Estados Unidos, el país más rico y poderoso de la historia del mundo, también es el número uno en infecciones y muertes por COVID-19. El fin de semana pasado, la Dra. Deborah Birx, asesora sobre coronavirus de la Casa Blanca, advirtió: “[El virus] se extendió de forma extraordinaria, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Para todos los que viven en una zona rural, no son inmunes ni están protegidos contra este virus”.
La respuesta del presidente Donald Trump fue calificar a Birx de “patética”. A seis meses del comienzo de la pandemia, Trump aún no ha presentado ningún plan nacional para detener la propagación del virus, que está en alza.
Mientras el presidente exige diariamente por una rápida reapertura de las escuelas y de la actividad económica, las colas para realizarse la prueba diagnóstica se extienden cada vez más y se alarga el tiempo de espera de los resultados, en muchos casos hasta dos semanas. Esto hace que los resultados sean prácticamente inservibles, volviendo casi imposible el rastreo de contactos y el aislamiento de personas contagiadas.
La Asociación Estadounidense de Universidades Médicas (AAMC, por sus siglas en inglés) recientemente lanzó un documento llamado “Una hoja de ruta para establecer un enfoque nacional ante la pandemia”, en el que insta al Gobierno de Trump a recurrir a la Ley de Producción de Defensa para combatir la inadmisible escasez de equipos de protección personal, suministros de pruebas de diagnóstico y fármacos terapéuticos.
Más fundamental aún, esta asociación hace un llamado para abordar el problema del racismo sistémico y otras inequidades que existen en el sistema de salud estadounidense, así como para un aumento masivo de fondos para la debilitada infraestructura de salud pública. El plan debería incluir la distribución justa, equitativa y rápida de una vacuna segura y efectiva cuando esté disponible; no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial.
Esta hoja de ruta parece sensata, pero ¿qué posibilidades tiene de concretarse, si quien comanda la Casa Blanca es un negador de la ciencia, más preocupado por el rating televisivo y su reelección que por abordar la mayor pandemia en un siglo? Trump les ofrece socialismo a las corporaciones multinacionales, al repartirles miles de millones de dólares a grandes compañías farmacéuticas, supuestamente para desarrollar vacunas. La organización Public Citizen afirma que el programa de Trump de 6.000 millones de dólares financiado por los contribuyentes, del que son beneficiarias empresas privadas, tiene “una llamativa falta de transparencia”. Los ejecutivos de las compañías farmacéuticas se están llevando al bolsillo millones de dólares gracias a la participación accionaria que tienen en las empresas, mientras que los estadounidenses pobres y sin seguro de salud tienen que valerse por sí mismos en el mal llamado “libre mercado”.
Un paso simple, reclamado desde hace tiempo, sería expandir inmediatamente el programa Medicare, el sistema nacional de seguro de salud para personas de 65 años o más, para que cubra a todos los estadounidenses desde su nacimiento. Medicare para Todos implicaría una separación de la cobertura del seguro médico de la situación laboral y la riqueza, un ahorro de billones de dólares y, más importante aún, salvaría vidas.
Cuando el presidente Harry Truman presentó por primera vez la propuesta de un sistema de salud universal y de pagador único ante el Congreso, en 1954, expresó: “Las personas con ingresos bajos o moderados no reciben la misma atención médica que las de altos ingresos”. Veinte años después, el Congreso aprobó un proyecto de ley reducido, que estableció el programa Medicare para los estadounidenses mayores y el programa Medicaid para millones de personas pobres y discapacitadas. Al firmar la ley de Medicare el 30 de julio de 1965, el presidente Lyndon Johnson se comprometió ante la Asociación Médica Estadounidense a apuntalar el ineficiente sistema de seguro médico privado basado en el empleador que ha dejado a decenas de millones de estadounidenses sin acceso a la atención médica.
La cantidad de personas sin seguro de salud o con seguro insuficiente está en aumento, ya que más de 54 millones de personas han solicitado el seguro por desempleo desde el inicio de la pandemia en marzo.
Si bien algunas de esas personas han vuelto a trabajar, es posible que millones de los empleos perdidos como resultado de la pandemia no se recuperen nunca. Un estudio del Instituto Urbano de mediados de julio pronostica que diez millones de personas perderán de forma permanente su seguro de salud proporcionado por el empleador. Y, así como las personas pobres y las personas de color tienen más probabilidades de morir de COVID-19, también tienen más probabilidades de no tener seguro o tener un seguro insuficiente.
Una encuesta reciente realizada a mitad de la pandemia mostró un apoyo cercano al 80% para el Medicare para Todos entre los miembros del partido demócrata. Joe Biden, sin embargo, se opone al sistema de salud de pagador único y dijo que si fuera presidente y llegara a su escritorio un proyecto de ley de Medicare para Todos, lo vetaría. Pero la presión del activismo ha obligado a Biden a cambiar su postura en el pasado. La semana pasada, una votación inicial del Comité de Plataforma del partido rechazó la propuesta de Medicare para Todos. Pese a esa derrota, al menos 700 delegados de la próxima Convención Nacional Demócrata han prometido oponerse a la plataforma del partido si no incluye una propuesta de Medicare para Todos.
Tanto en Missouri como en Oklahoma, la población aprobó recientemente iniciativas electorales que proponen la expansión del programa Medicaid contemplada en la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio, también conocida como Obamacare, pasando por encima de sus respectivos gobernadores y legislaturas estatales republicanos. Y en tres destacadas sorpresas recientes de las primarias, la activista de la organización Black Lives Matter Cori Bush en St. Louis, Marie Newman en Chicago y el exdirector de escuela secundaria Jamaal Bowman en Nueva York derrotaron a históricos congresistas demócratas alineados con la dirigencia partidaria que iban por su reelección. Se espera que los tres candidatos progresistas ganen en las elecciones generales de noviembre y se unan a al creciente y diverso contingente de legisladores progresistas en el Congreso que apoyan la propuesta de Medicare para Todos.
Cuando el pueblo lidera, afirma el dicho, los líderes lo siguen. Es un asunto de vida o muerte.
