Por Ximena Soza

Durante la madrugada del 1 y 2 de agosto, bajo la luna creciente se escuchaba el afafan de los Mapuche en la municipalidad de Curacautín, Chile. Ese llamado de fuerza al wenu mapu o tierra de arriba, tendría que devolverse en un eco veloz que protegiera a hombres, mujeres y niños mapuche que estarían a punto de ser violentamente atacados por un grupo de civiles, pertenecientes a organizaciones de extrema derecha, quienes inspirados por el discurso de odio del ministro del interior Victor Pérez y el intendente de la región de La Araucanía, Víctor Manoli develaron en palabras y acciones la violencia racial con la que el Estado de Chile persigue a este pueblo milenario a través de sus jueces, fuerzas policiales y militares, los colonos y los dueños de las empresas forestales, a quienes los gobiernos de Chile les han entregado los privilegios no merecidos de un sistema en el que el colonialismo esta fuertemente arraigado.

Las sedes municipales de Curacautín, Lonquimay, Victoria, Traiguén, Galvarino y Collipulli, todas en la región de la Araucanía (zona con gran población Mapuche), fueron declaradas “en toma” por miembros de comunidades Mapuche durante la ultima semana de julio, en apoyo a los presos políticos de este pueblo que cumplen 3 meses de huelga de hambre. Esta huelga a los que se han sumado 27 hombres mapuche privados de libertad en diferentes cárceles del país, es considerada por ellos la única medida de presión que les queda para exigir que el gobierno de Chile cumpla con lo estipulado en el convenio 169 de la OIT que establece explícitamente que en caso de sentencias a la cárcel, los miembros de pueblos originarios pueden cumplir sus condenas de formas que respondan a su cosmovisión y formas de vida, haciendo valer sus derechos consuetudinarios. El gobierno hasta ahora solo ha ofrecido beneficios extra carcelarios pero no la aplicación del convenio que fue ratificado en Chile hace 12 años.

Durante el fin de semana, estas protestas pacíficas fueron violentamente desalojadas por policías, militares y civiles convocados por organizaciones de ultraderecha, como la Asociación para la Paz y la Reconciliación de La Araucanía (APRA) quienes a través de Gloria Naivillan fueron llamados a presentarse en la plaza de Traiguén con palos y otros elementos contundentes para atacar a los y las Mapuche y forzarlos de manera violenta a dejar el municipio. A este llamado acudieron aproximadamente 150 personas quienes como una horda medieval se presentaron en el edificio municipal gritando cánticos racistas.

Al mismo tiempo en las municipalidades de Victoria y Curacautín se realizaban acciones similares. En Victoria quemaron un rewe, símbolo sagrado de la cosmovisión mapuche. En Curacautín la turba se presentó coreando al compás de saltos “el que no salta es Mapuche”, frase usada en protestas durante la dictadura militar en su versión “el que no salta es Pinochet”, es decir, no saltar indica que uno se identifica con aquello que uno desprecia. Durante este episodio también se registró la quema de dos camionetas pertenecientes a los miembros de la comunidad Mapuche y se identificó a personas heridas, todo esto sin que la policía interviniera, salvo para detener solo a una veintena de personas Mapuche, incluidos menores de edad. Cabe destacar que la hora de estos ataques, la ciudad se encontraba bajo restricciones horarias para que los ciudadanos circularan en la vía pública y aun así, la policía no se encargó de reprender a estos civiles.

Momentos antes de presentarse este grupo en los distintos municipios, se registró una llamada cuyo audio fue difundido en redes sociales en la que un hombre pide a un policía permitirle a él y a otros civiles irrumpir una de las tomas y “sacarse la rabia” atacando a los y las mapuche. La explicación que el hombre da es que los Mapuche en toma están haciendo uso de un edificio que es de todos y que no puede hacer trámites ahí por el motivo de la protesta. Ante la negación del policía por motivos legales, a pesar de encontrarle “toda la razón”, el hombre insiste que solo necesitan no intervenir y dejarlos hacer lo que ellos tenían planeado. El policía reitera que “lamentablemente” y que “desgraciadamente” él no podía permitir eso porque después ellos podrían ser acusados de no cumplir con la ley. Antes de colgar el civil le dice al policía “vamos a ir igual” y la comunicación se corta cuando ambos ríen.

Un día antes de realizarse estos hechos, el nuevo ministro del interior que acababa de asumir su cartera, Víctor Pérez, en su visita a la Wallmapu o territorio ancestral Mapuche, dio declaraciones que como un espejo reflejan el mensaje de odio de estos grupos que atacaron verbal y físicamente a los y las Mapuche. Pérez dijo en relación con la toma pacifica de los municipios “el hecho de que se tome una municipalidad, el hecho de que se impida el trabajo de un municipio, lo que hace en definitiva es afectar profundamente a todos los habitantes de esa comuna” y el civil que llamó a carabineros dijo: “Están destruyendo, nuestra municipalidad que nos sirve a todos, yo tengo que hacer papeles y no los he podido hacer…le servimos a ustedes, porque le estamos sacando a gente que están destruyendo algo a ustedes y algo de nosotros”.

Comentarios con el mismo tono se pueden encontrar en varias páginas de organizaciones racistas y también los hemos visto en el discurso de otras entidades de gobierno, empresarios y dueños de medios de comunicación chilenos, lo que es grave viniendo de entidades en el poder, ya sea político o mediático, ya que por una parte, los encargados de la información del país pueden diseminar sus propias creencias racistas a través de la información que promueven. Andrónico Luksic por ejemplo, empresario y dueño de un importante canal de televisión abierta en Chile, dijo, según lo reportado por Interferencias.cl el día 2 de agosto, que “ciudadanos han tomado en sus manos la necesidad de reponer orden ante el desborde de violencia e incapacidad de autoridad local en Araucanía”. Por su parte el intendente de la región chilena de La Araucanía, Víctor Manoli, aseguró el martes anterior a los hechos que “no existen los presos políticos mapuches” si no que estos serían delincuentes comunes, culpables de crímenes violentos. El peligro de estas declaraciones por autoridades es que legitiman la violencia racista en contra del pueblo-nación Mapuche. La radio Kurruf reportó el día 3 de agosto que se habían encontrado múltiples carteles con mensajes racistas en diferentes lugares de la región. Durante las manifestaciones, se reportó que la misma policía gritó insultos a los y las Mapuche, como por ejemplo “India de mierda”.

Chile es uno los países firmantes del Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas condena “las prácticas de segregación y discriminación” y define como discriminación racial “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. La declaración prohíbe el racismo y la discriminación y el fomento de estos y asegura que los estados firmantes se comprometen a “no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas o grupos de personas”. Al estar dentro de la lista de países que han firmado este acuerdo y al permitir que miembros del gobierno y personas en puestos públicos o en posiciones influyentes fomenten el odio racial a través de sus discursos, el estado de Chile esta violando este documento internacional.

Cada uno de los días posteriores a estos ataques se han registrado en los alrededores de Ercilla diferentes manifestaciones de odio y violencia en contra de las comunidades mapuche, incluso se han presentado tropas militares altamente armadas y ha habido heridos con lesiones de diversa gravedad. En Collipulli fuerzas del estado se presentaron lanzando lacrimógenas que hirieron a varias personas, incluso en el rostro, para posteriormente proceder a detener a dos personas, una de ellas puesta en prisión preventiva y otra con arresto domiciliario. Un hombre fue golpeado por un policía con una patada que le hizo perder varias piezas dentales, cuando recibió la patada, esta persona yacía esposada y en el suelo. Autoridades Mapuche también fueron violentadas, en Lumaco el longko, Juan Nahuelpi del lof Liukura de Lumaco, fue baleado con perdigones en la cara y la werken, o vocera, Ana Llao también fue violentamente detenida.

Los discursos de odio racista vulneran convenios internacionales firmados por Chile. El hecho de que los discursos de odio provengan de autoridades de gobierno, muestra que este discurso está avalado por el Estado y que se cuela a sus instituciones. En el caso de las fuerzas policiales y militares el discurso de odio se traduce a represión y persecución que viola los derechos humanos y los derechos de pueblos originarios que le pertenecen a los y las Mapuche. Cuando la población civil incurre en acciones racistas inspirados en las prácticas y los discursos racistas del Estado, el Estado es también responsable por dichas acciones. Los hechos de violencia y discriminación ocurridos en el comienzo de agosto en diferentes áreas de Wallmapu develan que en Chile existe un racismo profundo en contra del pueblo- nación Mapuche, este racismo es una violación grave que debe ser juzgada y condenada.