La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por fraude procesal y soborno en presunta manipulación de testigos.
La noticia fue confirmada por el mismo expresidente Uribe a través de su cuenta de Twitter: “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”.
Esta decisión se tomó por cuenta de la ponencia del magistrado César Reyes que fue avalada por sus compañeros de Sala, excluida la magistrada Cristina Lombana, quien fue recusada por su cercanía a Uribe, mientras fungió como presidente y ella como miembro de la Fuerza Pública.
Hasta el momento no ha confirmado la determinación a la prensa, porque inicialmente se debe llevar a cabo la notificación a las partes del proceso.
Sobre la investigación
Uribe Vélez se encuentra ante los tribunales por la supuesta intención de manipular testigos que lo han señalado de tener nexos con el paramilitarismo.
Específicamente, quienes tienen en jaque al senador son Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez alias ‘Víctor’, exparamilitares condenados, quienes han reseñado que se les ha solicitado cambiar los testimonios para entregar ante la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía General ya le imputó los delitos de fraude procesal y soborno, al abogado Diego Cadena, quien defiende los intereses del senador Uribe. El abogado penalista, sobre quien pesa los mismo delitos que su defendido, declaró ser inocente por lo que lo acusan.
Sin embargo, la Fiscalía tiene pruebas en su poder que dan cuenta que Cadena junto con el también abogado Juan José Salazar, habrían abordado en las cárceles de Palmira (Valle del Cauca) y La Picota (Bogotá), a los exparamilitares condenados y mencionados anteriormente con el fin de que cambiaran la versión que entregarían ante el alto tribunal sobre una investigación que se surtía en contra del senador Iván Cepeda.
Lo que dijo la Fiscalía en la audiencia, es que Cadena habría abordado a alias ‘Víctor’ y le ofreció 200 millones de pesos a cambio de que mencionara que Cepeda le ofrecía favores carcelarios como pago de que hablara sobre la relación de Uribe y el paramilitarismo.
Cabe mencionar que alias Víctor es hijo de uno de los administradores de la finca Guacharaca, que fue de propiedad de la familia Uribe y desde donde, al parecer, habrían iniciado los señalamiento sobre los nexos con el paramilitarismo.
Si bien, según la Fiscalía, el plan maestro era que tanto Monsalve como alias ‘Víctor’ declararan en contra de Cepeda y con ello engañar a la Corte Suprema de Justicia, el plan se vino abajo cuando los pagos monetarios cesaron por parte de Cadena.
Lo que reportó el delegado del ente acusador es que a alias Víctor solo le habrían pagado 48 millones de pesos, en diferentes entregas, y cuando Cadena y Salazar incumplieron los pagos restantes, Víctor se rehusó a seguir con el plan. En su momento lo que dijo Cadena sobre estos hechos es que habían sido “ayudas humanitarias” para el exparamilitar, que a su juicio, días más tarde, se convirtieron en extorsiones.
Lo que le llamó la atención al fiscal del caso, es que Cadena y Salazar nunca denunciaron un acto de extorsión por parte del exparamilitar.
Alias Víctor, tras no tener el pago completo y Monsalve tras no recibir las supuestas asesorías jurídicas que les habían prometido decidieron cerrar todo tipo de negociación con los abogados y seguir actuando con base en lo que conocían de las acciones del senador Uribe.
Bajo ese entendido, así como la Fiscalía tiene un grueso expediente de Cadena y su abogado suplente, la Corte Suprema cuenta con información que vincula el mismo caso. Pues la investigación contra Uribe surgió, precisamente, luego de que el alto tribunal hallara que no tenía pruebas suficientes para investigar al senador Iván Cepeda, pero sí argumentos para abrir la indagación en contra del expresidente.
En este proceso, el senador Cepeda fue acreditado como víctima y ha asegurado que el abogado Cadena, de no ser cobijado con medida de aseguramiento, podría obstruir a la justicia, esto teniendo en cuenta que, según las pruebas, fue él quien buscó a los exparamilitares para que atestiguaran en su contra.
El senador Uribe, por su parte, ha negado categóricamente los señalamientos hechos en su contra, y si bien en octubre pasado, cuando rindió a indagatoria respondió a las presuntas hechas por el magistrado Reyes, una vez se abrió la investigación en su contra, en julio de 2018, consideró apartarse de su cargo como senador de la República.
Con el pasar de los días se sostuvo en su cargo, a la vez que avanzó el proceso, y su defensa ha dicho que cuenta con las pruebas suficientes para controvertir lo que han mencionado en su contra.
