Con el fin de aportar a la comprensión a nivel internacional sobre lo que está ocurriendo actualmente en Colombia, con la agudización de la violencia en distintos territorios el país, desde Pressenza ofreceremos algunas publicaciones de medios aliados que han estado trabajando en el cubrimiento al respecto.
Publicación original del portal Verdad Abierta (17 de agosto de 2020)
En menos de dos meses se ha tenido noticia de por lo menos diez matanzas en diversas regiones del país. La más reciente ocurrió el pasado sábado en el departamento de Nariño. La violencia avanza incontenible, pese a la alta militarización y a las alertas tempranas.
Como suele ocurrir con las poblaciones olvidadas y marginadas de la Colombia rural, la violencia puso sobre el mapa y en la agenda mediática al municipio de Samaniego, situado en el corazón del departamento de Nariño, tras la masacre de un grupo de jóvenes mientras departían en una vivienda de la zona rural.
Hasta ese lugar, en la vereda Santa Catalina, a dos kilómetros del casco urbano, llegaron a eso de las 10:30 de la noche por lo menos cuatro hombres cubiertos con pasamontañas y sin mediar palabra dispararon sus fusiles Galil contra un grupo de jóvenes que se habían reunido en esa vivienda para festejar en una noche sabatina. Una vez se dispersaron los homicidas, los gritos y el llanto de los sobrevivientes reemplazaron el ruido de las armas.
En el patio de la pequeña casa rural las balas segaron la vida de Laura Riascos Melo (17); Campo Elías Benavides Erazo (22); Rubén Ibarra (22); Daniel Vargas (23); Sebastián Quintero (23); Brayan Cuarán (24); Óscar Obando (25); y Byron Patiño (25).
Al amanecer del sábado, y en una de las calles del pueblo, fue encontrado el cuerpo de Jessica Zúñiga Jaramillo (26). Las autoridades investigan si el asesinato de esta joven, que trabajaba en un bar del casco urbano de Samaniego, tiene relación con la masacre.
Las versiones de este ataque armado aún son confusas. Las hipótesis van desde retaliaciones entre grupos de narcotraficantes hasta “un castigo” por violar las restricciones impuestas por los gobiernos local, regional y nacional para contener la expansión de COVID-19. Por el momento, las autoridades dicen que motivos y responsables están bajo investigación.
No obstante, hay indicios. Uno de ellos, el más fuerte, fue divulgado por este portal el pasado 8 de abril en un reportaje sobre los controles que los grupos armados ilegales estaban adoptando en diversas regiones del país para “contribuir” a la contención de COVID-19. Se trata de fotografías de grafitis pintados un día antes en algunos sitios de Samaniego, al parecer, por guerrilleros del Eln, mediante los cuales conminaban a la población a quedarse en casa o, de lo contrario, serían asesinados.
En esta región del piedemonte nariñense hacen presencia los frentes Comuneros del Sur y Camilo Cienfuegos, así como la Compañía Toño Obando, que están integradas al Frente de Guerra Suroccidental.
Ese indicio se respalda en una presencia histórica del grupo insurgente en esa población, donde ha operado y sometido por la vía de las armas a las comunidades, y enfrentado por igual tanto a la Fuerza Pública como a todos aquellos grupos armados ilegales que han intentado disputarle esa hegemonía territorial.
Otro indicio surge de los testimonios recogidos por este portal entre conocedores de la región del piedemonte nariñense. “Los jóvenes estaban advertidos”, dice una persona de la zona que conoce bien la vida cotidiana de Samaniego. ¿Y por qué advertidos? Porque, según esta fuente, “venían haciendo fiestas de tiempo atrás, alquilando viviendas para reunirse y hacer fiestas”.
Y de esa razón se desprende una explicación que cobra fuerza: ante el vacío de autoridad estatal y la incapacidad de la Fuerza Pública para arrebatarle ese poder a los grupos armados ilegales, se ha impuesto la “autoridad de facto” de la guerrilla del Eln. “Se trata de una cruenta demostración de poder contra unos jóvenes inocentes”, dice otro de los consultados.
Al respecto, ese grupo guerrillero emitió un comunicado en la tarde de este lunes negando responsabilidad alguna y se la atribuyó a una banda «narcoparamilitar»; además, indicó que la banda conocida como ‘Los Contadores’, es la responsable de varios crímenes en Samaniego y que opera con la supuesta complicidad de miembros de la Fuerza Pública.
Es la segunda masacre en poco más de dos meses en ese munincipio. La anterior ocurrió el pasado 13 de junio en la vereda Yungilla, cuando desconocidos atacaron a un grupo de personas en una finca. Este ataque está rodeado de un fuerte hermetismo y las identidades de dos de las víctimas mortales, no fueron reveladas, salvo dos alias, ‘Cuy’ y ‘Caucho’, el primero de los cuales que correspondería a un narcotraficante local. Las otras dos personas fallecidas fueron identificadas como Adriana Pantoja y Yamid Melo.
Harold Montufar, exalcalde de Samaniego (2004 y 2007), un connotado líder nariñense defensor de derechos humanos, coincide con esa apreciación sobre las masacres que enlutan a su pueblo: “Tienen que ver con la dominación del territorio y el copamiento del mismo para demostrar hegemonía, en donde el más brutal, el que tenga más sevicia, muestra mayor poder lastimosamente”.
Y lo dice un hombre que se ha jugado la vida defendiendo procesos de paz locales y regionales e impulsando iniciativas como la Universidad de la Paz, activa desde 2016. “Es una apuesta de resistencia a toda esta crisis y desastre que genera la guerra”, dice Montufar. “Y pues seguimos en la tarea de convertir ese espacio en un lugar de esperanza, en un aliciente a este territorio para seguir pensando en la paz y en la vida, es nuestra fuerza para seguir perviviendo en el territorio”.
Pero esa visión esperanzadora ha tenido múltiples amenazas y ataques, pese a que la situación de riesgo de los pobladores de áreas urbanas y rurales ha sido advertida por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo desde el año 2002, según lo pudo constatar este portal.
Advertida, pero desatendida
Foto: samaniego-narino.gov.co
La Alerta Temprana más reciente, la Nº 032-19, fue emitida el 23 de julio del año pasado, a raíz del ‘paro armado’ que realizó la guerrilla del Eln en diferentes municipios de Nariño entre el 15 y el 18 de junio, y por el intercambio de disparos entre miembros de ese grupo armado ilegal y de la Fuerza Pública, en medio de civiles en el casco urbano.
Entre las siete recomendaciones que a través de esa Alerta les hizo la Defensoría del Pueblo a diferentes entidades del orden local, regional y nacional, resalta la de mejorar las condiciones de seguridad para los samanieguenses.
Y se destaca, en particular, el pedido al Ministerio de Defensa y a la Policía de Nariño para “desplegar acciones de inteligencia y contrainteligencia, que les permitan anticiparse y disuadir cualquier acción armada proveniente de grupos armados ilegales, con pleno arreglo al respeto de los derechos de la población civil y al principio de distinción del DIH”.
Casi un año y un mes después de ese llamado de atención, en medio de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la propagación de COVID-19, nueve familias lloran a sus seres queridos.
Samaniego es un territorio apetecido por los grupos armados ilegales dada su ubicación estratégica, en el centro-occidente del departamento, lo que permite la movilidad militar y operacional hacia la frontera ecuatoriana, el litoral Pacífico por la vía Pasto-Tumaco, y hacia la cordillera Occidental, camino al departamento de Cauca. De acuerdo con el más reciente informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNDOC), que revisa la situación de 2019, esta población es uno de los enclaves de producción de hoja de coca con crecimiento de hectáreas sembradas en los últimos cuatro años, aunque no precisa en cifras.
Desde de los años ochenta, el Eln, a través de diversas estructuras ligadas al Frente de Guerra Suroccidental, ha tenido presencia en la región y para mantener su hegemonía tuvo que enfrentar a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que se movieron por esta zona con el Frente Libertadores del Sur entre los años 2000 y 2005. Las extintas Farc también hicieron presencia desde la década de los noventa hasta su dejación de armas a principios de 2017.
Además de su importancia geoestratégica, en Samaniego los grupos armados explotan rentas ilícitas procedentes del narcotráfico y la minería. Por esa razón, en su Alerta Temprana del año pasado, la Defensoría del Pueblo lamentó que no fuera incluido en la selección de los 170 municipios que recibirían una atención prioritaria con la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc.
Como si fuera poco, también cuestionó que la implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS, otra iniciativa acordada en La Habana), presentara “un bajo nivel de cumplimiento, situación que ha propiciado la disputa de grupos armados y bandas criminales por el control de rutas, zonas cultivadas, canales de comercialización y microtráfico”.
Entre las conclusiones más importantes de la Alerta Temprana Nº 032-19 se encuentra la necesidad de que el Estado ejerciera presencia integral en la región: “Desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la presencia de la guerrilla de las FARC-EP en el municipio de Samaniego y las acciones bélicas propias de la misma, disminuyeron de manera contundente; sin embargo, las bajas capacidades de las autoridades estatales para hacer presencia integral en los territorios y con ello generar garantías de seguridad en las zonas abandonadas por el mencionado grupo, han permitido el fortalecimiento gradual y posicionamiento del ELN en zona rural de este municipio”.
Las áreas rurales abandonadas en 2017 por la Compañía Mariscal Sucre de las antiguas Farc en su camino a la legalidad bajo el Acuerdo de Paz entraron en disputa y el primero en posicionarse fue el Eln, pero luego llegaron otros grupos armados y terciaron en la confrontación. La base de todo ello, asevera Montufar, es el incumplimiento de lo pactado en La Habana y rubricado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.
“El primero en apoderarse del territorio es el Eln”, ratifica este líder social. “Pero luego en los años 2018 y 2019, cuando hay incumplimiento por parte del Estado a los compromisos con las Farc, muchas disidencias y muchas personas que trabajaban con esta guerrilla, llegan al territorio en otras estructuras”.
Se trata de disidencias del Frente 29 de las Farc, que se alejaron del Acuerdo de Paz; de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’; y una suerte de pequeñas estructuras criminales que buscan sacar réditos de las economías ilegales. Sobre todos ellos gravitan las relaciones comerciales con los carteles mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que adquieren el alcaloide que se produce en la región.
A todos ellos el gobierno nacional ha respondido con el incremento del pie de fuerza. A comienzos de enero de 2018, el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos (2010-2018), activó la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, integrada por cerca de 9 mil hombres del Ejército para contener a los violentos en la región del Pacífico nariñense, lo que tendría efectos en la zona del piedemonte.
“Todo esto hace que en esa disputa territorial los que salgan perdiendo son esta gran cantidad de jóvenes, señoritas, que de una u otra manera, inocentemente han caído víctimas de ese conflicto que, por supuesto, es muy ajeno a esas personas”, precisa Montufar.
Cuarentena, bajo alerta
Escenario de riesgo advertido por la Defensoría del Pueblo tras un mes del inicio de la cuarentena por el nuevo coronavirus.
El pasado 30 de abril, cinco semanas después de que Colombia entrara en la fase de Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia Nº 018-20, a raíz de los graves hechos de violencia que estaban padeciendo las comunidades rurales en medio de la incipiente expansión de COVID-19. (Leer más en: La Colombia profunda vive su cuarentena entre el miedo al coronavirus y a las armas)
Hasta ese momento fueron documentados 41 ataques a la población civil, entre ellos, diez asesinatos. La mayoría de las agresiones (14) fueron atribuidas a disidencias de las Farc; once a la guerrilla del Eln, a pesar del cese al fuego unilateral que decretó durante el mes de abril; seis a los denominados grupos sucesores del paramilitarismo; dos a la antigua guerrilla del Epl, uno de ellos correspondiente a un enfrentamiento con el Eln en medio de civiles; y ocho más a delincuencia organizada y grupos sin identificar.
Esa agencia del Ministerio Publico alertó que, en departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca y Guaviare, fueron difundidos panfletos respaldando el aislamiento en casa mediante “imposición de regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio”.
Entre las ‘normas de conducta’ impuestas, se detectó “regulación a establecimientos comerciales y de ocio, control de precios sobre víveres y elementos de salubridad como alcohol, además de bloqueos en vías de acceso terrestre y fluvial, como estrategia para restringir el flujo de personas, alimentos y medicamentos”.
En cuanto a las ‘sanciones’ por incumplir dichas reglas, se contabilizaron desplazamientos forzados y destrucción de vehículos. “A lo largo de estas semanas también cuatro (4) vehículos privados fueron incinerados como medida de castigo por incumplimiento a las restricciones de movilidad y fueron reportadas dos (2) retenciones arbitrarias por desacato a las normas impuestas por los grupos armados”, reseñó la Alerta Temprana.
Tres meses y medio después de ese llamado de atención, en el que la Defensoría del Pueblo les hizo recomendaciones puntuales a los ministerios del Interior y Defensa, al igual que a la Fiscalía General de la Nación, para evitar nuevos asesinatos y desplazamientos relacionados con la cuarentena, el país está de luto porque nueve jóvenes que la desacataron fueron masacrados, al parecer, por integrantes del Eln.
Una nueva oportunidad de mitigar riesgos fue desaprovechada por el Estado y capitalizada con sangre por quienes imponen su ‘ley’ en la Colombia que no pertenece a las grandes urbes.
Masacres diferenciadas
En el último mes y medio se cometieron diez asesinatos grupal en Norte de Santander, Nariño, Córdoba Cauca y Valle del Cauca. Foto: Juan Diego Restrepo E.
Pese a las advertencias hechas con antelación, Samaniego es un escenario de duelo y gran parte del país está conmocionada por la ocurrencia de una nueva masacre, que suma a una cadena de matanzas que vienen de tiempo atrás y cuyas cifras son alarmantes.
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) tiene documentadas 33 masacres perpetradas este año. En las últimas seis semanas se han cometido diez homicidios colectivos en regiones tan complejas como Norte de Santander y Córdoba.
Pero una revisión al comportamiento del fenómeno criminal en años anteriores evidencia un patrón de criminalidad que viene en aumento. De acuerdo con informes de OACNUDH, en 2017 se registraron 11 masacres, un año después ocurrieron 29 y para el 2019 se presentaron 36 casos. De continuar este tipo de expresiones violentas, el 2020 superará esas cifras y la pérdida de vidas será más alarmante.
Tras la masacre de Samaniego, el Equipo de País de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU, por medio de un comunicado indicaron que “esos hechos violentos, con serios impactos humanitarios, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y otras organizaciones generadoras de violencia, de economías ilegales, pobreza y caracterizado por una limitada presencia del Estado. Por lo tanto, es crucial avanzar y profundizar la implementación integral del Acuerdo de Paz, especialmente su capítulo 3.4 sobre garantías de seguridad que ofrece mecanismos e instrumentos de prevención, protección y seguridad”. (Leer más en: Garantías de no repetición, materia reprobada por el gobierno nacional)
Analistas del conflicto consultados por este portal consideran que es necesario aplicar una mirada diferenciadora de las masacres más allá de explicaciones simplistas, incluso que dan las mismas autoridades, que reducen los hechos a “disputas por el narcotráfico”,
Ya lo precisa Montufar: “Son demostraciones de poder”. Y afectaron a jóvenes que están al margen de la guerra. En ese sentido, una de las fuentes consultadas, quien en razón de su trabajo pidió la reserva de su nombre, asegura que la matanza de la vereda Santa Catalina no puede compararse a las que presenció el país en el pasado, cuando se enfrentaban paramilitares y guerrillas.
“Por el perfil de las víctimas no se trata de supuestos colaboradores de la guerrilla, como en las épocas del pasado”, dice. “Tampoco se trata de guerrilleros vestidos de civil ni de una purga contra milicias urbanas o un ataque a raspachines (recolectores de hoja de coca)”.
En conclusión, es una masacre que tiene un perfil distinto. “El perfil de los jóvenes no se asemeja a colaboradores, redes urbanas, mandos, combatientes, integrantes de grupos armados. No es el típico perfil de las víctimas de masacres”, insiste el consultado.
Otro de los aspectos que valora este analista para evaluar los hechos es que no se cometió en una región alejada del casco urbano de Samaniego ni de difícil acceso, como muchas matanzas de comienzos de la década del dos mil: “Fue a cinco minutos del casco urbano, a donde las autoridades podrían llegar rápido. ¿Dónde estaban la Policía y el Ejército?”.
Bajo ese análisis cobra más fuerza la hipótesis de una “demostración de poder” de la guerrilla del Eln, que se ha convertido en la “autoridad de facto” en esa región del piedemonte llanero y cuyas imposiciones por la vía armada generan terror entre la población y se distancian de una simple disputa por el control del narcotráfico.
Contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en la región del sur de Córdoba, donde recientemente se registraron, en poco más de 24 horas, dos masacres, que dejaron seis personas muertas, en otra zona fuertemente militarizada. Líderes sociales entrevistados al respecto aseveraron que la disputa que libran ‘Los Caparrapos’ y los ‘Gaitanistas’, tienen un fin y es vaciar el territorio de campesinos e indígenas para favorecer intereses económicos. (Leer más en: ¿Por qué Ejército y Policía no reaccionan con contundencia en el Sur de Córdoba?)
Otra característica tendrían las matanzas que se han perpetrado en las últimas semanas en Norte de Santander, donde la guerrilla del Eln libra una intensa disputa por imponer su hegemonía armada en la línea fronteriza con el vecino país de Venezuela y que se está librando en las goteras de Cúcuta. “Allá las masacres tienen un perfil más del crimen organizado”, precisa el analista consultado. En esa zona limítrofe la confrontación implica a ‘Los Rastrojos’ y a una antigua disidencia del Epl. (Leer más en: Guerrilla del Eln reconoce guerra en frontera con Venezuela)
Y sin ir más lejos, otro perfil tendría la ocurrida en el oriente de la ciudad de Cali, donde, en la noche del pasado miércoles, fueron asesinados y arrojados a un cañaduzal cinco jóvenes, entre 14 y 18 años edad, pobladores del barrio Llano Verde. Hasta el momento las autoridades no tienen claras las razones de la masacre.
Erlendy Cuero Bravo, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y coordinadora de Afrodes Cali, reside en este conjunto residencial construido en 2013 y destinado a población vulnerable. Allí viven cerca de 25 mil personas, en gran parte niños y jóvenes, en medio de grandes carencias.
La crítica situación económica se ha profundizado con la expansión de COVID-19 y las restricciones a la movilidad que han impuesto las autoridades para contener su propagación. En Llano Verde, según Cuero, gran parte de sus pobladores viven del rebusque diario, una de las actividades económicas informales más afectada con la pandemia.
“Son personas que tienen negocitos pequeños; las mujeres salen de trabajar como empleadas domésticas o vendiendo frutas, chontaduros en platones. Lo mismo los hombres en la construcción o vendiendo en una carreta productos para sobrevivir”, describe la vocera de Afrodes. “Y con ese tema de la restricción, se evita que las personas puedan salir a la calle. ¿Esto qué ha logrado? Que todos los conflictos internos que hay adentro se agudicen”.
Y si bien no se tienen claras las razones de por qué mataron a estos cinco muchachos de Llano Verde, la lideresa asegura que, con la crisis económica, hay un grave factor de riesgo, que continúa: “Los jóvenes están a merced a que haya cualquier tipo de estructuras que los pueden convencer, que se los llevan para trabajar a otro lado o que los utilicen para todo el tema microtráfico interno que hay en esta comunidad”.
“Políticas equivocadas”
Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa
En una rueda de prensa realizada ayer en el aeropuerto del municipio de Chachagüí, que sirve a la ciudad de Pasto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se fue lanza en ristre, y de manera velada, contra decisiones que se tomaron en el gobierno anterior del presidente Santos y por las altas cortes en relación con la manera cómo debían ser manejado el tema de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito.
“Nariño está sufriendo el impacto atroz del narcotráfico. Ese impacto se incrementó desde cuando se tomaron decisiones políticas equivocadas. Colombia estaba en la vía de acabar con los cultivos ilícitos. Gracias a políticas eficaces, el número de hectáreas de cultivos ilícitos había disminuido de 160 mil a 46 mil hectáreas”, dijo el Ministro.
Tal afirmación es una clara alusión a una cifra que ha manejado un sector adverso al Acuerdo de Paz y que alude a cómo habría dejado el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) el control de sembradíos, pese a que diversos estudios niegan esa versión, entre ellos el realizado por la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas del gobierno estadounidense que cifra la extensión para 2010 en 100 mil hectáreas.
Pese a la controvertida cifra, Holmes Trujillo agregó que al final de aquel gobierno “íbamos en la dirección correcta. Desgraciadamente, cuando esa era la tendencia buena para el país, se suspendió la aspersión, se construyó un discurso justificativo a la siembra de cultivos ilícitos y definieron beneficios que terminaron siendo beneficios perversos y que llevaron a que se incrementaran otra vez el número de hectáreas”.
Según el Ministro, gracias a las políticas del actual gobierno, lideradas por el presidente Iván Duque (2018-2022), se logró una reducción en 2019 del 9 por ciento de hectáreas sembradas. Según UNDOC, en el país se registraron 54 mil hectáreas, 9 por ciento menos que en 2018, que se estimaron en 169 mil hectáreas. En su intervención, aseveró que este año se erradicarían 130 mil hectáreas.
“Para lograrlo vamos a acudir a todas las herramientas posibles”, reforzó Holmes Trujillo. “Vamos a seguir erradicando, vamos a seguir con la sustitución de cultivos, vamos a seguir con los programas de desarrollo alternativo, y vamos a seguir cumpliendo con las determinaciones de la Corte Constitucional para asperjar de una manera segura para la salud y el medio ambiente”.
De acuerdo con el último monitoreo de UNDOC, “Nariño dejó de ser el departamento más afectado por cultivos de coca en 2019 al pasar de 41.903 hectáreas a 36.964 hectáreas sembradas”.
En su preámbulo, y antes de anunciar las medidas de seguridad que se tomarían para proteger las comunidades de Samaniego y del piedemonte nariñense, invitó a los colombianos para que “apoyen a la Fuerza Pública y que se ponga fin a las acciones y campañas de deslegitimación que algunos sectores han puesto en marcha”.
Finalmente, además de ofrecer una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del homicidio de los jóvenes en Samaniego, anunció la convocatoria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, una instancia interinstitucional creada bajo el Acuerdo de Paz y frente a la cual el actual gobierno nacional no ha respaldado plenamente.
Además, afirmó que se creará un Grupo de Tarea Especial para adelantar las investigaciones y los actos urgentes, liderados por la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Dijín, la Sijín y el CTI. Asimismo, dijo que un oficial del grupo antiterrorismo de la Dijín liderará las investigaciones por parte de la Fuerza Pública.
Además, comunicó que para fortalecer la seguridad en Samaniego se contará con un grupo de 30 unidades de reacción de la Policía Nacional, así como 20 expertos en investigación e inteligencia, y se implementará un centro de fusión operacional de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional con el objetivo de afectar los Grupos Armados Organizados en la región.
“Entre tanto, el Ejército Nacional asignará una compañía conformada por 120 integrantes de la FUDRA 4 para adelantar operaciones en la zona; el Batallón contra el Narcotráfico se desplegará en el municipio de Samaniego y una compañía de Fuerzas Especiales se desplazará hasta Llorente para apoyar estas operaciones”, se lee en un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa.
Esas últimas medidas que anunció el ministro Trujillo, fueron tomadas como respuesta a la masacre de nueve jóvenes en Samaniego. Sin embargo, hace trece meses la Defensoría del Pueblo solicitó, precisamente, que se mejoraran las condiciones de seguridad y de inteligencia de la Policía, para evitar que ocurrieran hechos lamentables como esa matanza.
