extrajudicial, no queremos llegar allá.
VA: Usted ha trabajado en otros países en comisiones de la verdad. ¿Enfrentó las mismas tensiones con organismos de seguridad del Estado que hoy enfrenta en Colombia?
AV: Sí, es totalmente recurrente, esto no es nuevo. Fui encargado de este tema en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala y ahí le puedo decir que la colaboración fue menos eficaz. Esa comisión no tenía tantas facultades, como las que tenemos en Colombia, pero obviamente es un contexto político muy distinto.
Por lo menos pensaría que en Colombia debería haber, no solo por las facultades que tiene la Comisión, sino por el propio contexto, donde se ha creado un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, un acceso más oportuno, más real.
Otras fuentes
Los expedientes judiciales en Colombia no han sido sistematizados ni digitalizados, lo que dificulta la búsqueda. Foto: Juan Diego Restrepo E.
VA: Un cúmulo de información histórica sobre violaciones a los derechos humanos está en los expedientes judiciales. ¿Cómo ha sido la búsqueda de la Comisión en ese sentido y qué respuesta han dado los jueces?
AV: Ese tema tampoco ha sido fácil, sobre todo porque nos encontramos con que muchos de esos archivos no están organizados, no están digitalizados, no están sistematizados, y con el tema de la pandemia la situación se complicó aún más por las dificultades del acceso directo. Ha sido muy difícil, incluso hasta ubicar los mismos expedientes.
Hemos querido hacer unas solicitudes muy precisas sobre algunas piezas procesales, porque hay algunos expedientes que tienen muchas carpetas, y son enormes, y ahí uno puede naufragar y ahogarse.
El nivel de respuesta ha sido bastante lento y ahí tenemos, todavía, muchas cosas pendientes. Algunas autoridades nos deben algunas respuestas, dicen que están buscando el expediente. Y uno realmente se preocupa.
Sabemos que estamos pidiendo expedientes e información de hace varias décadas, pero, reitero, son expedientes de hechos importantes, relevantes, que para la Comisión fueron graves o que ameritan, por lo menos, una mirada, y pues no ha sido nada fácil.
VA: ¿Y qué tipo de expedientes están buscando?
AV: Por ejemplo, hemos estado buscando alguna información muy vinculada con el gobierno del presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982). Estamos hablando de cuarenta años atrás, y ubicar esa información no es fácil, pero, reitero, hay demoras.
Hemos encontrado que hay una mejor digitalización de archivos a partir de este siglo; hay una mejor organización de archivos a partir de la Constitución de 1991; pero para atrás, podríamos decir que la situación resulta caótica en cuanto a la búsqueda de información en archivos judiciales.
VA: Los expedientes de los tribunales de Justicia y Paz, que juzgan a los paramilitares, también cuenta con información valiosa para reconstruir la guerra en Colombia. ¿Han tenido acceso a los expedientes?
AV: Ahí ha habido más facilidades porque son más recientes, hay una mayor sistematización. La información que hemos solicitado es más precisa, por tanto, el nivel de respuesta ha sido mejor.
VA: En este ejercicio de memoria documental, ¿los excomandantes de las Farc han contribuido a la verdad entregando sus archivos documentales de 53 años de insurgencia armada?
AV: Hemos tenido acceso a documentos de manera más puntual, más específica; ellos nos han entregado alguna documentación, pero nosotros, de verdad, esperaríamos mucho más. Hace algún tiempo hicimos una solicitud más general, y esperaríamos una entrega mucha amplia y sustantiva.
Los efectos
El sacerdote jesuita Francisco de Roux, presidente de la CEV, lidera el proceso de esclarecimiento de la verdad en Colombia. Foto: oficina de prensa CEV.
VA: Sin archivos documentales relacionados a violaciones a los derechos humanos, ¿qué impacto tendría en el contenido del informe final de la CEV?
AV: A uno si le preocupa porque cuando estamos hablando de entidades del sector Defensa, a veces la verdad, lo que yo a veces denomino la verdad de los combatientes, todavía sigue siendo una asignatura pendiente.
Aspiraría que esa verdad se construya no solo con el relato de las víctimas, no solo con el relato de algunos responsables, sino que uno pueda, precisamente, verificar y contrastar información documental, que es muy valiosa. Pero sin ella, será un tema pendiente.
VA: A la Comisión se le acaba el tiempo. ¿Qué se hará al respecto?
AV: Nos quedan tan solo 14 meses finalizar este trabajo, por eso requerimos un apoyo irrestricto de las diferentes instituciones, sobre todo del Estado, para garantizar el mandato de la Comisión. Y en términos prácticos nos queda un escaso semestre para recibir información, verificar, contrastar y, eventualmente, profundizar. Ya no nos queda más tiempo.
En el informe final vamos a dedicar por lo menos un apartado a mostrar de manera mucho más detallada las dificultades, incluso, vamos a mirar algunos casos concretos frente a las dificultades de acceso a la información para señalar que la Comisión hizo todo lo posible para obtener la información y que, desafortunadamente, no se logró.
VA: Es una decisión que se tomó en el informé final de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala.
AV: Si, incluso en el informe, en sus anexos, trae las solicitudes y las respuestas que dieron. Creo que a nosotros, con algunos ejemplos, nos va a tocar hacer, prácticamente, lo mismo.
