Inquietante coincidencia. Mientras grupos violentos de la derecha atacaban mapuches que se habían tomado municipios en la Araucanía, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe era detenido en Bogotá por su responsabilidad en los crímenes del paramilitarismo. La justicia por mano propia, que caracterizó a Uribe, es la que impulsan extremistas de derecha en la zona mapuche.

El desalojo violento de comuneros, que protestaban en municipios de la Araucanía, no ha sido el único episodio protagonizado por Gloria Naveillán, la militante de la UDI y vocera de la Asociación Para la Paz y la Reconciliación de La Araucanía (APRA). Ella se ha caracterizado por el odio y racismo contra los mapuches. Pero, esta vez, se le pasó la mano. A la cabeza de los militantes de la APRA, dirigió la agresión con palos, golpes e insultos a los comuneros, mientras Carabineros no intervenía.

Hay algo más delicado. Poco después vino la declaración de la Multigremial. Los 165 gremios que la conforman golpearon la mesa, exigiendo “a todos los poderes del Estado- Ejecutivo, Legislativo y Judicial- actuar en el menor plazo posible para recuperar la paz social y hacer prevalecer el imperio de la ley en todo el territorio nacional”. O, de lo contrario, “tomaran acciones de otro tipo”. Una grave amenaza contra los poderes del Estado. Las “acciones de otro tipo” anuncian un camino propio contra los mapuches, si los poderes del Estado no actúan al gusto de la Multigremial.

Si no son frenadas las peligrosas acciones y declaraciones de la patronal, junto a sectores de la extrema derecha, el sur de nuestro país será atrapado en las garras del paramilitarismo. Es el camino que siguió Uribe en Colombia, que condujo a la tragedia.

La reciente detención de Uribe, por soborno y fraude procesal, por el pago a testigos que en el pasado fueron paramilitares, vinculan al expresidente a graves delitos. Se estima que ahora será posible avanzar en una docena de investigaciones que existen en la Corte Suprema contra Álvaro Uribe y más de 40 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. En todos ellos se encuentran delitos sobre paramilitarismo y narcotráfico, con más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales durante sus mandatos presidenciales en los años 2002-2010. (“El arresto de Uribe…” en el blog El lado oculto de la noticia, 08-08-2020)

Las acusaciones contra el expresidente y su hermano, Santiago, apuntan a la creación, en 1996, del Bloque Metro, grupo paramilitar, participante de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC protagonizaron numerosas masacres en zonas rurales, con la complicidad de las autoridades, lo que les permitió financiarse con el narcotráfico. También, las investigaciones judiciales vinculan a los Uribe al Cartel de Medellín y con el propio Pablo Escobar, y el financiamiento de éste a sus campañas electorales de 2002 y 2006.

Así las cosas, la causa por la que la Corte Suprema colombiana ordenó el arresto domiciliario de Álvaro Uribe, el pasado 4 de agosto, podría dar a luz una de las páginas más siniestras de la historia colombiana de las últimas cuatro décadas.

Seguir el camino de Uribe en Chile, al que parecen apuntar la APRA y la Multigremial, comienza con la “autotutela”, sigue con el paramilitarismo y termina en una tragedia. La justicia por mano propia y prescindir del Estado solo puede agravar el drama social y político que se vive en la Araucanía. Por ello es tan grave que Carabineros sea complaciente con los civiles que atacan a los comuneros mapuches.

Civiles armados no tienen derecho a desalojar mapuches de las instituciones públicas, menos cuando se trata de una acción solidaria y pacífica en defensa de la vida de sus compañeros, que están muriendo en huelga de hambre. Para ello está la intervención de fuerza pública, y a solicitud de las autoridades correspondientes.

Hay que decir las cosas como son. La tensa situación que actualmente se vive en la Araucanía es consecuencia de los abusos, discriminación, injusticias y robo de tierras que ha sufrido el pueblo mapuche. Y, la responsabilidad principal le cabe al Estado de Chile que en el siglo XIX decidió, a sangre y fuego, colonizar la Araucanía. Luego, para empeorar más las cosas, durante la dictadura de Pinochet, las forestales, con subsidios del Estado, destruyeron los ecosistemas de la tierra mapuche, plantando pinos y eucaliptos, que empobrecieron aún más a su pueblo.

La solución al “conflicto mapuche” no radica en el poder judicial. El despojo de tierras exige restitución y frente al racismo la respuesta es un estado plurinacional y multicultural. La protesta, las huelgas de hambre y la violencia en la Araucanía no se detendrán mientras no se llegue a un acuerdo político entre chilenos y mapuches.

La violencia se agravará si se consolida la “autotutela” y emerge el paramilitarismo, que se muestra latente en los colonos chilenos, organizados en la APRA y en la Multigremial. El camino de Álvaro Uribe es peligroso y conduce a la tragedia.