por Redacción Criterio.hn

Por más de un año se ha prolongado -y no aún no finaliza- la audiencia preliminar en contra del presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo Mejía, a quien la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) supone responsable a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores.63

Ahora, en lo que el Ministerio Público califica como una nueva táctica dilatoria, la defensa privada del imputado presentó un recurso de nulidad con el que pretende descalificar los hallazgos del dictamen pericial de vinculación criminal, ya que el mismo es prueba clave en el proceso, al lograr concatenar el cruce de mensajes y llamadas, entre David Castillo y el exmilitar, Geovanny Bustillo, condenado por el crimen de la líder indígena, quienes hacen todo un seguimiento al plan de asesinato que finalmente se perpetró el 3 de marzo de 2016 en su vivienda en la Residencial El Líbano de la Esperanza, Intibucá.

La parte defensora basa su recurso de nulidad en peritajes elaborados en un mes por técnicos de nacionalidad estadounidense y mexicana que contrató el encausado, mismos que no cumplen con los requisitos por vicios en la forma, pudiendo mencionar aspectos como que algunos dictámenes se propusieron en inglés obviando su traducción como establece el Código Procesal Penal, otros si se tradujeron pero no fueron firmados por el intérprete juramentado en el proceso y uno denominado por ellos como de vinculación o no, fue presentado sin firma ni sello del ingeniero extranjero que lo practicó.

Ante esos vicios, los Fiscales personados en la continuación de la audiencia preliminar solicitaron que dichos dictámenes se declaren inadmisibles y por tanto sean desestimados, a efecto que se dé continuidad al proceso y se emita el respectivo Auto de Apertura a Juicio. A su vez se pidió por parte del Equipo Fiscal el cómputo de los retrasos y dilaciones producto de las actuaciones de los apoderados legales del procesado, pues a éste le está por vencer la Prisión Preventiva, lo que debe de considerarse para que le extiendan el tiempo de vigencia de la referida medida cautelar.

No obstante, más allá de ser un mero tema de forma, a criterio del Ministerio Público, la defensa busca con la nulidad planteada esconder el fondo del caso y trata de disfrazar el hecho que la pericia atacada acredita plenamente que David Castillo se coludió con el resto de los ahora condenados, siete en total, para darle muerte a la ambientalista Berta Cáceres.

A lo largo de las investigaciones de la llamada “Operación Jaguar”, la FEDCV y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), han recabado una serie de pruebas e indicios, que junto al análisis de extracciones y vaciados telefónicos, georreferenciación y labores complementarias hacen referencia al pago hecho por el entonces presidente de DESA a los sicarios que cometieron este crimen de alto impacto social.

Asimismo, de acuerdo con los trabajos de inteligencia y pruebas científicas practicadas por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la ATIC, Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos.

Vale recordar, que la primera condena por este sonado caso se obtuvo el 29 de noviembre de 2018 en contra de Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, culpables por el delito de asesinato en perjuicio de Beta Isabel Cáceres Flores y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido.

Su juicio se desarrolló durante cinco semanas y los Fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas, donde se demostró la participación que tuvieron los condenados, antes, durante y después del hecho.

El MP subraya que la causa aún sigue abierta y se trabaja en identificar otros autores intelectuales involucrados en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres.