26 años de utilización política del atentado a la AMIA/DAIA
por Jorge Elbaum
Más de un cuarto de siglo después del criminal atentado de 1994, la impunidad sigue rodeando las diferentes causas judiciales que surgieron a partir de la tragedia. Una de ellas es la que se encuentra solapada tras el mutismo enmascarado de la Corte Suprema de la Nación desde hace casi tres décadas. La segunda es la ligada al atentado en sí, que fue manipulada por el menemismo para alinearla con las demandas geopolíticas. Dicha contaminación fue perpetuada por Natalio Alberto Nisman, quien escenificó su labor de procurador con el doble objetivo de mantener sus prerrogativas y convertirse en un eslabón funcional (y redituable) de intereses extranjeros: desde 2010 se acomodó a las demandas de la derecha israelí y se adaptó a la seducción de los Fondos Buitre, intentando no despertar sospechas que motivaran su posible apartamiento de la causa.
El tercer capítulo judicial remite al encubrimiento erigido en torno a la causa del atentado, que devino en condenas para el propio juez instructor, Juan José Galeano, y una corte de funcionarios menemistas cómplices en fraguar pormenores de los sucesos. El cuarto apartado remite a la causa del Memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán, impulsado por Nisman antes de su fallecimiento y desestimado inicialmente por diferentes instancias judiciales. Las presiones del macrismo en el poder se combinaron con la fermentación obscena de algunos inquilinos de Comodoro Py. Ambos lograron resucitar el expediente con el objeto prioritario de lograr la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). El quinto eslabón remite al pretendido asesinato de Nisman que el macrismo intentó transformar en un magnicidio, para instituir en el imaginario social la complicidad del gobierno popular con la violencia homicida.
No pueden desestimarse la ramificación de litigios futuros. Uno de ellos relativo a la denuncia efectuada por Mario Cimadevilla, otrora Secretario de Estado en el periodo macrista, quien divulgó la solicitud extorsiva, expuesta por la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, destinada a garantizar la absolución de uno de los acusados por el TOF 2, el destituido fiscal José Barbaccia. Otra de las posibles derivaciones se vincula con el manejo fraudulento de las pericias encargadas a la Gendarmería Nacional por Patricia Bullrich, cuyos resultados contradicen los relevados oportunamente (in situ, dentro de la vivienda del fiscal) por el Cuerpo Médico Forense.
La ambigüedad, la confusión y la sistemática superposición de operadores judiciales influenciables contribuyen a garantizar el desconcierto y la impunidad. La suma kilométrica de expedientes y su falta de ordenamiento y jerarquización facilita la diversificación de operaciones de ocultamiento, plantación de pistas falsas e intentos de destruir evidencias. El derrotero de todas estas causas enmascara de todas formas una lógica coherente. Todas han sido sistemáticamente utilizadas y manoseadas por los alfiles del poder fáctico, con el objetivo de aprovechar su trascendencia geopolítica para para impulsar alineamientos internacionales adscriptos a la voluntad de Washington. Esa asociación evitó que varios funcionarios integrantes de los gobiernos del riojano y de Mauricio Macri fuesen imputados, juzgados o condenados. La confraternidad con el Departamento de Estado motivó que el menemismo respondiese a los requerimientos supra jurídicas planteadas por el gobierno de Israel, originando un galimatías progresivo en las líneas de investigación.
Esa deriva generó la necesidad de direccionar la pesquisa hacia Irán –más allá de las evidencias existentes–, esquivando toda pesquisa relativa a los parientes sirios de Menem, vinculados con la comercialización de drogas y aparatología bélica. El 3 de noviembre de 1995, un poco más de un año después del atentado a la AMIA, estalló la Fábrica Militar de Armamentos en Río Tercero. Luego de ese hecho se empezó a desentrañar el contrabando de armas con Croacia y Ecuador por el que fue condenado años después el riojano, sin que se profundizara la investigación que relacionaba ambos sucesos.
Encubrir/descubrir
La causa del encubrimiento evidenció esa misma lógica. En 2015 se inició el juicio oral y público en el que se juzgó a operadores del menemismo residual aliados al macrismo emergente. Ambos colectivos se esmeraron en lograr el salvataje mutuo, con apoyo de Comodoro Py y las embajadas de Estados Unidos e Israel. Entre los acusados figuraba el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, quien terminó absuelto por presiones de quien fungía –en tiempos que se desarrolló el juicio por encubrimiento– como Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Mientras los familiares de las víctimas del atentado se constituían en querellantes, las autoridades de las dos instituciones de la calle Pasteur (DAIA y AMIA) defendían a los acusados. El gobierno de Macri, por su parte, apelaba a los tentáculos de su poderosa mesa judicial para evitar que los fiscales acusados se conviertieran en convictos y que funcionarios policiales, como Jorge el Fino Palacios, pudiesen ser condenados.
El suicidio de Nisman fue un elemento clave en el triunfo electoral de Mauricio Macri. Desde el 18 de enero de 2015, la derecha encontró el mártir apócrifo que toda confrontación necesita para darle sustento emocional a una contienda política. Para garantizarse la impunidad de una acusación delirante (el magnicidio), fueron capaces de remover a su jueza natural y a su fiscal respectiva. Luego se ocuparon de propalar a nivel internacional que el kirchnerismo era una sociedad criminal. La derecha de la colectividad judía tuvo un rol central en ese esquema porque le sumó el componente de judeofobia, para hacer más creíble y convincente el pretendido homicidio. El actual presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, concertó una gira por Estados Unidos en febrero de 2015 para denunciar que el gobierno popular ejecutó a Nisman porque pretendía el levantamiento de las alertas rojas para proteger a los iraníes acusados del atentado. Sin embargo, cuando un mes atrás un ex agente de inteligencia del Mosad (Uzi Shaya) confesaba que el extinto fiscal colaboraba con Paul Singer y Sheldon Adelson en la tarea de extorsionar a CFK, los inquilinos de la calle Pasteur se llamaron a silencio. Eso mismo hicieron cuando se conocieron las cuentas no declaradas por el fiscal y sus propiedades en Miami y Uruguay. La ruta del dinero que podría explicar el derrotero final del fiscal aún permanece inmovilizada en el laberinto judicial de Comodoro Py –con imputaciones contra la madre de Nisman y su hermana–, como evidencia de una Caja de Pandora que no se resiste a ser abierta.
La organización que invitaba a Nisman en forma recurrente a Estados Unidos es la Fundación para la Defensa de la Democracia (FDD). El lema de dicha entidad es “Combatiendo al terrorismo y promoviendo la libertad”. Su director es Mark Dubowitz, quien se consideraba un amigo entrañable de Nisman. Su organización está casi íntegramente financiada por los referentes máximos de los fondos buitre, Singer y Adelson, a su vez aportantes de Donald Trump y Bibi Netanyahu. Singer había aportado desde 2007 a 2014 la suma de 3,5 millones de dólares a la FDD, mientras que –en ese mismo lapso– Adelson se convirtió en su segundo donante con un aporte de 1,5 millones. Cuando falleció el fiscal, su amigo Dubowitz inauguró el portal AlbertoNisman.org que concede un premio a quienes enfrentan al terrorismo internacional. Uzi Chaya era uno de los agentes –no el único– que conectaban al procurador con estos buenos muchachos.
La causa del memorándum es la más explícita en lo que respecta a la injerencia internacional. Cuando se firmó el acuerdo entre Argentina y la República Islámica de Irán, el 27 de enero de 2013, el Secretario General de Interpol, Ronald Noble, dejó en claro que “el status de la presente notificación de las capturas permanece inalterado, según lo decidido por la Asamblea General”, acotando que solo el juez de la Causa (en este caso Rodolfo Canicoba Corral) podía solicitar su remoción. Poco tiempo después de la firma en Addis Abeba (Etiopía), entre Ali Akbar Salehi y Héctor Timerman, la oficina de Interpol recalcó, el 15 de marzo de 2013, que “dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas”.
Las diferentes causas que rodean las tragedias de 1992 y 1994 fueron utilizadas por distintas fracciones de los grupos concentrados para solidificar sus alianzas internacionales y contribuir a la persecución de dirigentes populares, sobre todo a CFK. La subalternización a los intereses geopolíticos de Washington continúa siendo una de las plataformas empleadas por las corporaciones para conservar la hegemonía económica, cultural y mediática que brinda cobertura a la concentración inequitativa de la propiedad, la renta y la riqueza. En ese entramado, las causas que rodean los atentados de 1992 y 1994 –y sus víctimas primigenias, ávidas de verdad y justicia– son solo subterfugios para legitimar los privilegios que se niegan a abandonar.
