Durante estos meses se ha perdido hasta el disimulo en las trampas del juego político.
A los gobiernos latinoamericanos se les ha caído la careta y muestran el cinismo abierto de su codicia desmedida y un afán evidente de engañar a los pueblos. Ninguno se salva; están en plena competencia ocultando ante la comunidad internacional –extra continental- los resultados de la catástrofe social, económica y sanitaria provocada por décadas de saqueo, privatizaciones espurias y explotación de la clase trabajadora. Esta pandemia ha dejado a la vista el esqueleto del sistema y ya resulta imposible disimular las intenciones detrás de las supuestas medidas para hacer frente a la crisis. Lo más triste del caso es ver cómo algunos profesionales, conocidos por su impecable reputación, caen en esos juegos de malabar político y terminan apoyando a los gobernantes más corruptos.
A nuestras sociedades las han callado con el fantasma del contagio que, aun siendo real, ha terminado por convertirse en un parapeto tras el cual se perpetra toda clase de delitos. Es posible imaginar la alegría de los gobernantes al constatar cómo el pueblo vive callado y temeroso, sin haber tenido necesidad de mover un dedo. O, para más claridad, sin necesidad de mover a sus esbirros anti-choques. Hoy, se divierten viendo cómo los ciudadanos más corajudos vierten su frustración en las redes sociales, lo cual al final del día es una catársis inocua para sus planes de dominación de las estructuras del Estado, las cuales de todos modos ya están cooptadas desde hace tiempo.
Sin embargo, un pueblo sumiso y callado ya no puede ni debe ser parte de este juego, dado que se está rifando la vida y la de su familia y, de no reaccionar ante los abusos de sus gobiernos, será parte del proceso de destrucción de esa democracia que durante décadas le costó sangre y pérdidas humanas. El proceso de convertir a nuestros países en dictaduras setenteras ya está en marcha y las protestas tibias e ineficaces por medio de las redes no tendrán el menor efecto. Por ello, es imperativo comenzar a exigir claridad sobre algunas dudas elementales para ir trazando el mapa actual y obtener alguna respuesta respecto –por lo menos- de las medidas contra la pandemia.
Entre las dudas elementales que asaltan a la población y sobre las cuales no se logra respuesta alguna de las autoridades, los gobernantes están en la obligación de responder sobre cuáles son sus planes para controlar la pandemia; el pueblo tiene derecho a conocer los detalles puntuales sobre la ejecución de los abultados presupuestos destinados a tal fin; los encargados de las comisiones específicas para enfrentar la pandemia están en la obligación de explicar por qué en los decesos no se incluye a los contagiados por Covid 19 fallecidos en su domicilio; también es imperativo transparentar cuánto presupuesto han destinado a cubrir las regiones más alejadas de las capitales, en donde la infraestructura sanitaria es prácticamente inexistente.
Por otro lado, tienen la obligación de explicarle a la ciudadanía cómo intentan frenar los contagios cuando los sectores económicos siguen presionando para realizar una apertura tan inoportuna como peligrosa, cuando entidades de la sociedad civil ya han demostrado el incremento del riesgo a pesar de las medidas actuales y cuando cada día es más evidente la falta de pertinencia de las normas impuestas a los sectores más afectados. El pueblo tiene derecho a saber y las autoridades tienen la absoluta e indiscutible obligación de rendir cuentas claras. La participación virtual puede ser un apoyo, pero la verdadera palanca está en demostrar de manera rotunda que con la vida humana no se especula.
