Por: Zenaida Espinosa
Bogotá tiene derecho a 18 representantes a la Cámara, mientra que sumando al Chocó, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés, Casanare, Arauca y Meta, prácticamente son los mismos representantes a la Cámara que Bogotá. Es decir, 8 departamentos, que representan geográficamente más de la mitad del país, tiene los mismos representantes que Bogotá.
El pasado 5 de septiembre, a través de un Facebook live de la Fundación Cultural Entre Líneas, Aríel Ávila, politólogo y periodista colombiano, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, conversó con Pablo Malpica y Melisa Obando, para presentar su más reciente libro: Por qué los Matan, publicado por Editorial Planeta.
Ávila es reconocido por sus numerosas publicaciones, producto de investigaciones en temas de conflictos armados internos, así como en seguridad urbana. De hecho, el año anterior, publicó su libro: Detrás de la Guerra en Colombia, una investigación de seis años sobre lo que ha sido el conflicto armado en Colombia.
Sobre su más reciente publicación, el autor comentó que después de Detrás de la Guerra su intención era escribir sobre democracia, pero que en búsqueda de información se encontró con el relato sobre una lideresa social asesinada en 2009 y su historia, que inició desde niña siendo desplazada y a quien, posteriormente, asesinaron a su familia. Finalmente, ella fue asesinada en 2011 en la ciudad de Medellín, después de múltiples hostigamientos de grupos paramilitares; se trata de la líder Ana Fabricia Córdoba, a quien le dedica su libro. Así que, esta investigación, es el resultado de un análisis profundo del banco de datos de la Defensoría del Pueblo, de la ONG Somos Defensores y de Naciones Unidas, además de entrevistas y análisis de decenas de informes oficiales y de organizaciones sociales.
Ver: Ana Fabricia Córdoba (Publicación de El Retorno)
A lo largo de su libro, más allá de contar los muertos o las historias de vida, buscó clarificar qué son los líderes sociales, quién los mata y por qué razones; qué pasa en las zonas donde matan a los líderes sociales. El autor parte de enunciar las tres grandes definiciones de líder socia:
- La de Naciones Unidas. Es un concepto amplio que habla sobre defensores y defensoras de DDHH, persona que ejerce un liderazgo colectivo por la reclamación de un derecho.
- La del Sistema Interamericano de DDHH; una definición amplia categorizando cómo líderes y lideresas comunales, comunitarias, indígenas, afrodescendientes, defensoras y defensores de las personas LGTBI, del Acuerdo de Paz, líderes y lideresas sindicales, mujeres defensoras de DDHH.
- La del Estado Colombiano; la más restrictiva, pues dice que líder social es el jefe de una organización, director de una ONG, presidente de una Junta de Acción Comunal.
Ariel Ávila manifiesta que, por ser un concepto más preciso el de Naciones Unidas, “Persona que ejerce un liderazgo colectivo para defender un derecho”, lo toma como la mejor definición y que, sin embargo, para el ejercicio de análisis y el entendimiento de mucha gente, se hace más restringido y termina entre 12 y 14 categorías de líderes sociales, que va desde los pueblos étnicos, indígenas, comunidades negras, líderes medioambientales, reclamantes de tierras y comunales, hasta quienes reclaman por desaparecidos forzados y defensores del Acuerdo de Paz; a estas definiciones dedica el primer capítulo. En este sentido, Ávila concluye que “Colombia es el país del mundo donde más asesinan líderes sociales, estamos por encima de Honduras, de El Salvador, incluso de países africanos; es un desangre total, pero desafortunadamente aquí todo es fervor de un día, la gente lo coloca (sic) en las redes sociales y luego se va a ver novelas”.
¿Quién mata a los líderes sociales?
Ávila manifiesta que en Colombia, para el Gobierno, no hay sistematicidad, debido a que quienes matan líderes sociales no son los mismos, se capturan los asesinos que generalmente son sicarios contratados, pero nunca se sabe quién los contrató, quiénes son los determinadores (lo que en la legislación penal anterior se denominó “autor intelectual”). Aunque esto es cierto, sí se sabe qué tipo de líderes se están asesinando; no mata el mismo actor, pero sí matan a los mismos líderes con estas características. En consecuencia, sí hay sistematicidad sobre el perfil de las víctimas y, unido a ello, los asesinatos de líderes, también ocurren muy concentrados territorialmente.
El gobierno canta victoria, asumiendo que ya bajaron los asesinatos, pero realmente no matan, porque ya mataron a la mayoría de líderes y, los que quedaron vivos, tuvieron que irse de sus territorios. Es decir, los asesinos ya han hecho todo el proceso de exterminio social y los que quedan, son los autoritarismos locales
Dice Ávila que, en su mayoría, aproximadamente un 70%, se da en 4 ó 5 departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander. Por ello, considera falso que el Gobierno diga que no lo puede controlar, pues el problema es controlable, ya que se sabe el perfil de las víctimas y los lugares donde los están asesinando. La otra situación delicada, según el autor, es que hay zonas donde hace 2 años asesinaron muchos líderes sociales, como el Bajo Cauca antioqueño, en municipios como Cáceres, Tarazá y Valdivia, y en esa zonas donde ya no está sucediendo igual, entonces, el gobierno canta victoria, asumiendo que ya bajaron los asesinatos, pero realmente no matan, porque ya mataron a la mayoría de líderes y, los que quedaron vivos, tuvieron que irse de sus territorios. Es decir, los asesinos ya han hecho todo el proceso de exterminio social y los que quedan, son los autoritarismos locales.
Cuando logra matar el disenso, entonces la violencia suele bajar sustancialmente porque ya manda una sola organización o estructura política y la gente cree que es bueno, pero en la vida real, ya se han establecido los poderes autoritarios de facto y las zonas funcionan bajo el miedo.
¿Por qué los están matando?
Para Ariel Ávila, “Colombia tiene un apartheid geográfico y no se ha dado cuenta” y ello lo sustenta en hecho, como por ejemplo: Bogotá tiene derecho a 18 representantes a la cámara, mientra que sumando al Chocó, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés, Casanare, Arauca y Meta, suman prácticamente los mismos Representantes a la Cámara que Bogotá. Es decir, 8 departamentos, que representan geográficamente más de la mitad del país, tiene los mismos representantes a la cámara que Bogotá. Por eso, todo el dinero se va para las zonas céntricas como Antioquia, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca y Santander.
Este apartheid hace que las desigualdades sociales y la injusticia crezcan en esas zonas, pues allá no llega la plata; van los peores jueces, los peores maestros, los peores policías; baja muy poca plata y están enraizadas con procesos de corrupción muy delicados. La peor clasificación de funcionarios públicos llega allá, porque un profesor o un juez calificado, no va a concursar para ir a zonas donde no tienen incentivos. De allí surgen los inconformismos y, por eso, los líderes que reclaman sus diferentes derechos. Concluye el analista, por lo tanto, que de las cinco categorías que representan el asesinato de líderes sociales, el 70% son:
- Los que reclaman alguna actuación de un concejal
- Los que denuncian casos de corrupción
- Los reclamantes de tierra y verdad
- Los líderes medioambientales
- Líderes de comunidades étnicas, pueblos indígenas o comunidades afro
Frente a la relación entre liderazgo social y movimientos sociales, Ávila manifestó que, cuando asesinan a un líder social, asesinan la democracia, asesinan el movimiento social. Recordó además, que entrevistando a uno de los asesinos las casas de pique en Buenaventura, éste le manifestaba que “asesinar 20 ó 30 personas a la vez era difícil y que, por ello, asesinaban uno y que con eso los demás “cogen ejemplo y miedo”. De ahí, Ávila sustrae el concepto de “Homicidios ejemplarizantes”. Lo que concluye el libro es que el asesinato de líderes sociales destruye el movimiento social, aniquila el control político y aniquila la democracia en los territorios. Por ello hay que tener cuidado con pensar que, donde la violencia está disparada, todo está mal y donde la violencia baja todo está bien, porque puede ser engañoso, sobre todo por ese tema de homicidios ejemplarizantes.
Ver: Las casas de pique en Buenaventura, informe especial
Durante el Gobierno de anterior, mientras se mantuvieron los diálogos de paz y se empezó con su implementación, el presidente Santos realizó iniciativas interesantes en cuanto a políticas de protección, como el Cuerpo Élite de la Policía y la Unidad de Investigación Especializada, derivadas del Acuerdo de Paz, pero el impacto es muy bajo porque el problema está en la judicialización y, el otro gran problema, es que el presidente Duque empezó a echar para atrás muchas cosas que empezaban a funcionar, como por ejemplo, La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que, prácticamente la acabó. Duque tiene el PAO (Plan de Acción para Líderes Sociales) y, la verdad, ha sido un gran fracaso porque no tiene gente competente para esos temas, no tienen idea cómo trabajar el tema de Líderes Sociales.
Después del proceso de paz, cuando las FARC entregaron sus armas y dejaron operar en 300 municipios, comenzaron las disputas de los grupos ilegales y de disidentes, por quedarse con las economías ilegales, como la coca y la minería ilegal. Tristemente, con el cambio de gobierno, se agravó la situación, pues Iván Duque recibió 56 Municipios con disidencias y hoy ya son 113. Sabíamos que si las FARC se iban de esos territorios se iban a presentar disputas criminales, lo que no sabíamos era que el Estado nunca iba a llegar o que iba a cometer tantos errores para llegar a los territorios. Hay zonas donde el Estado nunca llegó y, por eso, los que sí llegaron fueron los grupos criminales y, actualmente, más o menos 120 de esos municipios están en disputa y es un fenómeno que podría haberse controlado.
Frente a la relación entre narcotráfico y homicidio de líderes sociales, Ariel Ávila dijo: “el narcotráfico es una explicación amplia del problema, pero no lo es todo, no es una explicación lógica. Los reclamantes de tierras no tienen nada que ver con el narcotráfico y los que quieren participar en política tampoco. Y lo segundo, es que si vemos, en zonas de narcotráfico matan a Líderes, no por “vendetas” de mafias, sino básicamente porque se oponen, en su mayoría, a que se siembre coca; promueven la sustitución de cultivos”.
Otro tema importante en el libro es que para el caso de líderes sociales, asesinan más hombres que mujeres, pero en esa violencia sobre lideresas, existen tres realidades dramáticas; primero, que las lideresas son quienes sufren agresiones sexuales, se meten con sus familias y las desplazan; segundo, la mayoría de organizaciones sociales son muy machistas y, tercero, las lideresas terminan básicamente prefiriendo la vida de su familia, que ejercer su liderazgo.
El libro es un recorrido de este fenómeno, desde 2010 hasta principios de 2020, donde se comparan diferentes regiones y estudia a fondo las estrategias del Estado para afrontar esta catástrofe y, por tanto, las alertas que propone Ávila se dan en tres sentidos: “El otro año cuando comiencen a salir las sentencias de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la situación se agravará para los reclamantes de tierras. Así mismo, el oro subió su precio a 2.000 dólares la onza, cuando hace un año estaba en 1.200. Y, adicionalmente, se aproximan las campañas electorales para 2022. Así ya se sabe lo que puede pasar en las zonas con mayor riesgo y Duque debería actuar ahí”.
