“No es la primera vez que algunos miembros de la Policía Nacional hacen uso desmedido de la fuerza y de sus armas de dotación” dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López 

Por: Stephania Aldana Cabas

En las protestas realizadas los días 9, 10 y 11 de septiembre en Bogotá y Soacha, municipio aledaño a la capital de Colombia, murieron 14 personas y 178 más resultaron heridas. Los hechos se presentaron tras la muerte de Javier Ordoñez, un abogado de 42 años que fue golpeado y torturado brutalmente tras un mal procedimiento policial. 

Ante estos hechos presentados durante la semana, la Alcaldesa de Bogotá Claudia López, tomó la decisión de realizar el pasado domingo 13 de septiembre, un acto simbólico para pedir perdón a los familiares de las víctimas, debido a la responsabilidad institucional por parte de la Policía Nacional, en la muerte de las 14 personas, en su mayoría jóvenes entre 17 y 27 años. Al acto fue invitado el Presidente Iván Duque, pero finalmente no asistió, argumentando inconvenientes de agenda por compromisos previamente adquiridos. A pesar de que dijo haber avisado a través de sus colaboradores su inasistencia al acto oficial, una silla vacía marcada con su nombre permaneció durante el evento en el escenario, asunto que fue criticado duramente en redes sociales, tanto por quienes pensaron que fue un acto de oportunismo político y por quienes piensan que la ausencia de Duque Márquez, es muestra de su indiferencia.

Durante su discurso, López pidió perdón a los familiares y allegados de las personas fallecidas y, agregó que “pese a todas las instrucciones [dadas] no se pudo evitar esta tragedia. [Por ello] se requiere un proceso de reforma, reconocimiento y mejora institucional [de la Policía Nacional]”. Además, la mandataria de la capital colombiana, reiteró lo que había pedido en las diferentes intervenciones que hizo durante la semana; que la Policía sea convertida a un organismo civil, sin operación ni fuero militar.

Durante los tres días en que la ciudadanía de la capital colombiana y de Soacha salió a las calles a protestar por la violencia policial, los agentes de la Policía Nacional, violaron los protocolos para el uso de su arma de dotación, pues dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes, vecinos del lugar y transeúntes, que se movilizaban por el lugar en que ocurrieron los hechos.

Duque respaldó a la Policía Nacional

El Presidente Duque, tras haberse excusado para no asistir al acto del día domingo, visitó la noche del martes 15 de septiembre, los Comandos de Acción Inmediata -CAI [1] que fueron prácticamente destruidos por manifestantes. Estuvo en los barrios Castillas, Ferias y las estaciones de Policía de Kennedy y la Metropolitana de Bogotá. Allí, el mandatario expresó públicamente a los uniformados que “tienen el apoyo de su gobierno, ya que ellos cumplen con su deber”.  Mientras tanto, los familiares de las víctimas, aún esperan que Duque entregue explicaciones de lo sucedido durante las protestas donde resultaron muertos o heridos sus seres queridos.

Por su parte, el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ante las pruebas entregadas por la alcaldesa al Presidente de la República, Iván Duque, y la reiterada petición de reformar la Policía, indicó que “la Policía Nacional seguirá adscrita al Ministerio de Defensa y serán investigados los agentes de Policía que estuvieron comprometidos en los hechos en los cuales fallecieron los ciudadanos ” y, de esta manera, rechazó de plano la reforma propuesta por la alcaldesa.

La Procuraduría General de la Nación, abrió investigación, con el fin de establecer e individualizar las faltas disciplinarias de los miembros de la Policía, adscritos al cuadrante 47 del CAI de Villa Luz, en Bogotá. Adicional a eso, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dio la instrucción al Fiscal encargado de la Unidad de Vida, Seccional Bogotá, para dar celeridad al proceso de investigación en la muerte de Javier Ordoñez. 

No es la primera vez

No es el primer caso en que el abuso de la fuerza pública conlleva la muerte de un ciudadano. Dilan Cruz, un joven de 17 años, murió como consecuencia de un disparo por parte de una agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), durante las protestas del 25 noviembre de 2019, en el marco del Paro Nacional. El policía disparó un cartucho tipo “bean bang” con una escopeta calibre 12 que terminó impactando la cabeza del estudiante, ocasionándole un trauma craneoencefálico, que terminó con la vida del joven Cruz en las calles de Bogotá. No obstante, los hechos al rededor de lo ocurrido, siguen siendo materia de investigación y aún no han sido esclarecido por la Justicia Penal Militar y el caso sigue en la impunidad. Según versiones de prensa, el agente involucrado fue puesto en labores administrativas.

Un segundo caso, entre los que han sido reportados, es el de Diego Felipe Becerra, un joven grafitero que falleció la noche del 19 de agosto de 2011, también en Bogotá, esta vez por parte del patrullero de la policía, Wilmar Alarcón, quien disparó contra el menor de edad. El joven,  que minutos antes de la llegada del patrullero estaba pintando una pared, corrió al ver que se acercaba un policía y, este último, desenfundó su arma y disparó al adolescente. 

Al ser informado el Coronel José Javier Vivas de un cruce de disparos en el que un menor fue herido, se dirigió al lugar donde estaban el subteniente Nelson Tovar y el patrullero Fredy Navarrete. Allí, al ver la angustia del patrullero, sugirieron implantar un arma para hacer pasar el crimen como un acto en defensa propia. Este homicidio fue catalogado el 11 de junio de 2013 por el Fiscal General del momento, Eduardo Montealegre, como “un falso positivo de la Policía Nacional”. Tras ser dilatado el proceso, en mayo de 2016, los miembros de la fuerza pública que estaban involucrados, quedaron en libertad.

El caso no quedará en la justicia colombiana

La comisión segunda del Senado se reunió el jueves 17 de septiembre, para tratar el abuso policial y por el uso de las armas en medio de una protesta, en contra de las 14 víctimas mortales de las movilizaciones de la semana anterior. En plenaria, los congresistas de oposición indicaron que están recolectando las pruebas para presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos y aseguraron que el Ministro, Holmes Trujillo, actuó como cómplice, al excusar el crimen cometido por la Policía Nacional y no efectuar ningún tipo de control y regulación a esta institución.

Finalmente, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Érika Guevara Rosas, condenó los actos de tortura y uso excesivo de la fuerza pública y, además, lamentó que el Ministro de Defensa, “considere el clamor de la población por justicia y por una Policía que respete los derechos humanos como un acto de vandalismo. La estigmatización [que él hace] solo incita aún más las violaciones de derechos humanos por parte de la Policía en contra de los manifestantes”, afirmó la funcionaria al portal de esta entidad.

Notas

[1] CAI. Son unidades policiales con una jurisdicción menor, estratégicamente ubicada en los perímetros urbanos de los municipios, localidades o comunas, permitiendo una vigilancia específica de los sectores asignados con una adecuada capacidad de respuesta. – Tomado de la Policía Nacional de Colombia