Por Ana Gabriela Molina Meneses
El viernes, 18 de septiembre 2020, la Corte Constitucional resolvió que se lleve a cabo una consulta popular de cinco preguntas para que los ciudadanos de Cuenca decidan si aprueban o no la minería en cincos zonas, consideradas de recargas hídricas en Cuenca. Esperan que el 7 de febrero los ciudadanos de cuenca sean consultados sobre la protección del agua.
Paola Granizo, integrante del Colectivo Yasunidos Guapondelig, afirma que el dictamen de la corte constituye una victoria. Explica que los proyectos mineros ponen en peligro el ambiente y las comunidades. En el caso de Cuenca, debido a que esta actividad se realiza en las zonas altas de las cuencas hidrográficas, lugares de donde proviene el agua, peligra la vigencia de este recurso para sus habitantes.
La activista afirma que, en la ciudad, el 20% de su superficie esta concesionada a megaminería. Sin tomar en cuenta las bondades de conservr estos recursos sin ser explotados como son los reservorios de carbonos, fuentes de recarga hídrica, y siendo estos páramos los lugares donde surgen los cuatro ríos que recorren la provincia.
Aclaran los activistas que estos proyectos mineros en Cuenca todavía no han sido ejecutados. Los más grandes son: el del Río Blanco, en la parroquia de Molleturo en Azuay, concesionado a la empresa minera Ecuagoldmining; el segundo proyecto minero se encuentra en la localidad de Quimsacocha, concesionado a la empresa canadiense INV Metals. Los dos proyectos afectarían a los recursos hídricos del Azuay y repercutirían en la biodiversidad de la provincia, que cuenta con áreas protegidas importantes como el Parque Nacional Cajas, el cual alberga diversidad de flora y fauna, además de valles y gran cantidad de lagunas. Este parque lo conforma el Área Nacional de Quimsacocha, de la cual 3212 hectáreas fueron recuperadas de las concesiones mineras por el Ministerio del Ambiente, de las 12000 hectáreas entregadas a estas empresas.
Las diversas comunidades se resisten a las concesiones mineras que ponen en peligro la vida, la conservación de los recursos hídricos y la biodiversidad. Por ello, esta petición a la Corte Nacional ha sido realizada en conjunto con varias instituciones públicas, civiles, comunidades y organizaciones de la sociedad civil. El municipio de Cuenca ha tenido gran protagonismo en esta defensa de las fuentes hídricas. Javier Barrera, miembro de la comisión del ambiente y representante de la Alcaldía de Cuenca, refiere que esta lucha es histórica, y que es necesaria porque se necesita garantizar la calidad y cantidad del agua de Cuenca.
Esta consulta surge de la ciudadanía y ha sido un trabajo colaborativo de organizaciones ambientales, catedráticos, entre otros, para la elaboración de informes y expedientes técnicos que han favorecido la decisión de la Corte. Este trabajo conjunto ha permitido un hito histórico en la protección de fuentes hídricas, un derecho que debe ser obligatorio e inmediato.
David Fajardo, integrante del Cabildo Popular por el agua de Cuenca, considera que la decisión de la Corte ha marcado un precedente y que, el proceso realizado debe ser tomado como referente por otros territorios para la defensa integral de las fuentes hídricas de todo el país. Para llegar a este dictamen habían realizado otros intentos que fueron fallidos. Para Carlos Castro, también del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, la consulta popular es el resumen de todas las luchas sociales y ambientales. Es un llamado a que se impongan los derechos de los pueblos y las nacionalidades, que estos tengan la capacidad de decidir. Para Castro, las concesiones mineras las considera como amenazas reales, que atentan a la condición del agua y los individuos. Explica que están dispuestos a defender el derecho a la vida, a un ambiente sano, que se garantice una buena condición de vida para los habitantes en el futuro. Si no se respeta estas fuentes hídricas, Cuenca tendría problemas de afluencia de agua. Por tanto, esta consulta es un tema de vida o muerte.
