Por Fernando Daniel Padilla Molina
A estas alturas del siglo XXI aún es posible toparse con gente que no tiene conocimiento de la historia chilena y de América en común o que, en lo que respecta a esta parte del mundo, no reconoce los hechos que a través de múltiples investigaciones y evidencias han podido demostrar fehaciente y sobradamente la injusticia histórica cometida, primero por los españoles y a posteriori por el Estado de Chile (incluso hasta ahora) en contra de los pueblos originarios. Con una ocupación del territorio ancestral que significó destruir, asesinar, interrumpir, ralentizar y superponerse sobre su forma de vida mediante la asimilación y anulación como pueblos. Está suficientemente demostrado que esta ocupación fue realizada a sangre y fuego con las consecuencias de muerte de muchos indígenas, la esclavitud de ellos, el despojo de sus tierras y sus riquezas y hasta hoy su explotación económica e imposición de la religión y cultura occidental. Como resultado de lo anterior, en el Wallmapu chileno o territorio Mapuche del Oeste de la cordillera de los Andes, los indígenas fueron despojados de sus tierras y empobrecidos totalmente; de tal manera que hasta hoy constituyen el grupo humano con mayores índices de pobreza en el país.
También es sabido mediante muchos documentos e investigaciones que para la ocupación mencionada del Wallmapu en Chile en la segunda mitad del siglo XIX el Estado fue responsable de la traída de colonos europeos en distintas zonas. Para quiénes los gobiernos de la época entregaron recursos materiales para su instalación, les regaló tierras pertenecientes al territorio ancestral de los Mapuche y de los grupos humanos del lugar. A posteriori se transformaron en conjunto con chilenos en los latifundistas que impusieron sus propias reglas de explotación y de expansión de sus fundos a costa del engaño y la extorsión para seguir consumando el despojo de los territorios al pueblo Mapuche.
Siguiendo esta ruta de injusticias, se puede sumar a lo anterior, la situación actual e histórica de negación de derechos políticos, sociales, culturales y económicos permanentes: En cuanto a su autonomía, diferenciación y autodeterminación como pueblo, su reconocimiento oficial, promoción y desarrollo de su lengua y costumbres en los territorios ancestrales y otros aspectos. Por otro lado, la ocupación y explotación del territorio mediante la invasión de plantaciones forestales en los años 80’ en vastos territorios con el consumo excesivo de agua de ellos, los beneficios o incentivos económicos para la población indígena del lugar absolutamente insuficientes y; lo que es peor para el Mapuche (hombre o persona de la Tierra), la intervención y perjuicios negativos sobre el fenómeno más preciado para este pueblo, cual es la naturaleza y el desequilibrio ecológico provocado en general. Si hasta el Estado considera hoy el agua un bien privado en Chile; por lo tanto, a estos hombres de la tierra también hoy se les niega a o condiciona el consumo del agua, a menos que paguen.
¡Concisamente, ese ha sido el resultado de la gran obra de reconocimiento que el Estado les ha dado como tratamiento a nuestros pueblos originarios!
De esta forma, es absolutamente racional y lógico afirmar que “sobre esta gran obra de injusticia e inhumanidad hemos sido educados los chilenos en el tiempo y en todas las escuelas”. Por lo tanto, mediante estos elementos desarrollados por el Estado hacia nuestros pueblos originarios está fundada nuestra escasa valoración de ellos. La cual deja mucho que desear como seres humanos que teóricamente “somos iguales en derechos”. Al contrario, en la práctica primando la cosificación y/o discriminación al considerarlos como seres inferiores respecto al chileno; justificación superficial sin capacidad de observar y considerar el fondo; el egoísmo sustentado en la explotación y supresión de los derechos económicos de los pueblos, la superposición de la religión y la cultura occidental y otros. La ocupación de sus territorios ancestrales, la muerte de muchos Mapuche, el despojo y engaño, la intervención como cambios negativos de sus diversos hábitat ecológicos y otros aspectos siguen fundamentando más aspectos a considerar en este gran crimen cometido históricamente hasta ahora.
He acá algunos argumentos que permiten poder conocer las raíces del odio y de la discriminación del(a) “Sr.(a) Racista” que participó en las manifestaciones y enfrentamiento con los Mapuche que habían ocupado la Municipalidad de la ciudad de Curacautín (paradojalmente voz del Mapuzungun kura kawin, ‘piedra de reunión’) en la provincia de Malleco, IX región y al norte de Temuko.
No estando de acuerdo con la utilización de la violencia como metodología de acción para generar cambios, todo lo alegado y argumentado hasta hoy en contra de la situación de exterminio, asimilación, explotación económica, negación de sus derechos sociales y políticos, maltrato y anulación histórica de nuestros pueblos originarios mediante las reivindicaciones que reclaman, se deben entender y respaldar dado el contexto de trato de inhumanidad que han recibido permanente y sostenidamente de parte del Estado Chileno. Por lo tanto, sus reclamaciones son legítimas y merecen nuestro respaldo y apoyo.
Dadas las características neoliberales, antihumanistas, conservadoras y que representa absolutamente al Estado descrito más atrás, hoy no se debe poner expectativas en iniciativas de solución por un gobierno de turno que tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de muertes, estallidos oculares, violaciones y represión en general de la ciudadanía en los meses anteriores durante el llamado “estallido social” en Chile. Sumado a la gestión o desarrollo de medidas erráticas y de priorización de la economía por sobre la contención y el resguardo de las vidas humanas de los y las ciudadanos y ciudadanas. Sin dejar de mencionar la negación absoluta del dialogo y la práctica permanente de la política represiva y el uso de la Ley Antiterrorista actual hacia los activistas y de todas las organizaciones Mapuche que luchan actualmente por su causa.
Dado que las reglas del juego actual del mal llamado ‘Proceso Constituyente’ nació amarrado o “cocinado” por un mundo político tradicional desprestigiado absolutamente y que impone reglas que lo deslegitiman dejando fuera a los movimientos sociales y la ciudadanía en general para que decida directamente. Lo que redundará en lo que ya se conoce en el país y que el pueblo en general rechazó a través del estallido social, así como en la continuación de la política de siempre respecto a los Pueblos Originarios.
Junto con el estallido social y la presión pública permanente y ascendente de los y las chilenos y chilenas, se debe esperar y levantar la esperanza de hacer posible una Asamblea Constituyente que considere la participación directa de toda la gente desde la ciudadanía para el constructo de una Constitución realmente democrática, plurinacional, soberna y feminista. El inicio de un proceso verdadero que pretenda emprender un camino de solución y de rectificación de una aberración o injusticia histórica debe partir con una actitud de democracia directa o real donde primero sean los propios actores o protagonistas del hecho – los Pueblos Originarios – quiénes se puedan sentar a conversar sobre lo que ellos quieren y esperan del Estado. Para luego utilizar los mecanismos que debe darse este último y en conjunto con los Pueblos Originarios como interlocutores para llegar a un acuerdo plurinacional.
