Por April M. Short

Este es un momento de contención y reestructuración para los Estados Unidos. Las protestas masivas están exponiendo los fundamentos problemáticos que han estado enterrados durante mucho tiempo de una nación construida sobre la trata de personas, la mercantilización y la esclavitud de personas provenientes del África, el genocidio y el intento de supresión de las sociedades indígenas. Los manifestantes de todo el país están derribando las estatuas de benefactores y quienes sacaron provecho de esas atrocidades, y están presionando a la nación para que desmantele sus numerosas narrativas y sistemas de poder falsos. Este levantamiento requiere un reconocimiento de que la fuerza policial, en particular, es una extensión directa de una historia problemática, que ha denigrado y castigado a los estadounidenses de color desproporcionadamente desde el principio. Y están reconsiderando las formas en que puede surgir la verdadera seguridad y equidad.

¿Qué ocupará el lugar de los emblemas e instituciones anticuadas y dañinas? ¿Cómo pueden y deben verse los nuevos sistemas? ¿Qué nuevos programas y modelos de justicia pueden reemplazar a la policía?

En respuesta a la pregunta «¿qué aspecto tiene para usted un Estados Unidos donde la policía carece de financiamiento?» La congresista Alexandria Ocasio-Cortez escribió recientemente en una historia de Instagram que la respuesta «no requiere mucha imaginación», porque «se parece a un suburbio [estadounidense]». Ella escribió:

«Las comunidades blancas pudientes ya viven en un mundo donde eligen financiar a los jóvenes, la salud, la vivienda, etc. más de lo que financian a la policía… Cuando un adolescente o preadolescente hace algo perjudicial en un suburbio (digo adolescente [porque] esto es a menudo donde los ciclos carcelarios de por vida comienzan para las comunidades de color), las comunidades blancas se desesperan para encontrar alternativas al encarcelamiento para «proteger el futuro» de sus seres queridos, como el servicio comunitario, la rehabilitación o las medidas de restauración»

«¿Por qué no tratamos a las personas de color de la misma manera? ¿Por qué el sistema criminal no se preocupa por el futuro de los adolescentes afroamericanos de la misma manera que se preocupa por el futuro de los adolescentes blancos? ¿Por qué las noticias no usan la graduación de los chicos de color o las fotos familiares en las historias como cuando cubren una noticia de personas blancas (por ejemplo, Brock Turner) que cometen crímenes perjudiciales?»

Si bien la idea de retirar la financiación a la policía se consideró radical y prácticamente impensable en los Estados Unidos, donde los presupuestos policiales han aumentado constantemente desde mediados de la década de 1990, el levantamiento nacional e internacional contra el racismo sistémico, los asesinatos y la brutalidad infligidos por la policía han cambiado el paradigma. Las ciudades de todo el país, que habían planeado aumentar sus presupuestos policiales, ahora están disminuyendo y reasignando esos fondos policiales debido a la creciente presión pública como resultado de las protestas.

Esta no es la primera vez que la gente ha exigido revisiones sistémicas o ha intentado retirar el financiamiento y reemplazar a la policía en este país. Por ejemplo, hace tiempo, las fuerzas policiales operaban los sistemas de ambulancias en todo el país hasta que la gente exigió que los técnicos médicos capacitados ocuparan su lugar. Ahora, mientras se exponen los sistemas torcidos y desarticulados de la justicia social, es hora de mirar los programas existentes, ejemplos y movimientos que durante mucho tiempo fueron ignorados o descartados como extravagantes, para liderar el camino a seguir. Es hora de mirar a los líderes y movimientos de color, escuchar las voces que han sido silenciadas o denigradas durante mucho tiempo, e involucrar a los verdaderos interesados en la situación para reparar y revisar los sistemas existentes de manera concreta.

A medida que las protestas continúan creando conciencia pública sobre las desigualdades y las atrocidades de los sistemas policiales actuales, los funcionarios de todo el país han comenzado a responder. Varios estados y ciudades ya han anunciado sus decisiones de recortar la financiación y desmantelar los sistemas policiales actuales, en diversos grados. Esas áreas están buscando modelos sobre cómo avanzar y crear sistemas de seguridad más allá de la policía, y están descubriendo que varias organizaciones y programas comunitarios ya existen, y han estado trabajando durante años para reemplazar la vigilancia excesiva con alternativas orientadas a los servicios sociales y de salud pública.

Rediseñando la seguridad en Minneapolis

La mayoría a prueba de veto de los miembros del consejo de la ciudad de Minneapolis, la ciudad donde nacieron las protestas actuales tras la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial el 25 de mayo, se comprometió en un mitin el 7 de junio para desmantelar su departamento de policía y reemplazarlo por sistemas innovadores de seguridad comunitaria. En los últimos meses, la ciudad también ha estado cooperando con el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota en una investigación en curso en el Departamento de Policía de Minneapolis (MPD, por sus siglas en inglés).

Minnesota fue el primer estado de la nación en comprometerse a retirar la financiación y desmantelar su fuerza policial, y Jeremiah Ellison, miembro del Consejo de la ciudad de Minneapolis, dice que la ciudad no está interesada en modernizar los departamentos o programas existentes dentro de la fuerza policial actual, pues ese enfoque ya se ha intentado y en gran parte le falló al público. En cambio, afirma que la ciudad quiere replantear por completo su respuesta a emergencias y conflictos.

«Creo que vamos a estar en territorio desconocido, y creo que eso está bien», dice. «Queremos reconsiderar cuál debería ser el ADN de la seguridad pública».

Ellison señala los fundamentos problemáticos de la policía estadounidense, que tiene sus raíces en las patrullas de esclavos y las reglas de la era de Jim Crow que, en efecto, criminalizaron a las personas afroamericanas y a las personas desamparadas, destruyeron los sindicatos y la represión de los estadounidenses pobres y de clase trabajadora.

«Estamos buscando transformar realmente la forma en que respondemos ante las emergencias, punto», dice Ellison. «El ADN de la policía moderna se basa en las ganancias y la protección de la propiedad. También está orientado a aprehender a las personas que tienen poco, para que no causen problemas a las personas que tienen mucho».

Él dice que a pesar de que los presupuestos policiales de la ciudad han crecido, la policía no ha podido encontrar una solución viable para abordar el incremento de las olas de violencia en la ciudad.

«Creo que eso simplemente demuestra que necesitamos un sistema diferente», agrega Ellison. El plan de la ciudad es reorientar sus programas de seguridad comunitaria lejos de las respuestas punitivas y avanzar hacia una respuesta comunitaria basada en la salud que analice los problemas subyacentes que conducen a la violencia y expanda los servicios de apoyo. Según Ellison, el consejo municipal también está considerando ejemplos externos de servicios sociales y estrategias de prevención de la violencia basadas en la salud pública.

Él afirma que los miembros del consejo de la ciudad se han involucrado con grupos comunitarios existentes que durante años se han centrado en crear conciencia sobre las deficiencias del departamento de policía y han pedido invertir en estrategias dirigidas por la comunidad. Ellison menciona que el consejo municipal tomó la decisión de desmantelar la policía luego de años de discusiones y protestas de la comunidad, especialmente de organizaciones activistas que fueron la base de todo como Reclaim the Block y Black Visions Collective. Ambas organizaciones fueron fundamentales durante las recientes protestas al presionar a la ciudad para que hiciera cambios en su fuerza policial,  ambas han abogado a favor de una transformación/ abolición completa del MPD durante años.

Las organizaciones Reclaim the Block (Reclame por la Cuadra) y Black Visions Collective (Colectivo Visiones Negras) fueron coanfitriones de la manifestación donde la mayoría del consejo municipal se comprometió a disolver el departamento de policía y «crear un nuevo modelo transformador para cultivar la seguridad», como se indica en la resolución oficial del consejo.

Al igual que las organizaciones ya mencionadas, la iniciativa basada en la comunidad llamada MPD150 —compuesta por organizadores locales, activistas, artistas e investigadores— que durante años ha instado a la ciudad a desmantelar y reestructurar el MPD violento desde hace mucho tiempo, a favor de programas orientados a la comunidad. El grupo conserva datos históricos y narrativas que ilustran el legado, en gran parte violento, de 150 años del MPD.

La población nativa americana de la ciudad, que suma aproximadamente 150 000 residentes, ha estado trabajando activamente contra la brutalidad policial desde la década de 1960. Como señala un artículo reciente de Mother Jones escrito por Delilah Friedler:

«Un análisis de CNN de los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontró que los nativos americanos tenían un poco más de probabilidades que las personas de color de morir a manos de las fuerzas policiales entre 1999 y 2015, aunque las tasas van a menudo codo con codo y profundamente entrelazadas».

En 1968, los grupos indígenas en la ciudad iniciaron el Movimiento Indígena Americano (AIM, por sus siglas en inglés) en Minneapolis en respuesta a la brutalidad policial desenfrenada, y desde entonces se ha convertido en una organización nacional de derechos civiles.

Hablando del AIM, Friedler escribe:

«Desde el principio, los miembros del AIM se ofrecieron como voluntarios para patrullar los vecindarios con el fin de documentar la violencia desenfrenada del Departamento de Policía de Minneapolis contra los indígenas, que supuestamente incluía asesinatos y violaciones a sangre fría».

La Patrulla AIM ha estado activa desde entonces, trabajando dentro de la ciudad y en todo el país para reducir la violencia policial y proporcionar apoyo comunitario en el momento. Como señala el artículo de Friedler, las organizaciones Reclaim the Block y Black Visions Collective notaron la importancia de los esfuerzos del AIM para el amplio movimiento en un comunicado de prensa de junio después de la decisión del consejo municipal de disolver el MPD, afirmando que el movimiento actual «se construye junto con la presencia continua y el legado» de la Patrulla AIM.

El Movimiento Indígena Americano trabaja «disuadiendo tanto la violencia policial como la intracomunitaria interviniendo o simplemente dando testimonio para hacer posible la rendición de cuentas», escribe Friedler. Las mujeres, los ancianos y otras personas que se sienten inseguras pueden llamar a los miembros del AIM para que los escolten, a veces ofrecen alimentos y recursos a los residentes desamparados de la ciudad y han estado discutiendo formas para ayudar a reemplazar a los policías como los primeros en intervenir durante una crisis de salud mental.

Curando la violencia

Cure Violence (Curar la violencia), un programa que actualmente opera en Nueva York, ofrece un modelo que adopta un enfoque de salud pública para la prevención de la violencia. Desarrollado por el epidemiólogo Gary Slutkin, el programa aborda el crimen y la violencia de la misma manera que los profesionales de la salud abordan la contención de epidemias: identificando la fuente de la propagación e interrumpiéndola. El programa envía a trabajadores capacitados para mitigar conflictos sobre el terreno, e interruptores de violencia que son mensajeros creíbles, o miembros confiables de las comunidades donde trabajan, para resolver conflictos del momento con miembros de pandillas o personas en riesgo de participar en actos de represalia.

El programa se implementó inicialmente en áreas de alto crimen de Chicago bajo el nombre de CeaseFire (Cese del fuego). En 2009, el Departamento de Justicia de EE. UU. publicó una evaluación de tres años del programa que informaba reducciones significativas en la delincuencia. El informe dice casi al final, «[La] evaluación mostró que el programa hizo que los vecindarios fueran más seguros. CeaseFire disminuyó los disparos y asesinatos».

Desde entonces, el programa se ha expandido a varias ciudades de EE. UU. Un estudio independiente realizado en el 2012 de un programa asociado a Cure Violence llamado Safe Streets en Baltimore, que fue encargado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y realizado por la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, acreditó al programa las reducciones de delitos violentos estadísticamente significativas.

Nueva York actualmente tiene 25 programas de Cure Violence en funcionamiento por toda la ciudad. John Jay College of Criminal Justice realizó una evaluación profunda de dos de esos programas: Man Up! Inc. en East New York, Brooklyn; y Save Our Streets South Bronx. La evaluación, publicada en el 2017, comparó cada uno de los dos vecindarios que tenían programas de Cure Violence con un vecindario con características demográficas y de delincuencia similares, pero sin un programa de Cure Violence.

Sheyla Delgado, subdirectora de análisis en John Jay College e investigadora de la evaluación Cure Violence, afirma que las comparaciones ofrecen una evidencia prometedora a favor del enfoque de salud pública del programa para la reducción de la violencia. Ella dice que lo que parece hacer diferente a Cure Violence de los programas que trabajan para reducir la violencia es que humaniza a todos sus participantes.

«Cure Violence no piensa en las personas como malas; [piensa] que las personas están enfermas y que [el programa] puede curarlas», menciona ella.

El Centro de Investigación y Evaluación del John Jay College of Criminal Justice comenzó su evaluación a Cure Violence en el 2012. Los investigadores visitaron los sitios del programa y entrevistaron al personal sobre el mismo y recopilaron datos sobre incidentes violentos por parte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el Departamento de Salud del estado en la ciudad. Los investigadores también realizaron encuestas anuales a hombres jóvenes que viven en 12 vecindarios de Nueva York, algunos con y otros sin programas de Cure Violence entre 2012 y 2016.

Delgado dice que el enfoque de la investigación orientado al ser humano, así como la decisión de usar vecindarios comparables, hacen que el enfoque de la investigación sea particularmente fuerte. Ella dice que también ayuda a pintar una imagen quizás más matizada de cómo el programa Cure Violence realmente opera a nivel humano.

«Lo que hemos encontrado y publicado sobre los efectos de Cure Violence ha sido realmente positivo hasta ahora», agrega. «Lo que hemos visto en los vecindarios de la ciudad de Nueva York que operan con el programa, es que ha habido una disminución más pronunciada de la violencia armada y la expansión de normas sociales pro-violencia, que utilizamos para medir la encuesta».

Ella menciona que algo que le destaca sobre el enfoque de Cure Violence es que el programa mantiene un estricto anonimato en torno a las interacciones entre los trabajadores y los miembros de la comunidad, lo que parece fortalecer la credibilidad del programa en las comunidades donde se está implementando.

Ella señala que, en una investigación más tradicional, el método de referencia sería rastrear a las personas a lo largo del tiempo a través de un programa como Cure Violence, pero debido al anonimato del programa, esto no es posible. Sin embargo, ella piensa que esto es algo realmente bueno.

«En nombre de la investigación, no deberíamos alentar a programas como este a violar sus principios básicos para que nos sea más fácil evaluar su efectividad», dice Delgado, señalando que parte de la razón por la que está interesada en el trabajo de investigación para evaluar programas relacionados a la violencia y la seguridad es que ella ve la necesidad de mejorar estos sistemas en los EE.UU.

«Tengo el deseo de mejorar de manera tangible la seguridad pública para todos, no solo para las personas con el estatus más político», dice. Delgado señala que cuando se trata de investigar delitos, hay un desafío importante inherente al proceso porque gran parte de los datos disponibles provienen de los departamentos de policía, y esos datos a menudo pueden ser defectuosos.

«Cuando tomamos decisiones sobre la selección de los vecindarios o las personas que van a formar parte de nuestro estudio, qué resultados vamos a rastrear o para qué delitos vamos a recopilar y reunir datos —todas estas divisiones que estamos haciendo al comienzo de un proyecto son muy desafiantes y cruciales en realidad [creando sesgos en] sus resultados», dice ella. «En los últimos ocho años, he estado trabajando íntimamente con los datos de delitos de la policía de Nueva York, y hoy estoy más convencida que nunca de que esos registros son solo un reflejo de la actividad policial y de lo que están obligados a registrar».

Según Delgado, los datos de la policía de Nueva York «no reflejan los niveles de delincuencia en la comunidad o en la ciudad en general».

«Hay tantos problemas con esa información, y aún tanta información a la que no tenemos acceso», dice ella. «Es muy importante para mí dar a conocer al mundo que los datos policiales solo reflejan la actividad policial. No refleja la verdadera seguridad pública en una comunidad».

 

Advance Peace, fundada en el 2009 en California, es otro programa al que hay que tener en cuenta, tiene un enfoque similar a Cure Violence. Advance Peace «establece estrategias receptivas impulsadas por la comunidad que logran resultados de alto impacto para aquellos atrapados en el ciclo de la violencia armada urbana».

Este programa fue fundado después de que el departamento de policía de Richmond, California, informara en 2009 que menos de 30 hombres eran responsables del 70 por ciento de los delitos con armas de fuego allí. El programa inició el año siguiente, con la creación de «Peacemaker Fellowship», que brinda a los jóvenes involucrados en delitos letales con armas de fuego «oportunidades de transformación» a través de la comunidad.

Seguridad comunitaria en Newark, Nueva Jersey

Newark, Nueva Jersey, ha reducido con éxito sus tasas generales de delincuencia en los últimos seis años gracias a un esfuerzo coordinado de toda la ciudad que junta el enfoque de interrupción del delito de programas como Cure Violence y Advance Peace, con participación comunitaria a través de servicios de apoyo a nivel comunitario e iniciativas que están dentro del alcance de lo que se llama el Equipo de la Calle Comunitaria de Newark (NCST, por sus siglas en inglés).

El alcalde de la ciudad, Ras Baraka, ha estado trabajando con la organizadora Aqeela Sherrills desde hace mucho tiempo para crear un enfoque del tres objetivos para la reducción de la violencia basada en la comunidad. Sherrills, quien estuvo al frente del histórico tratado de paz entre los Bloods y los Crips en Watts, Los Ángeles, en 1992, es el asesor principal de la Alianza para la seguridad y la justicia (ASJ, por sus siglas en inglés), que trabaja con varios estados para reemplazar el encarcelamiento con programas de prevención del delito, salud comunitaria, rehabilitación y apoyo a los sobrevivientes del delito. También es cofundador de Sobrevivientes del delito para la seguridad y la justicia (CSSJ, por sus siglas en inglés).

El primer objetivo en el modelo de reducción de violencia de Newark es la intervención, que es similar a las estrategias de «interruptores» utilizadas por Cure Violence.

«Tenemos un equipo de intervención de alto riesgo que intercede en conflictos individuales y grupales, tanto presentes como históricos», dice Sherrills en una entrevista en junio con el Independent Media Institute. «Tenemos una relación directa con nuestros hospitales. Iniciamos el primer programa de intervención de violencia en el hospital de la ciudad, donde contamos con trabajadores que están integrados en el mismo para que cuando las personas sufran daños en la comunidad vayan al hospital para recibir los servicios, desarrollamos un plan de seguridad. No se puede solo curar a las personas, brindarles servicios psicosociales y luego enviarlos de vuelta a la comunidad. Se debe establecer un plan de seguridad para que cuando [alguien] regrese a casa, ese conflicto haya sido intervenido y mediado, para que no regrese [a casa] y reciba un disparo de nuevo, y este de vuelta [al hospital]».

El segundo objetivo es el programa Safe Passage de la ciudad, que envía mensajeros creíbles, respetados en las comunidades donde trabajan, para acompañar a los niños hacia y desde la escuela.

«En nuestro estudio con el departamento de salud, descubrimos que la violencia está ocurriendo en las escuelas y sus alrededores con más frecuencia que en cualquier otro lugar», dice Sherrills. «Los acontecimientos suceden en el campus de la escuela un viernes y se derraman [en] la comunidad el fin de semana. Los conflictos suceden en la comunidad durante el fin de semana y se extienden al campus el lunes por la mañana. Y entonces, creamos un programa basado en evidencia llamado Safe Passage… Nuestro personal [está formado por] ex pandilleros, ex convictos, personas que son mensajeros creíbles en este vecindario. El noventa y ocho por ciento de nuestro personal [miembros] son residentes de las comunidades en las que sirven. Cuando las personas los ven en la cuadra, ayuda a cambiar la imagen de estas personas, pasan de ser depredadores en su vecindario, a ser quienes brindan soluciones y solucionan problemas. De modo que pueden disuadir el conflicto y la violencia».

El tercer objetivo, que Sherrills llama la «teoría del cambio» de la ciudad, se centra en apoyar a las víctimas a través de los servicios de víctimas con acceso mejorado, incluye los servicios de trauma.

«Hemos podido acceder a los dólares de la Ley de Víctimas del Crimen en nombre del estado», agrega Sherrills. «Tenemos un defensor de víctimas a tiempo completo que ayuda a las personas a completar su solicitud de víctimas de delitos. Los conectamos con servicios legales pro-bono de nuestros socios en la Universidad de Rutgers. Les brindamos tutoría a través de un modelo de gestión de casos. Nueve de nuestros trabajadores de divulgación también realizan tutorías a través de un modelo de gestión de casos».

El NCST también diseñó el número 800 que brinda a los residentes que están experimentando o presenciando un problema o conflicto doméstico la opción de llamar a los miembros de la comunidad, en lugar de la policía, para mediar la situación.

«Puede llamarnos directamente», dice Sherrills. «Y enviaremos a una persona de la comunidad que esté capacitada en resolución de conflictos y mediación, que comprenda las prácticas del trauma informado, para poder responder a su situación y ayudarlo a mediar esa situación con un resultado pacífico».

Sherrills señala que los tres programas trabajan juntos para crear una estructura de seguridad integral. Además, la ciudad lleva a cabo un foro de política comunitaria llamado Public Safety Round Table (Mesa Redonda de Seguridad Pública) en el que los residentes, incluidos los funcionarios electos, las fuerzas del orden público, las organizaciones comunitarias y los grupos religiosos, se reúnen dos veces al mes para responsabilizarse mutuamente por los servicios que se supone deben proporcionar.

«Es un enfoque holístico», añade Sherrills. «Cuando hablamos de intervención comunitaria, algunas personas piensan que la interrupción [como lo hace la policía] es el único aspecto del trabajo que sucede. Y yo digo, no. Intervenimos, y luego nos ocupamos de las represalias y el control de rumores, conectamos a esas personas con los servicios a las víctimas, y luego los conectamos a una multitud de otros servicios para apoyarlos en su sanación».

Mirando a Oregon y CAHOOTS

En diversos grados, varias ciudades de EE.UU. se han unido a Minneapolis y se han comprometido a retirar el patrocinio y reorganizar sus sistemas policiales en nuevos sistemas orientados a los servicios. San Francisco y Los Ángeles, por ejemplo, se han comprometido a reasignar todas las llamadas no violentas al 911 a personas que no son policías. San Francisco, Los Ángeles y Denver han señalado específicamente el programa CAHOOTS (Asistencia de crisis ayudando en las calles) en Eugene, Oregon, como un ejemplo de cómo dirigir con éxito las respuestas que no son de emergencia, particularmente en torno a la salud mental, lejos de la policía. El personal de CAHOOTS no están conformado por agentes de la ley y no portan armas, sino que dependen de la capacitación y un enfoque no violento de resolución de conflictos para situaciones de crisis.

Durante 31 años, el programa CAHOOTS ha ofrecido servicios de seguridad pública basados en la comunidad en la ciudad de Eugene, así como en la ciudad vecina Springfield. Creado en 1989 por el Departamento de Policía de Eugene y la Clínica White Bird como un servicio de «policía comunitaria», el programa es un servicio de primeros auxilios de salud mental para crisis que involucran enfermedades mentales, personas desamparadas y adicciones. Al igual que otros servicios de emergencia, como el departamento de bomberos y la policía, CAHOOTS es un programa de intervención de crisis disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, cuyos trabajadores son enviados a través del centro de comunicaciones de la policía de bomberos y ambulancias de Eugene. Cada equipo de despacho consta de un personal médico que puede ser una enfermera o un técnico médico en emergencias (EMT, por sus siglas en inglés) y un trabajador de crisis con múltiples años de experiencia en salud mental.

La innovadora asociación del programa CAHOOTS entre la policía y los servicios sociales se ha convertido en un modelo nacional de cómo replantear potencialmente y con éxito las intervenciones que no son de emergencia. Un estudio publicado en el American Journal of Preventive Medicine en el 2016 estimó que entre el 25 y más del 50 por ciento de los encuentros fatales con la policía involucraron a un individuo con una enfermedad mental. El programa le ha permitido a la ciudad de Eugene evitar la mayoría de los encuentros entre la policía y personas con enfermedades mentales. Según sus datos internos, el respaldo policial solo se solicitó 150 veces «de un total de aproximadamente 24 000 llamadas de CAHOOTS» en 2019.

Según su sitio web, CAHOOTS responde a las llamadas y ofrece servicios de apoyo relacionados con, entre otros, todos los siguientes:

  • Consejería de crisis
  • Prevención, evaluación e intervención del suicidio.
  • Resolución de conflictos y mediación.
  • Pena y pérdida
  • Abuso de sustancias
  • Crisis inmobiliaria
  • Primeros auxilios y atención médica que no sea de emergencia.
  • Conexión de recursos y referencias
  • Transporte a los servicios

Además de ofrecer a los residentes una alternativa al  llamar a la policía, el programa CAHOOTS le ahorra dinero a la ciudad. El presupuesto del programa es de aproximadamente $2.1 millones por año, mientras que los presupuestos anuales combinados para los departamentos de policía de Eugene y Springfield son de $90 millones. Según CAHOOTS, en el 2017, los equipos del programa respondieron «al 17 por ciento del volumen total de llamadas del Departamento de Policía de Eugene», y el programa estima que «ahorra a la ciudad de Eugene un gasto anual estimado de $8.5 millones en seguridad pública».

Heather Sielicki, coordinadora de operaciones del programa, dice que el éxito del programa se basa en el hecho de que se necesita un «enfoque de vecinos que ayudan a vecinos».

«Las personas en la comunidad a menudo llaman y solicitan ayuda de nuestro programa porque saben que se puede confiar en nosotros para ayudar a encontrar una solución para la necesidad humana que no sea de naturaleza punitiva», dice ella. «CAHOOTS se trata menos de hacer cumplir lo imposible y más de trabajar para encontrar posibilidades en circunstancias difíciles y aliviar la crisis inmediata».

Este artículo fue producido por Local Peace Economy, un proyecto del Independent Media Institute.

April M. Short es editora, periodista y editora y productora de documentales. Es becaria de escritura en Local Peace Economy, un proyecto del Independent Media Institute. Anteriormente, se desempeñó como gerente editorial en AlterNet y como galardonada escritora senior para Santa Cruz, el periódico semanal de California. Su trabajo ha sido publicado en el San Francisco Chronicle, In These Times, Salon y muchos otros.

Traducción del inglés por Nicole Mosquera