por redaccion@criterio.hn
Mientras los grupos indígenas y afrodescendientes permanecen en confinamiento, los proyectos extractivos continúan funcionando con carta blanca del Estado, así lo señala el informe “El abandono tiene rostro y consecuencias” presentado por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y Oxfam.
El documento hace una radiografía a la exclusión, violencia y discriminación que viven los pueblos indígenas y negros durante la pandemia de Covid-19 en Honduras; producto de las políticas reactivas, opacas y que claramente tienen como objetivo garantizar los intereses de un sector importante de la empresa privada.
Entre los cuestionamientos del manejo de la pandemia compartidos desde los territorios y pueblos destacan: la falta de acceso a información científica sobre la Covid-19 en su idioma; el irrespeto a las medidas de protección territorial de los pueblos; la ausencia de consulta previa, libre e informada sobre las políticas públicas; así como la no inclusión de las comunidades indígenas y negras en las políticas sanitarias y de asistencia humanitaria. También, remarca la discriminación en la asignación del gasto público e inversiones; y la politización de la ayuda por el partido en el poder.
En relación a la resiliencia de los pueblos frente a los proyectos extractivos que amenazan a las comunidades, el documento indica que la cuarentena por el contagio del Covid-19 se instala en medio de un ambiente de conflictividad, impacto ambiental y violaciones de derechos humanos y otras problemáticas preexistentes que no han parado en medio de la pandemia. Remarcando incluso que las y los defensores experimentan encarcelamiento, saqueos ilegales de bosque y hasta el asesinato de defensores que estaban bajo la tutela del Estado dentro del mecanismo nacional de protección.
Además, subraya la implementación de políticas de alto impacto en el ambiente con un marcado sesgo a favor de los empresarios, con medidas que suponen una riesgosa flexibilidad en el licenciamiento de los proyectos extractivos a nivel nacional. Llegando incluso a habilitar una plataforma digital para que los proyectos de explotación de los recursos naturales puedan gestionar licencias y otros trámites ambientales en medio de la pandemia.
“Aquí en el territorio lenca hemos estado en resistencia pasiva y activa debido a que las empresas madereras pretendieron aprovechar el tiempo de pandemia para la tala del bosque y sustracción furtiva de la madera”, denunció una lideresa del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz- Honduras (MILPAH).
Un ejemplo claro de las violaciones a los derechos humanos que viven los pueblos indígenas y negros durante la pandemia, fue el secuestro de Alberth Sneider Centeno, un activista de los derechos humanos y protección del medio ambiente de la etnia Garífuna, así como de otros tres habitantes socialmente comprometidos del Municipio de Triunfo de la Cruz.
Ante este panorama de intensificación de violencia contra indígenas y afrodescendientes, el informe concluye que el Estado de Honduras no está cumpliendo su rol de garantizar el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales; y le urge a que tome medidas concretas y garantice la salud y protección de la vida de los pueblos.
