Presentamos el sexto informe del especial periodístico sobre la crisis humanitaria de los pueblos indígenas en Colombia, que viene produciendo nuestro medio aliado Hacemos Memoria, a través de la Red de Periodismo y Memoria de la que hacemos parte como Agencia Internacional de Prensa, con el fin de acercar al público internacional los hechos de violencia política que han afectando históricamente a las comunidades más vulnerables en el país suramericano, por causa del conflicto armado interno y la marcada exclusión social y política.
Por Adrián Atehortúa
Ilustración: Didier Pulgarín
Solo entre 2018 y 2019 fueron asesinados 12 dirigentes de cabildos indígenas de la región, denunció Arbey Gañán, líder Emberá de Caldas. Sexta entrega de una serie periodística sobre la crisis de los indígenas.
En los últimos veinticinco años, los pueblos ancestrales del Eje Cafetero han sido víctimas de las guerrillas, los paramilitares, la fuerza pública y la delincuencia común, que han asesinado a 489 indígenas de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, reveló Arbey Gañán, líder Emberá del Consejo Regional Indígena de Caldas.
Según Gañán, aunque con el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC disminuyó la intensidad del conflicto en la región, el problema del desplazamiento forzado sigue afectando a ciudades como Manizales, Pereira y Armenia, que se han vuelto receptoras de indígenas desplazados provenientes de Olaya y Tumaco en el departamento de Nariño, sur del país, donde se incrementó la confrontación entre los actores armados.
Por otra parte, en los últimos años, la minería a gran escala ha generado nuevos conflictos que ponen en peligro la vida de los indígenas, agregó Gañán, con quien hablamos de éstas y otras dificultades que enfrentan los pueblos ancestrales del Eje Cafetero.
¿Cómo están conformadas las comunidades indígenas en la región del Eje Cafetero?
Nuestra población en el eje cafetero tiene 62 mil habitantes en Caldas, 12 mil habitantes en Quindío y 24 mil en Risaralda, todos pertenecientes al pueblo Emberá en dos variantes lingüísticas: Chamí y Katío. Nosotros en el Eje Cafetero tenemos casos de violaciones de derechos humanos como desplazamiento y señalamiento, pero no podríamos decir que sea tan aguda como la que se veía hace unos diez años. Con la llegada del proceso de paz se cambió esa dinámica: sigue habiendo asesinatos y señalamiento, pero ahora son más esporádicos. Eso indica que hay residuos de grupos armados al margen de la ley, sobre todo en Risaralda, donde su presencia es directa, mientras que en Caldas podríamos decir que están más de paso.
Sin embargo, sí hay que decir que entre 2018 y 2019 se registraron 12 asesinatos de dirigentes y líderes indígenas de los cabildos a manos de grupos armados.
En general, en el país se está presentando una reestructuración del conflicto tras el acuerdo de paz con las FARC, lo que propicia en gran parte la crisis humanitaria de los pueblos indígenas ¿Cuál es la situación en el caso del Eje Cafetero?
Todo eso tiene que ver con proyectos subyacentes y uno de esos es el narcotráfico. Hay que ver que en zonas como el Pacífico el tema de los cultivos ilícitos ha crecido mucho y obedece a actores que tienen intereses sobre esas zonas: el ELN, la misma disidencia de las FARC, el paramilitarismo. Todos siguen disputándose esa zona para tener control sobre el narcotráfico. Eso hace que haya muchos enfrentamientos que conllevan al desplazamiento de la población indígena.
Ahora, en Quindío, Risaralda y Caldas, al menos en los territorios donde están los resguardos indígenas, no hay cultivos ilícitos y eso hace que no haya un interés de lleno. En nuestra zona lo que pasa es que hay factores de otro interés, como lo son la minería y la explotación de recursos minero energéticos, y ahí sí han querido entrar las multinacionales a hacer su explotación, pero la piedra en el zapato es que no han hecho la consulta previa. Quienes nos oponemos a que hayan esas explotaciones sin la consulta previa, somos los pueblos indígenas: por eso hemos recibido las amenazas y hemos sufrido algunos asesinatos, por oponernos a esas minerías.
¿Con cuáles megaproyectos mineros han tenido conflictos?
Por ejemplo el caso de Marmato. Allá las comunidades llevan 200 años explotando el oro y hoy la multinacional AngloGold Ashanti se lo quiere tomar para explotarlo a cielo abierto. Pero para poder hacerlo tiene que pasar por una consulta previa a la comunidad indígena que hay allí. Hasta el momento siempre nos hemos opuesto mandando acciones jurídicas y hemos ganado tutelas, en las que la Corte dice que para que haya minería primero se tiene que hacer la consulta previa, pero hasta el momento no se ha dado.
Lo que han venido haciendo es debilitar la fuerza de las organizaciones indígenas para poder entrar y, para hacerlo, generan terror, zozobra, para que la gente pueda ceder. Pero nosotros hemos estado preparados: de aquí no nos vamos a mover. Hemos estado luchando y demandando. No vamos a ceder a un derecho que es fundamental. Eso es lo que hemos demostrado con el liderazgo y por eso han venido presentándose las amenazas.
¿Cuáles han sido las respuestas de las instituciones del Estado a su situación?
La Corte Constitucional a través del Auto 004 de 2009 — sobre la protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04—, expresó que hay pueblos en vía de exterminio físico y cultural por culpa del conflicto social y armado. Y entre esos está el pueblo Emberá. Pero desde ese momento hasta la fecha solo hemos recibido, por parte del gobierno, pequeños micro proyectos que no suplen las necesidades ni la salvaguarda de los pueblos indígenas. Eso mismo es lo que continúan ofreciendo a poblaciones que siguen siendo víctimas del conflicto social y armado.
Con el tema de la restitución de tierras hemos logrado algo más de fondo, hemos avanzado en que se reconozcan resguardos indígenas como el de San Lorenzo, en Caldas, donde se ha declarado el territorio como víctima del conflicto social y armado; y se le ha pedido al gobierno que entre a restituir este territorio. Pero ahí estamos luchando con las instituciones del gobierno diciéndoles: ¡cumplan! Es que no es por si ellos quieren o les da pesar, es que son órdenes.
Aparte de lo anterior, ¿qué otros asuntos le exigen al Gobierno y a las instituciones del Estado?
Mire, los pueblos indígenas en todo el país peleamos para que se nos reconozca la dignidad de los derechos que se ha venido planteando. Aquí hemos sido víctimas del conflicto social y armado. Hoy, en el proceso de paz, lo que pedimos es que se nos puedan cumplir esas garantías que allí se firmaron, que se cumpla también lo estipulado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, y en el Decreto 4633 de 2011 — por el cual se establece medidas específicas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales para las comunidades y grupos indígenas—.
Esas leyes buscan que se vuelva a dignificar el territorio que nos fue arrebatado por el conflicto social y armado y, para eso, obviamente se requiere inversión en infraestructura, educación, sistemas productivos y justicia. Eso se debe cumplir, es una obligación porque nosotros hacemos parte del Estado y el gobierno tiene que hacer cumplir los mandatos del Estado.
Pero uno sabe la corrupción que hay, uno entiende los intereses políticos que tiene la hegemonía de este país, la desigualdad social que hay. Esos son los motivos por los que no se garantiza una vida digna a las poblaciones menos favorecidas, a las minorías, a las clases sociales. Si este país fuera más equitativo, lógicamente habría más posibilidades de desarrollo de vida, mejor educación, mejor empleo, la gente no se iría a coger las armas o a sembrar cultivos de uso ilícito, sino que se pondría a producir la comida y el sustento para el mejor vivir de la población colombiana.
¿Qué debe hacerse para garantizar la vida digna de los pueblos indígenas de la zona?
Hay tres cosas fundamentales que deben pasar en estas regiones. La primera es que se restituya el derecho a los territorios a los pueblos indígenas en el marco del Decreto 4633 de 2011.
La segunda, que el proceso de paz se comience a implementar con las garantías de no repetición e indemnización, con todo lo que el sistema contempla. Hoy está funcionando el sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, pero esperamos que sea mucho más ágil y que llegue pronto a las comunidades.
Por último, esperamos que a los pueblos indígenas nos saquen de este conflicto social y armado. No queremos más líderes caídos, no queremos que nos involucren más en la guerra. Queremos una paz justa en los territorios, porque lo que nosotros hemos hecho es defender el derecho al territorio, a la naturaleza, al medioambiente, al agua, a transitar libremente y por esa razón es que hemos sido objetivos militares.
¿Piensa que esto es posible en el corto o mediano plazo?
Para ser sincero, veo que está difícil. El gobierno que tenemos, más el patrón que manda este gobierno, son contrarios al Proceso de Paz. Su partido ha demostrado que quiere seguir en la guerra, porque es un negocio para ellos. Muchos de los senadores están en contra del Proceso de Paz y así va a ser muy difícil. Aquí la sociedad civil, la población indígena, campesina, afro, mestiza, las clases sociales, tenemos que unirnos para enfrentar este gobierno buscando que nos cumpla. De resto, por voluntad de ellos va a ser muy difícil que pasen las cosas.
¿Qué puede ocurrir entonces a largo plazo?
Es crítico. Tristemente en Risaralda y Chocó la población está saliendo a las cabeceras municipales a la mendicidad. Esto indica que los pocos territorios que hoy se tienen van a quedar solos y los van a agarrar los dueños del narcotráfico, de la guerra, y va a ser mucho más crítica la vida de los pueblos indígenas. En ese sentido es que hacemos llamados a las organizaciones nacionales e internacionales porque necesitamos una verificación inmediata del cumplimiento de ese proceso de paz o mirar otras soluciones a lo que está pasando con nuestros hermanos en estos departamentos.
Por otra parte, la zona del Eje Cafetero está siendo receptora de población indígena desplazada. Están saliendo hermanos de la zona de Olaya y Tumaco, en Nariño, porque a esos territorios han entrado nuevamente grupos armados y los enfrentamientos hacen que la población esté confinada en escuelas de cabeceras municipales y el gobierno no ofrece ninguna garantía. Toda esa población está dispersa en Manizales, Pereira, Armenia y los municipios aledaños. Todos los día va saliendo población desplazada y no tenemos datos precisos de cuántos pueden ser.
A lo largo de su vida y de su labor como líder indígena, ¿ha habido un momento en el que las comunidades hayan logrado vivir un periodo de paz y armonía?
No. El conflicto es dinámico y hay diferentes modalidades. Ha habido años demasiado duros que uno no quisiera volver a vivir. Solo en Caldas, en los últimos veinticinco años hemos tenido alrededor de 489 asesinatos de población indígena. Por esa cifra, en 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictó medida cautelar para el pueblo indígena de Caldas. Aquí nos han asesinado las diferentes guerrillas, el paramilitarismo, el ejército y la delincuencia común. Todos estos actores armados han puesto la mano y han sido los culpables de estos asesinatos en Caldas. Estos últimos años hubo una mínima, mínima fe, una mínima calma en los territorios. Pero uno no podría decir que ha habido una paz, una armonía en todo este proceso.
Yo vengo trabajando desde 2009 con toda la población Emberá del país. La verdad, personalmente uno siente impotencia de encontrarse a la gente muriéndose de hambre y desnutrición, y que por más que uno exija, denuncie, demande, el gobierno no hace nada. Eso de verdad da tristeza, melancolía, impotencia. Y ver que en este país se roban la plata, se la malgastan y no pasa nada, eso llena de indignación.
Próximamente el séptimo informe:
El despojo territorial extingue a los indígenas de la Orinoquía: Elizabeth Apolinar
