La economía española tiene unas debilidades estructurales conocidas como son la especialización productiva y una dependencia de sectores muy volátiles, un sector público reducido y unos niveles de pobreza, de desigualdad y de precariedad laboral desproporcionados para una economía considerada “rica”. La desigualdad es particularmente elevada. El índide de Gini es de los más desigualitarios de la Unión Europea.
La situación para la mayoría de la población no rica es devastadora. Debe recordarse una vez más que esta «nueva normalidad» se da no a partir de una situación parecida a la que empezó la crisis de 2008 sino precisamente cuando la mayor parte de la población no rica ya había sido castigada por las medidas de austeridad impuestas por la gran mayoría de gobiernos del mundo. En el reino de España, durante la crisis que se inició en 2008, los ricos sacaron réditos gracias a las políticas económicas de los gobiernos de turno en este período del PSOE y del PP. Entre 2007 y 2017, antes de la pandemia del Covid-19, el 1% de los más ricos en el reino de España incrementó su riqueza un 24% mientras que el 90% solamente lo hizo un 2%, según el relator de la ONU Philip Alston.
Decíamos en una pequeña nota editorial que “[C]on pasos cada vez más decididos, el actual gobierno de coalición se retira de sus medidas más progresistas.” El llamado “gobierno más progresista de la historia”, sea eso ajustado a la realidad o simple ridiculez propagandística, tiene que decidir: o plegarse a los intereses de la patronal y la poderosa derecha económica, o hacer política económica en beneficio de la población no rica. Ante la campaña decidida de la extrema derecha y la derecha extrema contra este gobierno en clara connivencia con distintos aparatos del estado como el judicial y militar, si opta por razones de “realismo” y “mal menor” por la primera alternativa, este gobierno tiene los meses contados. Si opta por la segunda puede ampliar su base social y mantenerse con los apoyos que le dieron la posibilidad de gobernar. El gobierno hasta el presente está optando por la primera alternativa. El impuesto a las grandes fortunas ha desaparecido del horizonte, la derogación de la contrarreforma laboral del PP está en el congelador y la propuesta “estrella” del muy limitado Ingreso Mínimo Vital ya ha demostrado pocas semanas después de su aplicación las previsibles insuficiencias, las trabas burocráticas absurdas y todos los defectos propios de los subsidios condicionados, como era fácil de prever excepto para los entusiastas poco analíticos. Pero quizás debamos explicarlo con más detalle.
La política económica, tal como indica el orden de las palabras, es primero política y después económica. No hay nada más constatablemente falso que las cantinelas más repetidas por casi todos los gobernantes europeos incluido el gobierno español: “unidad para salir de la pandemia”, “son las medidas que el país necesita”, “todos debemos sacrificarnos para salir adelante”, “toda la población saldrá beneficiada”, etc., etc. Ni una medida de política económica mínimamente importante es neutral en un sentido preciso: que perjudica o beneficia a toda la población. Toda medida de política económica perjudica a unos sectores sociales y beneficia a otros. Cosa bien distinta es la (supuesta) justificación que se da en cada caso por parte de los responsables gubernamentales. Primero se decide a qué sectores sociales va a favorecerse y después se instrumentan los medios económicos que hará posible lo primero. El gobierno tiene la facultad de redistribuir o de trasladar el dinero de la parte superior a la inferior y a la intermedia y viceversa. Esta es la responsabilidad y elección de todo gobierno, incluido el actual: de qué parte está. Las monsergas de que está con “todo el país”, “toda la población” y la “unidad de todos” ya sabemos que son de cara a la galería y falsas hasta la médula. No se puede apoyar a la vez a la CEOE y a los trabajadores y trabajadoras, no se puede contentar a las empresas del IBEX y al 21% (seguro que ahora es un porcentaje mayor como pronto corroborarán los datos) de la población que es pobre.
Desde Sin Permiso hemos explicado repetidamente que en la actual situación, además de las medidas evidentes como la retirada de la contrarreforma laboral del PP, es preciso la instauración de una renta básica de una cantidad al menos igual al umbral de la pobreza y de una renta máxima o una aproximación mediante un impuesto a las grandes fortunas que no sea simbólico. Por ejemplo, con un impuesto del 10% a la decila más rica en patrimonio de la población del reino de España (sin contar su vivienda de residencia por lujosa que fuera), podrían obtenerse más de 96.000 millones de euros. Una cantidad muy superior a las pensiones de jubilación. Y los ricos seguirían siendo ricos: estamos hablando no de propuestas radicales, sino de resistencia.
Son medidas defensivas, son medidas de resistencia ante una situación extraordinaria, son medidas que podrían ampliar la base social de este gobierno. El gobierno decidirá si ese es el camino que quiere emprender o el contrario, como parece haber elegido.
Aquí solamente se ha comentado acerca de las medidas de política económica, no se ha mencionado otras de tipo democrático (o su contrario) del actual gobierno como su pasividad cómplice ante los restos franquistas muy vivos del Tribuna Supremo con los presos políticos catalanes, o la complicidad con la monarquía borbónica corrupta. Tiempo habrá para volver a ello.
