El domingo 2 de agosto Jeanine Áñez, presidenta de facto de Bolivia, mediante un decreto arrebató el derecho sagrado a la educación de las y los niños y adolescentes del país, y clausuró el año educativo en los niveles inicial, primario y secundario, tanto de educación pública como privada bajo el argumento de evitar contagios por la pandemia. Sin embargo, el 10 de agosto se tiene previsto la apertura de los gimnasios, según la alcaldesa Angélica Sosa de Santa Cruz, el departamento con más contagios del país.
De esta manera, Bolivia se convierte en el único país del mundo en no tener una planificación alternativa para que los estudiantes puedan proseguir con sus clases en cuarentena, sea por la vía de clases virtuales, radios comunitarias, teleeducación, aplicaciones como Whats App, etc. Se dispuso que no haya aplazos y los estudiantes pasaran al grado siguiente automáticamente. Y solo se garantizará el pago de sueldos de los maestros fiscales.
Esta medida deja en la incertidumbre, además, el pago del bono Juancito Pinto que reciben las niñas y los niños como incentivo escolar con el fin de combatir la deserción escolar. Además, se quedarían sin trabajo miles de maestros y profesores que tienen contrato, pero no tienen ítem y reciben salario de los aportes de los padres de familia. Por otro lado, los colegios particulares no podrán pagar sueldos si los padres no pagan sus cuotas, por lo que han solicitado a Áñez que se haga cargo de ello. Con el cierre del año escolar la incógnita es donde irá a parar la plata del presupuesto establecido para el 2.020 para educación.
El 12 de marzo se suspendieron las clases y no fueron retomadas, tras el fracaso de la negociación del ministro de educación Víctor Hugo Cárdenas con los sindicatos de maestros y profesores de la zona rural y urbana. El ministro anunció el decreto 4.260 sobre educación virtual que establece 4 modalidades para la enseñanza, presencial, semi presencial, virtual y a distancia de forma unilateral. El decreto primero, encubre un plan de privatización de la educación y de exclusión de las comunidades indígenas rurales y la destrucción de la escuela tanto fiscal como rural. El decreto es inconstitucional y contradictorio, sostiene que “la educación es una función suprema del estado” y sin embargo, el decreto establece que “la educación virtual no significara recursos adicionales estatales”. Se exige que las escuelas deban contar con su propia plataforma educativa, cuyos costos deberían ser asumidos por los maestros y padres de familia, así como de las computadoras, celulares e internet. Lo que perjudica en especial a los padres con más de dos hijos. Segundo, el decreto liquida el principio de la educación única, dirigida y financiada por el estado, apunta a la descentralización de los municipios. El estado no se responsabilizaría de una propuesta curricular a nivel nacional y transfiere esta tarea a las unidades educativas, lo que sería un caos. Se liquida, de esta forma, el principio de la educación única, científica, fiscal y gratuita.
Bolivia cuenta con el servicio de internet más caro de Latinoamérica según Urgente.bo, debido a que principalmente no posee salida al mar para conectar directamente a la red interoceánica de fibra óptica, por la cual se trasmite información al mundo y debe contratar empresas intermediarias en otro país que nos conecte a la red mundial. El ministro Cárdenas pretendía dar clases virtuales sin que los costos para implementar ello los asuma el estado, transfiriéndolos a las familias y a los maestros, sin tener en cuenta la crisis económica que atraviesa el país. De esta manera se excluye de la educación a los sectores de escasos recursos y a cierta parte del sector rural que no tiene acceso a internet, sin hacer una propuesta alternativa para solucionar el problema. Tampoco brindo respuesta a las familias que exigían que se rebajen al 50% las cuotas de las escuelas privadas, ni a los estudiantes universitarios que exigen regulación en el sector.
Por estos motivos, en el país se llevaron a cabo múltiples marchas docentes en diferentes puntos del país, el 3 de julio fue la primera masiva en los 4 meses de cuarentena, que fue acompañada por una huelga de hambre que se inicio el 1 de julio por los maestros rurales. Otra el martes 14 de julio, a la cabeza de la central obrera boliviana (C.O.B.) a la que arribaron los maestros rurales, luego de cuatro días de caminata. Se rechazo el decreto 4.260 de educación virtual, 4.272 de reactivación de la economía y la contemplación del dióxido de cloro.
Responsabilidad de la cancelación año escolar es transferida a Evo Morales
El 2 de agosto Yerko Núñez, ministro de la presidencia transfirió la responsabilidad de la clausura escolar a Morales: “En vista del retraso tecnológico de las últimas décadas, este periodo será dedicado a la ampliación de las fibras ópticas, señal de satelital e internet, dotación de equipos tecnológicos (…) Durante estos 14 años no se invirtió en mejorar el sistema de internet, lamentamos que en provincias y muchos sectores del país, no hay internet y por eso se decidió clausurar el año electoral (…) se fortalecerá el servicio actual de educación radial y televisiva de instituciones públicas y privadas.”.
Las afirmaciones del ministro no corresponden a los enormes logros de la política en comunicaciones del gobierno de Evo Morales, ni se condice con el accionar de de su propio gobierno de facto que cerró 53 radios comunitarias en todo el país, ni con el desfalco que sus múltiples funcionarios que pasaron por ENTEL.
La política de comunicaciones del gobierno de Evo Morales estuvo marcado por tres hitos importantes, el lanzamiento del satélite Tupak Katari el 2013 que permitió la universalización del servicio de televisión, la introducción de la TV digital el 2018 y la nacionalización de la empresa de telecomunicaciones ENTEL el 2008 que desarrolla servicio 4G-LTE, lo que cambio rotundamente el alcance y calidad del servicios de telefonía fija y móvil, de la televisión abierta como por cable, de radios, y aumentó la cantidad de conexiones a internet.
En el 2005 la brecha digital, es decir, la desigualdad en acceso a los servicios de comunicación, evidenciados en la penetración de servicios telefónicos en el área rural era de 0,63% y en el área urbano de 60%, lo que repercutía en el acceso a la información y la comunicación en las comunidades. Al 2019 se extiende la cobertura de telefonía móvil a 13.691 localidades alcanzando al 97% de la población. El 3% restante corresponde a poblaciones alejadas.
Los avances en comunicación durante el gobierno anterior implicaron la ampliación de la red nacional de fibra óptica (canal transmisión de datos), que antes de la nacionalización de la empresa de telecomunicaciones ENTEL, contaba con 3.644 kilómetros de fibra óptica, y al 2019 se incremento a 18.138 kilómetros. El país registraba hasta el 2008 (radio base) 343 antenas y se incremento a 8.481 hasta el 2019. En Bolivia existen 16.476 localidades con población mayor o igual a 50 habitantes, hasta el 2008 solo 1.800 localidades tenían servicios de telecomunicaciones terrestres, al 2019 se incrementaron a 13.691, es decir, el 83% de estas localidades tienen servicios de telecomunicaciones terrestres. Por otro lado, a partir del 2013 todas las capitales de municipios rurales y urbanos cuentan con telefonía móvil e internet.
El 2009 se llevó a cabo un mega Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (PRONTIS) que se enfoca en el área rural. El programa incluyó la construcción de telecentros satelitales, radio bases y ampliación de la red de fibra óptica con una inversión de 300 millones de dólares, según el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas. Por otro lado, ENTEL llevó adelante un proyecto de ampliación de fibra óptica propio para el país desde la frontera hasta el Pacífico en territorio peruano con el fin de comunicarse de manera directa a la red mundial. Lo que permitiría negociar directamente con los operadores internacionales, mejorar la velocidad, llegar a cada rincón del país y reducir los costos de internet. ENTEL, además, había instalado su filiar en Perú el 2018 y obtuvo el 2019 licencia para prestar servicio en telefonía móvil e internet en el mercado peruano.
Los principales indicadores en comunicación fueron record, según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (A.T.T), el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (M.O.P.S.V.) y el Viceministerio de Telecomunicaciones: el número de líneas móviles en el 2005 fue de 2.421.402 y el 2019 trepó a 11.583.000, un incremento del 478%, con una penetración de casi el 100% en líneas celulares en el país. Las conexiones a internet el 2005 eran de 169.482, al 2019 aumentó a 10.117.177, 5.969 % más. El número de telefonía fija el 2005 era de 645.384, al 2019 se incremento a 683.835, 5,9 % más. El número de conexiones de televisión por cable al 2005 era de 82.529 y al 2019 aumentó a 599.064, un 725 % más. La cantidad de canales de T.V. al 2005 era de 169, al 2019 se incrementó a 641, 379 % más. La cantidad de radioemisoras FM al 2005 eran de 475 y al 2019 aumentaron a 1352, 284% más y las de AM eran 184 al 2005, al 2109 se incrementaron a 297, 161% más. El país quedo en una mejor posición que el promedio regional, según Pedro Roa, secretario en el regulador Subtel de Chile hasta el 2016.
Posterior al golpe, el 26 de enero del 2020 en una entrevista al diario Opinión, Elio Montes ex gerente de facto de ENTEL antes de fugarse a EU por corrupción, aprobó el programa PRONTIS del gobierno de Morales que estaba avanzado en un 90%, y se comprometió a concluirlo en 60 días, pero hasta la fecha no hay noticias al respecto. Por otro lado, Evo Morales el 2013 creó la empresa Quipus que ensamblaba computadoras y se distribuyeron estas a los estudiantes. El 4 de marzo del 2020, la fiscalía allanó la empresa, a solicitud de Áñez y secuestraron 10 mil celulares y 33 mil computadoras. La acusación es que la empresa generaba pérdidas y no utilidades.
El gobierno de facto no puede justificar la clausura del año escolar alegando una supuesta “falta de internet” en “toda” la zona rural, que es falaz, enfocar en ello solo devela su incapacidad, su mala fe, y la continuidad de avasallar los D.D.H.H., en este caso, el derecho a la educación garantizado en el país gratuitamente mediante la ley 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” y la ley 077. A nivel internacional por el art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el art. 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La principal barrera para acceder a educación virtual es económica, producto de querer delegar el financiamiento de la infraestructura para implementarla a las familias y a los maestros en un contexto de crisis económica, producto de las políticas neoliberales del gobierno de Áñez. Hay condiciones para continuar con el ciclo lectivo y es obligación del estado asegurarlo. Por otro lado, la responsabilidad de no implementar el programa PRONTIS que hubiera solucionado cualquier barrera tecnológica en la zona rural donde hiciera falta, es exclusivamente del gobierno de facto que se comprometió a ello en enero del 2020, a través de Elio Montes, ex gerente de facto de ENTEL. De todos modos, la población rural en el país es del 30%, si hubiera voluntad de trabajo, se podría utilizar estrategias alternativas como radio, teleeducación, diferentes aplicaciones como Whats App, envío de material, etc., para dicha zona como se lleva a cabo en los demás países.
El 4 de agosto el ministro de educación, ante una lluvia de condenas internacionales de UNICEF, O.N.U., etc., sostuvo que no se interrumpirá la educación virtual y a distancia, sin embargo en la resolución ministerial 0050/2020 no menciona la continuidad de estas modalidades de educación, solo la clausura. En este gobierno, los papeles y las acciones van por un lado, y los discurso por el otro. El dirigente de maestros rurales Andrés Huayta lamento las contradicciones de Cárdenas, Áñez y Yerko Núñez.
