A una década de la condena internacional del Estado mexicano, la reparación integral de las víctimas sigue siendo una deuda pendiente en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
por Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan
Este 30 y 31 de agosto se cumplen 10 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció a México por la tortura sexual de la que fueron víctimas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, a manos de Ejército mexicano en el 2002. En dichos fallos, el tribunal interamericano determinó que ambas mujeres habían sido objeto de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército y de autoridades estatales y federales en el estado de Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que denominó “violencia institucional castrense”.
A una década de estas paradigmáticas sentencias que han marcado un precedente para toda América Latina, sigue pendiente el cumplimiento de varios puntos fundamentales para el acceso a la justicia de las sobrevivientes, como las investigaciones y sanciones de todos los responsables. Si bien en junio de 2018, la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia histórica en contra de dos elementos del Ejército mexicano para el caso de Valentina Rosendo Cantú, −en la cual se reconoce por primera ocasión en México el concepto de tortura sexual−, este fallo ha sido apelado, por lo que la sentencia aún podría revertirse. Cabe resaltar que en el caso de la señora Inés Fernández Ortega el proceso contra los responsables se ha visto retrasado, por lo que no existe una sentencia en su contra. De igual forma, la investigación contra los servidores públicos que les negaron la atención a Inés y Valentina en 2002 no ha registrado avances sustanciales, por lo que, a la fecha, no existe una formal determinación de sus responsabilidades.
Otra de las medidas de reparación que no han sido implementadas es la relativa a la creación del Centro Comunitario y Albergue para Niñas y Niños en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Si bien sus instalaciones fueron terminadas en 2016, desde esa época no se ha podido concretar un modelo de operación incluyente de la cosmovisión, usos, costumbres y bajo responsabilidad y gestión de las mujeres Me’phaa de la comunidad, para atender la situación de violencia de género que se vive en sus comunidades, lo que podría complicarse aún más con los recortes presupuestales promovidos por el Estado ante la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.
Además del evidente retraso en el cumplimiento de las sentencias, es motivo de especial de preocupación la militarización de la seguridad pública mediante el despliegue de la Guardia Nacional a la cual se le han ampliado sus funciones indiscriminadamente, en contravención de los estándares internacionales sobre la actuación de las fuerzas armadas y el uso del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos, como destacó la Corte IDH en ambas sentencias. Ejemplos como el video de las ejecuciones forzadas en Tamaulipas a manos de miembros del Ejército mexicano que fue revelado en esta semana, reiteran el peligro de que el ejército se encuentre en las calles.
A más de 18 años de la tortura sexual a la que sobrevivieron Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, la situación de las mujeres en el Estado de Guerrero no ha cambiado. Las mujeres indígenas continúan enfrentándose a la discriminación y el olvidó de las autoridades, los feminicidios y las desapariciones. Aunque desde 2017 se cuenta con una Alerta de Violencia de Género decretada en 8 de los principales municipios y una segunda por Agravio Comparado, las autoridades siguen sin realizar las acciones necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres a nivel nacional.
En el marco del décimo aniversario de las sentencias exigimos el pleno cumplimiento de cada una de las medidas ordenadas en las sentencias dictadas por la Corte IDH. Además, que el Estado mexicano tome las medidas necesarias para atender de manera debida las Alertas por Violencia de Género decretadas en las entidades. Finalmente, hacemos un llamado para que se pongan controles civiles efectivos a la actuación de la Guardia Nacional y se restrinja la actuación de las fuerzas armadas de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado mexicano para que hechos como los que generaron estas decisiones no se repitan.
