El 18 de julio, hombres fuertemente armados vistiendo uniformes de la Policía Militar y de la Dirección Policial de Investigaciones irrumpieron en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y se llevaron de sus casas a cuatro activistas comunitarios, entre ellos el presidente del patronato Alberth Snaider Centeno, y a una quinta persona. Casi dos semanas después, los jóvenes siguen desaparecidos y las comunidades exigen su aparición con vida.
Junto a Centeno fueron secuestrados Milton Martínez Álvarez, Suami Mejía García y Gerardo Róchez Cálix, todos miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Comité de Defensa de las Tierras.
También fue secuestrado Junior Rafael Juárez Mejía, un allegado de la comunidad.
Las autoridades policiales han negado cualquier tipo de responsabilidad en el crimen, sin embargo tanto las comunidades garífunas como la Ofraneh responsabilizan al Estado de Honduras por los ataques sistemáticos sufridos en estos años.
Son 20 los miembros de las comunidades garífunas hondureñas asesinados el año pasado, en su mayoría comprometidos con la defensa de los territorios ancestrales y los bienes comunes.
El 20 de mayo de este año fue asesinado Edwin Fernández, miembro de la Ofraneh y encargado de la vigilancia del portón de entrada a la comunidad de Río Tinto.
Un mes después, desconocidos segaron la vida del líder comunitario Antonio Bernárdez, oriundo de la comunidad de Punta Piedra.
Según la Ofraneh, tanto la desaparición forzada de los jóvenes como la ola de asesinatos están relacionados con el expolio de territorios ancestrales garífunas a manos del gran capital nacional y transnacional, y con la lucha comunitaria de resistencia al extractivismo.
Sentencia Corte IDH
El derecho del pueblo garífuna sobre estas tierras ha sido objeto de un largo juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que en 2015 falló a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
En el fallo, los jueces ordenaron al Estado de Honduras demarcar las tierras ancestrales sobre las cuales se otorgó la propiedad colectiva a la comunidad, en dominio pleno y en garantía de ocupación.
Buena parte de estas tierras han sido usurpadas por empresarios y grupos de poder con el objetivo de desarrollar megaproyectos turísticos, expandir el cultivo de palma africana y para la construcción de viviendas privadas o con fines turísticos.
Cinco años después, el Estado no sólo sigue negándose a cumplir la sentencia, sino que “ha activado su alianza con la estructura criminal para mapear, perseguir, secuestrar, desaparecer y asesinar a los líderes y lideresas de las comunidades garífunas”, denuncia la Ofraneh en un comunicado[1].
“La respuesta del Estado a la sentencia ha sido una escalada de violencia contra el pueblo garífuna. Nos atacan, nos asesinan, quieren infundir terror en nuestra gente. Pero el pueblo garífuna está en pie de lucha y se moviliza dentro y fuera de Honduras”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.
“La juventud se ha puesto a la cabeza de la lucha, articulando espacios, exigiendo la aparición con vida de nuestros compañeros y el cumplimiento de la sentencia internacional”, agregó la lideresa garífuna.
Proyecto racista de exterminio
Para Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), el acto de violencia contra la comunidad de Triunfo de la Cruz se enmarca en un proyecto racista de desplazamiento forzoso del pueblo garífuna.
“No podemos hablar de rapto, ni de secuestro de los cinco jóvenes garífunas, sino de desaparición forzada a manos de quienes pretenden apoderarse del territorio y saquear los bienes comunes.
Hay una intención muy clara de querer exterminar todos aquellos que se oponen a este modelo explotador, y hay un patrón sistemático de violencia contra el pueblo garífuna y los liderazgos comunitarios”, advirtió Oliva.
Miriam Miranda agradeció las múltiples expresiones de solidaridad con el pueblo garífuna, y pidió más apoyo para seguir exigiendo la aparición con vida de los jóvenes, el cumplimiento de la sentencia y respeto para los derechos ancestrales.
“Todos estos jóvenes merecen otro futuro, pero para lograrlo debemos arrancar de raíz a este sistema podrido que nos ha hundido en la miseria, violencia e inseguridad. Hoy más que nunca necesitamos de otro pacto de convivencia”, concluyó Miranda.
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