Por Jesús Murillo Añez
Este pasado lunes, la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por sus siglas en inglés) organización integrante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) denunciaron mediante un informe de 92 páginas “patrones desconcertantes de violación de derechos humanos” cometidos por el gobierno de la presidenta Jeanine Añez en noviembre de 2019.
El informe, titulado “’Nos dispararon como si fuéramos animales’, Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia”, fue elaborado tras seis meses de investigación en Bolivia, periodo el cual integrantes de IHRC y de UNHR entrevistaron “a más de 1.000 víctimas, testigos, periodistas y funcionarios”, documentando así gravísimas violaciones a los Derechos Humanos cometidas tras que el gobierno de Añez llegara al poder en noviembre del 2019.
El informe completo (en Inglés) puede ser obtenido aquí y su resumen ejecutivo acá.
Fue presentado mediante un comunicado de prensa de la IHRC, que señala que “El reporte documenta uno de los periodos más letales y represivos de las últimas décadas en Bolivia, así como el miedo creciente de comunidades indígenas y personas críticas con el gobierno, por cuanto sus vidas y su seguridad están en peligro”. Por su parte, Thomas Becker, abogado internacional que formó parte de la comisión investigadora, señala que “Estos abusos crean un ambiente que ha socavado la posibilidad de unas elecciones libres y justas”.
Según testigos presentes en Sacaba y Senkata, lugares donde hubo protestas de la población civil, militares y policías dispararon –sin aviso previo– contra civiles desarmados, incluidos aquellos que estaban ayudando a los heridos, lo que constituye una violación directa al derecho a la vida. También golpearon brutalmente a los manifestantes, haciendo uso de un lenguaje racista y anti-indígena mientras los atacaban.
Además de estos asesinatos, los abusos incluyen torturas cometidas por las fuerzas de seguridad –a menudo, en colaboración con grupos paraestatales– que actuaron en vecindarios, hospitales y escuelas cercanas al lugar de la matanza, donde acosaron, golpearon y detuvieron a habitantes de la zona. Por ejemplo, la policía arrestó a Kevin Calle, un niño con discapacidad, junto con su hermano y hermana, acusándolos de terrorismo. Los tres fueron torturados bajo custodia.
