El país atraviesa una crisis multidimensional: política, social, económica y sanitaria, bajo un estado terrorista que administra la pandemia con el fin de eliminar al “enemigo interno” provocando un genocidio indígena. Lo que se evidencia en el índice de letalidad que es la proporción de muertes dentro de la población con Covid-19. El país tiene el 5,8 % de letalidad, el segundo más alto de la región y supera al promedio mundial de 3,2%, según cifras oficiales. Lo alarmante es que Bolivia tiene 11 millones de habitantes y casi triplica el índice de Argentina de 2% con 44 millones de habitantes.
La estrategia golpista se realiza a través de una guerra política por la vía judicial (Lawfare) en conjunto con una guerra mediática contra los dirigentes criminalizándolos y demonizándolos. El discurso racista de supremacía blanca adscribe adjetivos negativos cosificando a la población originaria legitimando la violación de sus DD.HH. El fin es reinstaurar un apartheid indígena que funcionaba hasta mediados del siglo XX, y prosiguió de forma solapada hasta el 2010 al refundarse Bolivia como Estado Plurinacional.
La llegada del croata Branco Marinkovich como ministro es un hito, por primera vez en 194 años de creación de Bolivia como estado-nación, los separatistas llegan al gobierno, con un proyecto de balcanizar el país.
Bolivia, modelo para armar en América Latina
Estados Unidos con el fin de recuperar su hegemonía desplazada por China como potencia económica, intenta recuperar su “patio trasero” (Doctrina Monroe, 1823), recolonizar y controlar una región rica en recursos naturales. Bolivia es una joya para EUA, como lo fue su oro y su plata para Europa durante la colonia, posee el 60% de la reserva mundial de litio y acapara el 45% de la biodiversidad del mundo. Su litio útil para fabricar elementos de uso masivo como las baterías de los celulares, autos eléctricos, etc., puede proyectar a cualquier país como potencia.
A nivel regional, el golpe en Bolivia sienta las bases de un modelo aplicable en otros países, que se inició y empezó a moldear con el golpe “blando” en Honduras, siguió en Paraguay, Brasil y con un golpe violento en Bolivia adquiere las características más radicales y fascistas de la región. Sin olvidar que en Venezuela y en Nicaragua los golpes no tuvieron éxito.
La repercusión de un golpe violento es visible en la región por medio de un envalentonamiento de las más conservadoras derechas que profundiza la violencia. Se empuja a la población a un callejón sin otra salida que la insurrección y/o la guerra civil al obturar las vías democráticas, legales y pacíficas para disputar el gobierno como en el caso de Colombia y Bolivia.
En Bolivia se juega la batalla originaria madre que no puede ser comprendida solo en la contemporaneidad de la historia, sino en el marco de una batalla cultural de 528 años que los pueblos originarios prosiguen por generaciones. La elección del 18 de Octubre, reconfigurará a la región obturando o abriendo una vía para proyectos de liberación nacional, de patria grande y de construcción de democracias participativas. Anticipara los posibles escenarios electorales de otros países, principalmente en Venezuela y Argentina donde el ex presidente Eduardo Duhalde sostuvo que “no habrá elecciones”.
La utilización de métodos ensayados en Bolivia durante el golpe cruzó un límite peligroso en Argentina que quedó aislada y está lejos de Venezuela, Nicaragua y México, pero que ayudan al equilibrio de fuerzas. La imagen de la policía rodeando la residencia de Olivos en plena pandemia, es un hecho amenazante dentro una cadena de acciones desestabilizadoras. Lo que no puede ser comprendido fuera de un plan regional coordinado de avanzada derechista que tiene a Bolivia en el centro de operaciones. La policía allí empezó con el mismo reclamo “apolítico” de “aumento de salarial” que desencadenó un golpe con el pedido del jefe de las FF.AA. de la renuncia de Evo Morales.
Con respecto al ejército argentino, no es para subestimar el homenaje vía Twitter a dos militares muertos durante la dictadura militar que fue rechazado por los organismos de DD.HH. Por otro lado, un dato a tener presente es que el abogado de los policías Gabriel Juricich fue representante legal de la Federación Bolivia de Argentina y está ligado a la derecha boliviana del país.
Estos sucesos se dan en un contexto de escrache a la casa de la vicepresidenta, de amenaza telefónica de muerte al presidente de la cámara de diputados, de denuncia de la diputada Sagasti de que desde cuentas falsas se publicó teléfonos y direcciones de senadores que defienden la reforma judicial, de protesta policial frente a la casa del gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Acciones con similares características ocurrieron previas al golpe en Bolivia.
La columna de Macri en La Nación sigue la línea golpista de Áñez de fungirse como “defensor de la democracia” y acusar de no “respetar la constitución” a Alberto Fernández deslizando ser un “dictador”. Mientras los medios operan para imponer ese sentido común. Luego del golpe en Bolivia, nada está asegurado, hay que tener en cuenta que un golpe blando o violento siempre se hace invocando la “defensa de la democracia”, y aún en golpes violentos como en Bolivia el que asume la presidencia es un civil, es improbable que sea un militar, esto demuestra que la batalla radica en el campo comunicacional.
Con respecto a Venezuela, el 19 de agosto, Samuel Moncada embajador de Venezuela denunció ante la O.N.U., que “Trump y sus secuaces usan la pandemia como arma de exterminio” con el fin de crear caos social y que EUA pueda invadir el país antes de sus elecciones de noviembre. El régimen en Bolivia llevará a cabo elecciones en octubre con un plan de “fraude”, que podría crear el momento óptimo para una intervención en Venezuela, que anticipa ese horizonte para Bolivia, sobre todo luego de medir fuerzas pos bloqueos.
En Ecuador la proscripción en simultáneo del ex presidente Rafael Correa como candidato a la vicepresidencia y en Bolivia de Evo Morales como senador, revelan una coordinación de la derecha regional, y recuerdan la de Lula en Brasil del 2018, que allanó la victoria de Jair Bolsonaro. Por otro lado, en Colombia el asesinato del abogado defensor de DD.HH. Javier Ordoñez en una represión brutal, catalizó el cansancio del pueblo ante un presidente sostenido con violencia. Los bloqueos en Bolivia, también revelaron ese cansancio del pueblo que estuvo a una chispa de una insurrección popular sin precedentes desde el regreso de la democracia al país. Este cansancio puede irradiarse en la región ante el cierre tramposo (fraude, proscripción, etc.) de las vías para disputar el gobierno mediante la política, dejando la insurrección pacifica o violenta como salida.
Las organizaciones sociales y las democracias participativas
La ofensiva imperial restauradora a nivel continental cruzó un límite con el fin de frenar una avanzada de gobiernos populares con una fuerte intervención del estado. Lo único que puede enfrentar al poder fáctico es el poder popular que rompa con el techo de las democracias representativas, verticalistas, paternalistas que han llegado a su límite y solo favorecen a mantener el statu quo. Los bloqueos en Bolivia revelaron la crisis de este modelo, que hace un tiempo se planteó a nivel mundial, y que atraviesan las organizaciones indígenas. En esta línea fue desplazado por ejemplo, como candidato a senador por Potosí el ex canciller y precandidato del MAS, Diego Pary, luego de hacerse público su vínculo laboral con la vicepresidencia y entró en su lugar el dirigente Hilarión Mamani.
En el seno de estas organizaciones está el germen revolucionario de la democracia participativa, horizontal, protagonista, activa desde las bases, que no se logró en 14 años y fue un punto débil determinante en el golpe. Esta apuesta es la única opción para resistir una dictadura y recuperar la democracia, se necesita de dirigentes y candidatos legítimos, no puestos a dedo restando votos, obstaculizando el empoderamiento, la unidad, la organización, la fortaleza social y la autonomía en las decisiones para construir poder popular.
