En las próximas horas se oficializará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia la extensión de la prohibición para despidos y suspensiones sin causa hasta el próximo 30 de septiembre. Se prorroga por tercera vez la medida para proteger el empleo en el marco de la crisis económica que generó la pandemia de Covid-19.
Por Leonardo Martín para Radio Gráfica
Cómo llegar del otro lado del río con la menor pérdida de empleo posible para cuando finalice la pandemia o al menos permita una mayor apertura de actividades económicas. Ese es uno de los objetivo del Gobierno nacional que extenderá la prohibición de los despidos por 60 días más.
El primer paso fue el decreto (329/20) del 30 de marzo pasado donde, en el marco de la emergencia sanitaria, estableció la “prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor“. La misma fue prorrogada hasta el 31 de julio por el DNU 487/2020 y ahora se extenderá hasta el 30 de septiembre. ¿Será la última? Difícil afirmarlo en medio del momento más crítico de contagios de Covid-19 en nuestro país.
La medida cuenta con el apoyo del mundo sindical y con algunas críticas, con mucha cautela al expresarlas públicamente, del espectro empresarial. La situación económica es muy crítica, como bien graficó Alberto Fernández en una entrevista días atrás: “Cuando llegamos al gobierno, la Argentina estaba en terapia intensiva y con un respirador automático. Llegó la pandemia y desenchufó el respirador automático y así enfrentamos la situación que enfrentamos“.
La caída registrada por el INDEC en abril y mayo fue del 26,3% y del 20,6%, respectivamente, respecto a los mismos meses del año anterior. Según pronostica la CEPAL, la economía argentina tendrá un retroceso del 10,5% en 2020. En cuanto a la pérdida de empleos registrados alcanzó a 280.000 trabajadores entre marzo y mayo.
Pese a la prohibición de despedir entre marzo y mayo se perdieron 280.000 puestos de trabajo registrados.
La situación es muy grave. Como saldo de la pandemia se prevé un fuerte crecimiento del desempleo y la desigualdad para los próximos meses. La estrategia del Gobierno es lograr sostener lo máximo posible a las empresas y los puestos de trabajo para que cuando finalice la pandemia contar con una situación que permita un arranque con mayor velocidad de la economía. A su vez se mantiene hasta fin de año la doble indemnización en los despidos sin justa causa.
Vale recordar que la medida de prohibición de despidos fue acompañado de una batería de medidas. La más importante fue el programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) con el cual el Estado pagó el 50% de los sueldos (o al menos una parte en los salarios más altos) en abril, mayo, junio y se repetirá en julio. Se estima que este último mes alcanzará a más de 1,7 millones de trabajadores.
Paralelamente, hubo otras medidas como la baja de las cargas patronales a las empresas afectadas por la crisis así como líneas de crédito que tuvieron al Estado nacional como garantía.
Por otro lado, desde el Ministerio de Trabajo también homologó los acuerdos entre las cámaras empresariales y los gremios que permitieron en base al artículo 223 bis de la ley de Contratos de Trabajo poder realizar un recorte salarial en aquellos trabajadores que no realizan tareas por razones de fuerza mayor. El más difundido fue el acuerdo CGT-UIA que permitió un recorte de hasta un 25% de los salarios.
Más allá de los esfuerzos, el panorama se presenta muy complejo para los próximos meses. Una situación que se vive en Argentina, pero que se replica en todo el mundo frente a una crisis sin precedentes. Las herramientas de protección han resultado efectivas frente a un pésimo escenario económico. Que puedan perdurar en el tiempo dependen de un Estado que motorice fuertemente la economía en los próximos meses para poder alejarla del precipicio que hoy bordea.
