“La salud pública ha estado marginada por muchísimos años, sin lugar a dudas. La estructura hospitalaria quedó desfasada en las últimas tres décadas. El último hospital grande realmente que se inauguró fue el Hospital Escuela en 1978 y el Mario Catarino Rivas en el 89”, dijo a Expediente Público, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.
Ella tiene porqué saberlo, durante al menos seis años, la UNAH, con ella al frente, administró el Hospital Escuela Universitario. Después, en el 2018, formó parte de la Comisión para la Transformación del Sistema de Salud, donde tuvo como compañera a la actual ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.
Castellanos está convencida que la salud y la educación no han sido prioridad para los gobiernos, y las asignaciones presupuestarias e inversiones en el sistema sanitario han ido disminuyendo en los últimos años.
“Creo que, en los últimos gobiernos, sobre todo los del Partido Nacional (2010 a la actualidad), se ha dado mucho énfasis a la seguridad y a la defensa. Si bien, la inseguridad que vivía el país era enorme y había que ponerle atención, creo que se inclinó por demasiado tiempo la balanza hacia el tema de seguridad y defensa y se marginó otros aspectos de los sistemas públicos del país. Eso (lo) podemos ver en la asignación presupuestaria”, refirió la socióloga que, en su momento, fue considerada por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Centroamérica, mientras que la revista Foreign Policy la clasificó en el 2013 como uno de los 100 pensadores más influyentes del mundo.
Desde que tienen el control del país, el gobierno del Partido Nacional, se ha caracterizado por un discurso populista de “la vida mejor” con bonos solidarios y propuestas sanitarias y educativas pegajosas, pero muy distantes en la práctica. La “vida mejor” no aplica en la Salud y la Educación, pero sí en la Defensa y la Seguridad, hacia donde se han volcado últimamente los presupuestos.
Según datos de la unidad de análisis económico de Expediente Público, proporcionalmente el presupuesto de la Secretaría de Salud pasó de ser el 6.62% del presupuesto general del 2013 (US$525.8 millones de US$7,546.9 millones) al 5.64% del presupuesto general del 2020 (US$640.7 millones de US$11,369.3 millones); mientras que el presupuesto consolidado de seguridad y defensa en el 2013 era el 7.44% del presupuesto general (US$591.2 millones) y pasó a ser el 7.97% en el 2020 (US$905.7 millones), pero antes alcanzó sus picos más altos en el 2017, con un 8.64%; 8.49% en el 2018 y 8.34% en el 2019.
Para Castellanos esa tendencia de sobreestimar a los uniformados va más allá de, simplemente, garantizar la seguridad. “A todos los políticos les gusta quedar bien con los militares, porque así sienten la garantía de que los van a proteger”, indicó. En el caso del actual presidente, Juan Orlando Hernández, militares y policías lo protegieron de manifestaciones masivas a nivel nacional en el 2015, 2016, 2017 y 2018. Hernández ha sobrevalorado a las fuerzas del orden por encima de la salud y ello se refleja en los presupuestos aprobados en la administración del partido en el poder, el Nacional, del cual, él lleva ya dos períodos consecutivos con su cuestionada reelección.
Datos presupuestarios analizados por un equipo de Expediente Público ejemplifican que para el 2019 la asignación presupuestaria para la Secretaría de Salud aumentó en 2.74 por ciento, en cambio el presupuesto para la Secretaría de Defensa y Seguridad creció un 5.6 por ciento.
Esto significa que, en el 2018, el presupuesto de Salud fue de 13.685,10 millones de lempiras (549 millones de dólares) y en el 2019 fue de 14,058.6 millones de lempiras, que representa ese 2.74 por ciento. En el 2018 el presupuesto de Defensa y Seguridad fue de 20,138.50 millones de lempiras (808 millones de dólares) y para el 2019 pasó a 21,268 millones de lempiras (853.23 millones de dólares) que representa un incremento del 5.6 por ciento, evidenciando así los desbalances entre la Salud y la Defensa.
ASÍ LA “EQUIDAD” EN LA SALUD
Honduras tiene uno de los niveles de inversión en salud más bajos de América, con 101 dólares por persona; distante del promedio de América Latina y el Caribe ($392 por persona), y ni siquiera cerca del promedio mundial ($628 por persona), mientras que las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son inalcanzables, con $2.880 por persona, según destaca el estudio “Situación del Sistema de Salud en Honduras y el Nuevo Modelo de Salud Propuesto”.
La falta de inversión se refleja en escasez por todos lados. Por ejemplo, la tasa de camas hospitalarias por mil habitantes es de apenas 0.7, igual a la de Haití y solo por encima de la de Guatemala, en la cola de América. Para efectos de comparación hay que decir que el número uno del mundo, el principado de Mónaco, el segundo país más pequeño del mundo, tiene 13 camas por 1000 habitantes.
También está en el fondo de la tabla en la tasa de médicos por 1,000 habitantes, con apenas 0.31, solo por encima de Santa Lucía y Haití, muy lejos del primero de América, que es Cuba, con 8,19. El Colegio Médico de Honduras tiene inscritos unos 16,000 médicos, pero de esa cifra solo 2,400 laboran para el sistema estatal de salud para una población superior a los 9 millones de personas.
La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras señala que incluso si se contrataran los 16,000 médicos no se llegaría a los estándares internacionales de 25 médicos por 10,000 habitantes. “Pero eso nunca ha ocurrido y (en los últimos años) se han cerrado más de 100 centros de salud. La Secretaría de Salud lejos de ampliar la atención cerró centros asistenciales porque no tienen presupuesto”, dijo Figueroa.
Pero la escasez no termina aquí, solo existen 0.4 hospitales por 100,000 habitantes (penúltimo lugar en Centroamérica, solo por encima de Guatemala); 2.1 unidades de tomografía computarizada por millón de habitantes; 0.7 unidades de radioterapia por millón de habitantes (quinto lugar en Centroamérica superando solamente a Belice y Nicaragua), 50.9 unidades de mamografía por millón de mujeres de 50-69 años (en penúltimo lugar solo por encima de El Salvador), según el estudio “Situación del Sistema de Salud en Honduras y el Nuevo Modelo de Salud Propuesto”.
Las deficiencias en los servicios de salud impactan en la expectativa de vida, que ronda los 71,3 años, la más baja de Centroamérica y muy distante del mejor de América en este aspecto, Canadá, con 82 años, y mucho más lejano del número 1 del mundo, el principado de Mónaco, con 89,4 años.
“La infraestructura hospitalaria y de los centros de salud es deficiente, los servicios no son de la calidad y cobertura requeridas. Algunos centros públicos datan de principios del siglo pasado y requieren fuertes inversiones en infraestructura y equipo para proporcionar los servicios en condiciones óptimas y exentas de riesgo. El mantenimiento ha sido escaso y ha motivado el constante deterioro, tanto de la infraestructura como del equipo”, indica el estudio arriba citado.
Honduras tiene 29 hospitales en los 18 departamentos del país, pero la mayoría carece de lo indispensable y cuando les llegan pacientes con alguna dolencia grave los remiten a sus pares de Tegucigalpa y San Pedro Sula, recargando a estos centros médicos con pacientes de todo el país, afectando así la calidad de los servicios.
La exrectora Castellanos refiere que “el Hospital Escuela Universitario recibe una enorme presión, tanto en consulta externa como en cirugías, de los hospitales del centro y sur del país. Imaginamos que igual situación se da en el Mario Catarino Rivas y en el Leonardo Martínez de San Pedro Sula”.
Agregó que desde la Comisión para la Transformación del Sistema de Salud hicieron al gobierno “planteamientos para fortalecer esas unidades hospitalarias. Hubo un momento que nosotros planteamos inclusive que era insostenible el sistema de salud en esas condiciones”. La Comisión para la Transformación del Sistema de Salud fue creada en agosto de 2018 por el gobierno del presidente Hernández, quien dijo que tenían la misión “titánica” de rescatar el sistema sanitario, pero luego que ésta presentara las primeras propuestas de reformas profundas, la misma fue desintegrada por presiones internas y externas.
Los problemas en el sistema sanitario son tantos, que no solo se centran en inconvenientes de infraestructura, también en la escasez de personal, haciendo que las atenciones se den exclusivamente de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de modo que las áreas de consulta externa de los hospitales y los centros de salud quedan vacías en la tarde y los fines de semana, cuando solo se asisten emergencias en las áreas dispuestas para ello.
La exministra de Salud, Roxana Araujo, indicó que las limitaciones presupuestarias surgen al concebirse el sector salud y el educativo “como un gasto corriente y no una inversión. Así, al hacer las negociaciones con los entes internacionales, como el FMI, se tiene que visualizar el gasto corriente y dentro de este gasto corriente está incluido el sector salud y por eso la contención del gasto en el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud”.
Reconoció que “la crisis del sector salud en los últimos años se debe a factores como una rectoría débil, una escasa capacidad de gestión del sistema y la administración de recursos humanos con mucha rigidez. Si queremos cambiar el sistema de salud, si queremos dar un sistema de salud asegurado a esa población de mayor riesgo y de escasos recursos económicos debemos hacer mayor gestión en el tema financiero y ver cómo se quita esta rigidez de la administración de recursos humanos”.
“Se debe ampliar la cobertura a esos más de 1,635 establecimientos de salud del nivel primario, con personal capacitado, con personal que dé respuesta en el nivel local, sobre todo en los hospitales regionales que carecen de especialistas, que de repente solo hay uno por cada área de especialidad, es decir, solo hay un médico internista para toda la población de un departamento. Eso no debería continuar, sino que dar el recurso humano necesario para la atención adecuada de los pacientes”, asevera la exministra.
La exfuncionaria, quien a principios de la pandemia de COVID-19 fungió como vocera del gobierno para ese tema, aceptó que en materia de infraestructura “el mantenimiento ha sido escaso o nulo y no ha estado dentro de las partidas presupuestarias. Ahora existe una unidad de infraestructura en la Secretaría de Salud que está enfocándose al mejoramiento de todas estas unidades de salud, pero sabemos que es escaso el financiamiento que puede haber por tantas décadas de deterioro que se dio sin invertir en el mejoramiento de los establecimientos de salud”.
SECRETARÍA DE SALUD, DE RECTORA A TRAMITADORA
El presupuesto en Salud, además de ser insuficiente, no es utilizado en función de las prioridades que garanticen calidad en la atención, la dispersión de recursos en áreas sin mayor impacto, parece ser la norma y no la excepción. Así lo indica el documento “Liquidación del presupuesto en Honduras”, elaborado por el Fosdeh, al indicar que en el 2018 el 46% del presupuesto de Salud estuvo destinado al pago de salarios, mientras que el 26% se fue en una partida llamada “transferencias y donaciones” mediante la cual la Secretaría pasa sus fondos a otras dependencias.
Es decir, que el 72% de todo el presupuesto se gastó en situaciones que no tienen nada que ver con la compra de medicinas, equipos médicos o en la construcción y mantenimiento de instalaciones. Solo un 11% de ese presupuesto fue usado para “materiales y suministros”, cita el documento.
Ese 26% destinado a transferencias, en el 2018, fue equivalente a 3,700 millones de lempiras (149.6 millones de dólares). A criterio de la socióloga Castellanos, con esas determinaciones, “la Secretaría de Salud se ha ido debilitando muchísimo porque se convirtió en una tramitadora de presupuesto para trasladarlo a otras dependencias. Para el caso muchos proyectos que dependían de la Secretaría de Salud fueron sacados a las oficinas de la primera dama o a otros ministerios, y por lo tanto la Secretaría se desmembró, se desarticuló, se debilitó”.
La presidenta del Colegio Médico, la doctora Suyapa Figueroa, asegura que algunas instituciones que reciben fondos de Salud son la Secretaría de Inversión Social (Sedis), Ciudad Mujer y hasta la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), una institución dedicada a prevenir o asistir a la población en casos de desastres naturales y que muy poco tiene que ver con temas de salud. Copeco y Sedis, son una especie de súper ministerios que concentran fondos públicos drenados de otras dependencias en aras de dar un “rostro social” al gobierno.
De acuerdo a Figueroa, en el afán de seguir desmantelando la Secretaría de Salud, en el actual gobierno le retiraron la facultad de regular la importación de productos sanitarios y medicamentos, pero “como generaba ingresos, la pasaron bajo dirección directa de la Presidencia (de la República)” a través de la creación de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).
La Secretaría de Salud ya no tiene el control del presupuesto y obviamente reparte lo poco que tiene”, dijo Figueroa
Consultado sobre el porqué el Ministerio de Salud debe “repartir” su presupuesto a instituciones asistencialistas, el viceministro en redes Integradas y Servicios de Salud, Roberto Cosenza, dijo de forma lacónica que: “Yo no tengo conocimiento de eso. Sí, en Ciudad Mujer, tenemos nosotros lo que es un módulo del que somos responsables de eso”.
Bajo ese contexto de desmantelamiento, con un presupuesto raquítico y un gobierno dispuesto a ejecutar reformas a cualquier costo, llegó la pandemia de la COVID-19. Y según la exrectora Castellanos, “en esta crisis la Secretaría (de Salud) no está teniendo el rol fundamental. El rol fundamental está en Sinager (Sistema Nacional de Gestión de Riesgos); está en Copeco. La Secretaría de Salud está teniendo un rol muy secundario. Así que podemos concluir que estamos teniendo un altísimo costo (…) con un sistema de salud debilitado, muy precario, un sistema de salud con una ineficiencia en cuanto a la cobertura, politizado y también muy penetrado por la corrupción”, acotó.
