La tarde del 2 de julio, Astrid Ramos, abogada y defensora de derechos humanos de la Red Lésbica Cattrachas, fue arbitraria e ilegalmente detenida por policías, avasallada y golpeada ante la indolencia culpable de las autoridades, y liberada solamente después de cinco horas como resultado de la denuncia nacional e internacional.

En la zona del mercado de la ciudad de Comayagua, donde vive la defensora de derechos humanos, la alcaldía decidió cerrar varias calles con portones tapados con láminas, dejando a los habitantes sin acceso o salida de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana.

“Cuando mi tío llegó, los portones ya estaban cerrados y comenzó una discusión con los policías que resguardaban el lugar. Al llegar otra patrulla, los policías abrieron el portón y se abalanzaron sobre él.

De inmediato fui al lugar y vi que se lo estaban llevando. Me identifiqué como abogada y defensora de derechos humanos y me subí a la patrulla como su representante legal. Fue en ese momento que comenzaron las amenazas”, recuerda Astrid Ramos.

La abogada fue amenazada con ser detenida, razón por la cual decidió llamar a Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, para que pusiera en conocimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía para la Protección de Defensores y Defensoras lo que estaba ocurriendo.

“Al llegar a la posta policial, a mi tío lo llevaron a una celda y yo continué haciendo llamadas para denunciar la situación. En ese momento un oficial me arrebató el celular y cuatro policías trataron de esposarme.

Otras excusas, la misma violencia

De nada sirvió volver a identificarme. Comenzaron a insultarme, me rompieron mi camisa, me golpearon y me apresaron. Mientras seguía gritando me llevaron a una celda. En ningún momento dijeron de qué se nos estaba acusando”, manifestó Ramos a La Rel.

Finalmente los acusaron de violentar el decreto que dicta cuarentena obligatoria.

Después de cinco horas detenidos de manera arbitraria e ilegal, Astrid y su tío fueron liberados, aunque condicionaron su libertad a la firma de un documento donde renunciaban a presentar cargos contra los agentes que los detuvieron.

“Fue horrible lo que pasó. Pero lo peor de todo fue la ausencia total y absoluta de institucionalidad.

Ni la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía para la Protección de Defensores y Defensoras, ni la Secretaría de Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Protección hicieron algo para proteger a la compañera.

Igual que durante el golpe de estado de 2009, militares y policías tienen el control absoluto del territorio y hacen lo que les da la gana, en medio de la falta total de institucionalidad. La situación cada vez es más preocupante”, advirtió Indyra Mendoza.

Ante esta situación, la Red Lésbica Cattrachas emitió un comunicado denunciando los hechos y exhortando al Estado de Honduras a cumplir sus obligaciones, garantizando que defensores y defensoras de derechos humanos “puedan realizar su labor de defensa en el contexto de la pandemia”.