Por Alma De Walsche para MO*
Tras el violento desalojo de los municipios ocupados por los indígenas mapuches, el gobierno chileno ha vuelto a ser criticado duramente. Desde la Revolución de Octubre del año pasado, la lucha mapuche ha simbolizado un contra-movimiento después de una política de exclusión, racismo e intolerancia que ha durado décadas. Sin embargo, ni siquiera los mapuches quedan impunes.
Los hechos datan de principios de agosto y tuvieron lugar en La Araucanía, la IX Región, a unos setecientos kilómetros al sur de la capital, Santiago. En cinco municipios -Curacautín, Traiguén, Victoria, Ercilla y Collipulli- decenas de mapuches han ocupado el municipio desde finales de julio. Esta acción se realizó como solidaridad con los mapuches encarcelados – «presos políticos», según los activistas-, que llevaban tres meses en huelga de hambre para llamar la atención sobre sus reivindicaciones nunca escuchadas.
El Ministro del Interior, Víctor Pérez, fue allá pero se negó a hablar con los ocupantes. Niega rotundamente que haya prisioneros políticos entre los mapuches encarcelados. Según Pérez, esto es un conflicto de grupos criminales bien organizados, con un plan claro. Ordenó a los alcaldes que evacuaran las ocupaciones.
Después de esa decisión, el movimiento civil APRA, que significa Asociación por la Paz y la Reconciliación en la Araucanía, tomó la ley en sus propias manos. A pesar del toque de queda, que fue declarado a raíz de la pandemia COVID-19, lanzó un llamamiento para el uso de palos y piedras para expulsar a los mapuches.
Esto sucedió en la noche del sábado 1 al domingo 2 de agosto, mientras los policías vigilaban pero sin intentos serios de evitar la violencia. Se incendiaron varios camiones y dos municipios y se detuvo a unos cuarenta mapuches. El conflicto continuó ardiendo la semana pasada, y una decena de mapuches incendiaron una serie de camiones y máquinas.
«Ya hemos pasado por esto antes»
El hecho de que los ciudadanos tomen la ley en sus manos y se enfrenten a otros ciudadanos, tiene mucho que ver con la política que se niega a mirar las raíces históricas del problema. Pero en el contexto de la Revolución de Octubre, se trata de una evolución peligrosa, según Cristian Riego, abogado y profesor de la Universidad Diego Portales de Santiago. «Sabemos cómo funcionará esto en nuestro país», dice Riego.
«Realmente veo un deterioro de la situación, desde ambos lados. Los mapuches se inclinan cada vez más por el uso de la violencia y el Estado no puede reprimir esa violencia con métodos legales», responde Riego por correo electrónico a MO*.
La única alternativa según Riego, es permanecer en el diálogo. «Creo que en algún momento el movimiento mapuche tendrá que distanciarse del uso de la violencia, porque les causa mucho daño. Pero el Estado también necesita una reforma, lo que parece muy difícil en este momento. Todo lo que ves ahora son crecientes expresiones de autoritarismo».
Chile ha conocido el Pinochetismo (Augusto Pinochet fue dictador chileno desde el golpe de Estado de 1973 hasta 1990, ed.). «Ciertos segmentos del Estado no se prestan a intervenciones violentas y brutales. Los mapuches, que hoy refuerzan sus reivindicaciones, por cierto muy justificadas, son sobre todo jóvenes que no conocen este pasado de represión. No se dan cuenta del efecto de la violencia en la población. La violencia -incluida la de baja intensidad- es un monstruo que crea odio y miedo y proporciona apoyo al otro monstruo, el de la represión. Ya hemos pasado por esto antes», advierte Riego.
El legado de Pinochet
Los hechos causaron una gran conmoción, en parte porque esta vez no se trataba de violencia policial contra los mapuches ocupantes, sino de violencia de civiles organizados con una actitud claramente racista. Todo esto sucedió bajo el ojo aprobatorio de la policía y sólo los Mapuche fueron arrestados.
Según José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, es particularmente preocupante la forma en que se violan sistemáticamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Chile es signatario.
La oposición chilena también está indignada. En particular, las acciones del Ministro del Interior Pérez, que sólo llevaba unos días en el cargo, suscitaron indignación. Desde la Revolución de Octubre y las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de la policía chilena, el cargo de Ministro del Interior ha sido un indicador de la verdadera voluntad de cambio dentro del gobierno de Piñera.
El nombramiento de Víctor Pérez no es muy esperanzador en este sentido: el hombre pertenece a la derecha UDI (Unión Democrática Independiente) y es un pinochetista convencido. Fue alcalde bajo Pinochet y estuvo estrechamente vinculado a la infame Colonia Dignidad, un bastión donde se refugiaron ex-nazis y donde los opositores al régimen fueron encarcelados y torturados durante la dictadura.
Pérez es el representante de los grandes terratenientes de la región de la Araucanía. Varios miembros de la oposición incluso ven el nombramiento de Pérez como una provocación. Su predecesor, Andrés Chadwick, se vio obligado a renunciar el año pasado y fue condenado por su rol en el asesinato del mapuche Camilo Catrillanca, en noviembre de 2018.
Catrillanca fue víctima de la Operación Huracán. En estas operaciones, el Ejército, en colaboración con los servicios de inteligencia, persiguió sistemáticamente a los líderes mapuches, acusándolos de actividades terroristas. El informe final de la investigación de Chadwick establece claramente que la muerte de Catrillanca fue el resultado de la política deliberada y consciente de violencia institucional contra el pueblo mapuche y su criminalización. Y eso debe terminar, según los partidos de oposición.
En una carta conjunta a la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Indígenas y para la Protección de los Derechos Humanos, los senadores de oposición piden al Estado chileno que rinda cuentas. La oposición en el Parlamento también pide que se investigue la actuación de los diversos órganos responsables de la ley y el orden y la seguridad a nivel regional y nacional, dada la escalada de violencia en la que los civiles están tomando ahora la ley en sus propias manos.
Un problema histórico y estructural
El conflicto mapuche ya no es un problema regional, es una herida profunda en la historia de Chile. El periodista Héctor Cossio del medio de comunicación digital El Mostrador habla de un conflicto latente de 140 años.
Desde el regreso a la democracia hace treinta años, ningún gobierno ha tenido el coraje o la voluntad política de abordar el tema. Los mapuches reclaman el reconocimiento de sus territorios ancestrales, pero esta demanda es diametralmente opuesta al modelo de crecimiento chileno, en el que las empresas agrícolas y forestales, en su afán de expansión, reclaman cada vez más tierras en la región donde viven los mapuches. La lucha de los mapuches es, por lo tanto, simbólica de la lucha contra el modelo neoliberal extremo que Chile ha venido construyendo desde la época de Pinochet, y la bandera mapuche se convirtió en el icono de la Revolución de Octubre.
El senador Francisco Huenchumilla del partido de oposición Democracia Cristiana, cree que es hora de un mea culpa de la política. El gran error, según Huenchumilla, es que los políticos piensan que sólo es un problema de pobreza que puede ser resuelto con políticas sociales, y un problema de seguridad pública que debe ser resuelto por la policía y el poder judicial. Pero este es un problema político histórico, según Huenchumilla, que se remonta al hecho de que el Estado se apoderó de sus tierras en el siglo XIX.
Los mapuches no son (ya) unos cobardes
Patricio Fernández, redactor jefe del periódico chileno The Clinic, también se refiere a este contexto histórico pero matiza la indignación. En una entrevista hecha por WhatsApp con MO* afirma: «Los que ahora están en huelga de hambre, y una serie de grupos radicalizados dentro de los Mapuches, no son necesariamente los mejores representantes de este conflicto histórico. Los mapuches capturados no son frijoles sagrados. No es del todo correcto llamarlos prisioneros políticos, tienen algo en mente: incendio, asesinato u homicidio, crímenes graves».
Fernández continúa: «Los mapuches tampoco son una gran familia. Hay diferentes visiones, tienen diferentes posiciones, en política votan por la derecha y la izquierda. Lo que sí tienen en común es que luchan por el reconocimiento de sus tierras, que se les reconozca su identidad cultural y que se deje de tratarlos con desdén y racismo. Pero esto no justifica su uso de la violencia. El proceso de la nueva constitución va a ser un momento muy importante».
La Revolución de Octubre forzó un plebiscito sobre la revisión de la Constitución. Normalmente esto debería haber tenido lugar en abril, pero debido a la pandemia de COVID-19, el plebiscito se trasladó a octubre. En la actualidad, el debate sobre la participación de los mapuches en la asamblea constituyente que se va a establecer, que debe dar forma a la nueva Constitución, sigue abierto.
