La última década en Honduras ha sido caracterizada por la represión y la violación sistemática de los derechos fundamentales de personas y organizaciones que luchan contra un modelo político y económico que pone a la venta el país, privatiza servicios básicos, precariza el trabajo, acapara tierras, saquea bienes comunes, militariza territorios y expulsa pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

Después del golpe y durante la rectoría de Julieta Castellanos (2009-2017), las y los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emprendieron una larga y tenaz lucha en defensa de la autonomía universitaria y de una educación superior pública, gratuita y de calidad.

Ante la actitud represiva de Castellanos, punta de lanza de los gobiernos continuadores del golpe contra las demandas del movimiento estudiantil, las y los jóvenes intensificaron las movilizaciones y multiplicaron las tomas pacíficas de recintos universitarios en todo el país.

La demanda de democratización interna y la defensa de la educación pública tuvieron como respuesta la criminalización del movimiento. Al menos 200 estudiantes sufrieron diferentes tipos de persecución. Muchos de ellos y ellas fueron perseguidos judicialmente, unos fueron suspendidos y expulsados, otros tuvieron que abandonar el país.

Aún más violenta, y con señales evidentes de ensañamiento, fue la arremetida contra trabajadoras y trabajadores organizados sindicalmente  en la UNAH. Además de sufrir acoso sistemático y ser despedidos ilegalmente, fueron víctimas de asesinato y desaparición forzada, como es el caso de los dirigentes sindicales Donatilo Jiménez Euceda y Héctor Martínez Motiño.

Criminalización     

Es en este contexto de agresión persistente al movimiento estudiantil que comienza la odisea de Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla, quienes en julio de 2015 fueron acusados de detentación ilegal de bienes públicos en perjuicio de la UNAH.

“Desde 2010 veníamos exigiendo que se diera paso a procesos de democratización en los órganos de gobierno universitario, y que se permitiera organizar un órgano autónomo de gobierno estudiantil. A la par, nos enfrentábamos a la puesta en vigencia de un paquete de normas académicas que afectaba negativamente al estudiantado”, recuerda Cesario Padilla, quien actualmente se desempeña como periodista y defensor de derechos humanos.

Asambleas y protestas se concentraron principalmente en los recintos universitarios de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Comenzó una cacería que llevó a la expulsión de decenas de estudiantes, entre ellos Cáceres, Ulloa y Padilla. Un recurso interpuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia permitió su reintegración, marcando un primer revés para las autoridades.

El 2015 marcó un repunte en la lucha estudiantil, con tomas de las instalaciones universitarias en Tegucigalpa, San Pedro Sula y en diferentes centros regionales. Luego de solicitar y ejecutar el desalojo forzoso de los recintos, la campaña de odio de las autoridades universitarias, encabezadas por Julieta Castellanos, se dirigió hacia aquellas personas que habían sido expulsadas el año anterior.

“Fue algo totalmente discrecional. La rectora usó los medios de comunicación de la misma universidad para acrecentar su figura y difundir el odio contra quienes estábamos protestando. Para evitar ser identificados y criminalizados, las y los estudiantes comenzaron a hacer uso de las capuchas. En julio, Moisés, Sergio y yo fuimos demandados sin ninguna prueba”, recuerda el joven.

Solidaridad

La reacción de varias organizaciones de derechos humanos fue inmediata, tanto para denunciar lo que estaba pasando como para brindar apoyo legal a las víctimas de la campaña de odio. Mientras tanto, el movimiento estudiantil continuaba su lucha.

En 2016 arreciaron las protestas. En junio de ese mismo año, las autoridades de la UNAH demandaron a decenas de estudiantes. Moisés, Sergio y Cesario fueron nuevamente requeridos judicialmente.

“Durante la rectoría de Castellanos, los procesos penales fueron la herramienta privilegiada para frenar la protesta social. Era tanto el odio contra el movimiento estudiantil fortalecido que hasta se emitieron orden de captura. Y derramó ese mismo odio sobre aquellas organizaciones de derechos humanos que acompañaron a las y los estudiantes.

Finalmente se logró sentar a las autoridades universitarias a una mesa de diálogo, obligándolas a reconocer al movimiento como interlocutor y a firmar un pliego de peticiones. Todos fuimos sobreseídos”, dijo Cesario Padilla.

Para los tres dirigentes estudiantiles se trataba de una victoria parcial. El juicio iniciado en 2015 duró dos años. Las autoridades de la UNAH, el Ministerio público y la Procuraduría general solicitaron una pena máxima de tres años de prisión y penas accesorias.

El 7 de junio de 2017, la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia emitió una condena por el delito de detentación ilegal de bienes públicos en perjuicio de la UNAH. Sin embargo, la individualización de la pena, que debió ser presentada por escrito en los días sucesivos a la sentencia, fue retrasada durante casi dos años y medio.

Campaña para intimidar

Fue hasta el 1 de septiembre de 2020 que los apoderados legales de Moisés, Sergio y Cesario se enteraron de la existencia de una sentencia condenatoria, firmada en octubre del año pasado por la jueza Enilda Geraldina Mejía.

En la sentencia, la jueza los condena a tres años de reclusión, a la inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro de la prisión. Finalmente se declaró responsabilidad civil de los condenados.

Pese a que la noticia ya se hizo pública, al momento de escribir esta nota (7/9) la sentencia aún no ha sido notificada a los defensores de los tres ex dirigentes estudiantiles.

“Eso muestra todo el carácter de una sentencia política divulgada públicamente para amedrentar e intimidar la protesta social, la defensoría de derechos y la libertad de expresión, en un contexto de profundización del irrespeto a las libertades civiles en Honduras”, señala en una nota el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

Pase lo que pase -asegura C-Libre- Moisés, Sergio y Cesario no irán a la cárcel en cuanto, de acuerdo a la fecha de la sentencia, “los tres años de reclusión ya fueron superados por el tiempo en el que se impusieron las medidas cautelares, durante el cual el Estado se ensañó arbitrariamente contra los dirigentes estudiantiles causando daños emocionales, morales, restricciones laborales y educativas irreparables”.

En cuanto se notifique la sentencia, el equipo legal presentará un recurso de casación para pedir la nulidad de todo el proceso penal.

“No me arrepentimiento”

“Hemos vivido cinco años teniendo país por cárcel. Hemos perdido un sinnúmero de oportunidades de estudio, formación y trabajo. Mi culpa fue haber aportado al movimiento estudiantil y haber apoyado las demandas justas de docentes y personal organizado de la UNAH.

También soy culpable de ser hijo de mi padre, Félix Cesario Padilla, poeta y periodista, catedrático universitario y sindicalista, sobreviviente de desaparición forzada, quien trabajó durante 35 años en la UNAH y nunca ocultó sus críticas hacia Julieta Castellanos y su campaña de persecución y criminalización”, dijo Cesario Padilla.

-¿Te arrepientes de algo?

– La única cosa de la que podría arrepentirme es de no haber entrado antes a la universidad, porque hubiese tenido un año más para seguir dándole duro al poder, junto a una generación bellísima de compañeros y compañeras.

La lucha estudiantil fue mi escuela de periodismo, de vida y, por supuesto, de lucha. A pesar de todo lo que me ha tocado vivir y sufrir junto a mi familia, el dolor se ha convertido en fuerza y compromiso. Quisieron silenciarme y maniatarme. No pudieron, ni podrán.