Por Manuel Acuña Asenjo

Proponiendo «acuerdos»

Cuando, en abril, y en medio de la pandemia que azotaba al país, convocó el presidente Piñera a los sectores opositores a la celebración de un nuevo acuerdo nacional para enfrentar los efectos de la crisis que dicha pandemia ocasionaba, ya parecía conveniente precisar el contenido de esa palabra ‘acuerdo’. Porque, para que exista un ‘acuerdo’ deben existir ‘partes’, es decir, personas agrupadas, debidamente representadas y con intereses contrapuestos, ‘partes’ que no estén fuera del sistema político sino dentro de él, formando parte integrante suya. Normalmente, en un sistema democrático, tales ‘partes’ están constituidas por las instituciones del Estado: los ‘acuerdos’ se celebran al interior de dichas instituciones, nunca fuera de ellas. Generalmente, el Gobierno adopta la forma de una de esas ‘partes’; la ‘oposición’ es otra, expresada, corrientemente, en el Parlamento y/o los partidos políticos.

Sin embargo, esa forma de mirar la política deja de lado una circunstancia crucial: si la democracia presupone la igualdad de los seres humanos por la simple circunstancia de proveerlos de un derecho a voto, comete otro dislate similar al suponer que la simple elección es el único rasgo que confiere representatividad a las autoridades. Porque cuando el representante no realiza sus labores, o lo hace de modo inadecuado, se deslegitima, deja de contar con el apoyo ciudadano que lo consagró como tal: el desafecto y la decepción se producen en forma automática. Surge, así, un vasto contingente humano desilusionado del manejo que sus pretendidos representantes hacen de la política. No por otro motivo abandonan a la oposición institucional y se organizan en la forma de movimientos sociales construyendo una oposición social, extraparlamentaria o no institucional.

Es obvio que tal ‘oposición’ no sea considerada para la celebración de acuerdo alguno pues si bien normalmente opera ‘praeter leggem’, también lo hace, en ciertas ocasiones, ‘contra leggem’, circunstancia que alienta a los ‘doctores de la ley’ a calificarla como típica conducta delictual. Y, puesto que raras veces muestra un sujeto que la dirija, un ‘líder’ o ‘conductor social’ —lo que no quiere decir que no obedezca patrones de organización—, hace difícil pensar en acuerdos con ella para quienes siempre han concebido la sociedad en el carácter de vertical.

¿Es posible un nuevo acuerdo?

En los últimos meses del pasado año, y en los primeros del presente, experimentamos las consecuencias de un ‘acuerdo’ de esa naturaleza, celebrado a mediados de noviembre, entre la presidencia de la nación y el Parlamento (y ciertos partidos) del país; todavía en esos meses algunos sectores insistían en suponer que estos últimos representaban a la comunidad nacional en circunstancias que, ya en diciembre de 2019, de acuerdo a la encuesta CADEM, la aprobación de éste oscilaba entre un 2% y un 3% y la del presidente alcanzaba solamente a un 6%. Si esos índices de aprobación eran tan precarios y, no obstante, aquello se hizo, ¿gozaban de ‘legitimidad’ los actores políticos para celebrar un acuerdo de esa naturaleza que comprometía a la totalidad del país? ‘Legitimidad’ no es sinónimo de ‘legalidad’; la primera se encuentra estrechamente vinculada a los principios éticos de la sociedad, en tanto la segunda dice relación con la producción legislativa, es decir, con la acción del Parlamento, estructura política puesta, precisamente, en tela de juicio. Si, entonces, eso fue posible, ¿permiten las actuales circunstancias, un nuevo acuerdo, de la misma naturaleza, con los mismos actores políticos, y con objetivos más o menos similares?

En política, nada es imposible. Por ello, no puede asegurarse que un acuerdo de esa naturaleza jamás vaya a celebrarse. Eso puede suceder; es parte de lo posible. Porque la política no es sino un juego de intereses y los intereses pueden alterarse significativamente en el curso de los acontecimientos.

Sin embargo —y aunque esta afirmación parezca de Perogrullo— la situación que existía en esos meses no es la misma que existe hoy, período en el que la nación ha experimentado el rigor de la pandemia.

En el período anterior, la institucionalidad se enfrentaba a un descrédito absoluto. Es un hecho conocido que los dueños de la encuesta CADEM son amigos de gran parte de la llamada ‘élite’ política nacional —especialmente, del presidente Piñera y de la mayoría de los actores políticos —, circunstancia que podría explicar (hasta cierto punto) más de alguna cifra un tanto favorable a los mismos; sin embargo, y a pesar de ello, como ya se ha dicho, en diciembre de 2019, de acuerdo a la misma encuesta, la aprobación del presidente alcanzaba solamente a un 6% y la del Parlamento oscilaba entre un 2% y un 3%. El descrédito de las instituciones era total. Los actores políticos estaban deslegitimados. Y, ante ese panorama, tanto el Parlamento (y los partidos políticos) como el Gobierno se veían enfrentados a un adversario común que eran los movimientos sociales con los cuales todo acuerdo resultaba imposible. En primer lugar, porque el Gobierno y la oposición institucional no eran, para los movimientos sociales, ‘legítimos contradictores’ y, en consecuencia, ‘interlocutores válidos’: al igual que Pinochet, el Gobierno había mutilado visualmente y atropellado hasta quebrar los huesos (y, en otros casos, hasta provocarles la muerte) a gran parte de los manifestantes, había exterminado a otros y torturado a quienes apresaba. Y el diálogo, para un acuerdo, no se realiza entre la víctima y el verdugo. La oposición institucional, por su parte, había guardado silencio cómplice ante las manifiestas violaciones a los derechos humanos. Era ridículo suponer que dos estructuras deslegitimadas no se unirían (Gobierno y oposición institucional) en una cruzada orientada a aplastar a ese enemigo común que era la comunidad que protestaba. El acuerdo fue firmado por ellos porque, en esos momentos, era imposible pensar en otro tipo de solución que les asegurara el futuro.

Entonces, para evitar el fomento de la desobediencia civil y el crecimiento acelerado de ciertos embriones de poder popular, la protesta se criminalizó comenzando, al efecto, una febril actividad parlamentaria, algo que jamás antes se había visto. Las leyes propuestas por el Ejecutivo en orden a robustecer el control sobre la población (Ley ‘Sticker’, ley antisaqueos, ley que permitía a la ANI autorizar agentes infiltrados) no sólo comenzaron a ver la luz sino a ser aplicadas de inmediato; se toleró y alentó el uso y abuso de los recursos públicos para la adquisición del instrumental represivo de las fuerzas policiales y aplastar al rebelde de la misma manera que se hizo con la acción del Gobierno orientada a criminalizar la protesta. Se hizo una amalgama entre pobreza y delincuencia, entre narcotráfico y anarquismo, entre comunismo/chavista y portonazo. El enemigo eran los delincuentes, pero al asimilarlos con los demás estamentos sociales, los enemigos pasaron a ser los pobres. Estamento que, en verdad, siempre lo había sido. Era una lucha de los privilegiados en contra de los carentes de privilegios; se trataba de perseverar en la mantención de una sociedad altamente dividida en clases sociales. Un esfuerzo desesperado por mantener la identidad de la sociedad que existía hasta ese momento, heredada de la dictadura pinochetista. Oposición y Gobierno estaban unidos en el propósito común de aplastar al ‘delincuente’. Y, no obstante, los asaltos continuaban, al igual que los ‘portonazos’, los asesinatos, el narcotráfico y los robos en la puerta misma de las instituciones bancarias, a pensionados y personas desprotegidas. Porque la policía estaba ocupada atacando a los ‘vándalos’, a los ‘anarquistas’, a los ‘comunistas chavistas’. Y, por supuesto, comprando drones, cámaras de vigilancia, zorrillos más equipados, en fin, para cumplir su labor primordial que era asegurar la continuidad del gobierno autoritario y, consecuentemente, el dominio total del capital financiero.

Una situación diferente

La situación de hoy, si bien es la misma desde el punto de vista represivo, no lo es en cuanto al comportamiento de otros estamentos sociales.

En primer lugar, porque la policía se encuentra, en la actualidad, tremendamente militarizada, circunstancia que exime al Ejecutivo de recurrir al Ejército, poco proclive a realizar tareas policiales; en otras palabras, el Gobierno puede hoy enfrentar con éxito al ‘subversivo’ aprovechando la situación de pandemia. Esta situación ha llegado a tal extremo que un grupo de académicos y académicas reunidos en torno al denominado Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas GADFA debió salir al paso para criticar fuertemente las iniciativas que el Ejecutivo apura en el Congreso orientadas a militarizar la policía (i).

En segundo lugar, porque la oposición social (expresada en la protesta), el agente que provocaba la unión entre el Gobierno y la oposición institucional no está a la vista; si bien está viva, no se manifiesta como una amenaza actual al sistema vigente pues la pandemia opera como su agente desactivador. El receso, sin embargo, no es extinción; la espera no es claudicación. Lo que hace que la protesta surja en determinados momentos y en determinados sectores, a menudo, impetuosa, acuciada por los efectos del hambre y de la rabia.

Existe, sin embargo, otra circunstancia: el desastroso manejo de la pandemia, en donde se ha privilegiado la marcha de la economía por sobre la salud de la población, ha revelado un Chile que la ‘élite’ no quería ver, el Chile que vive, hoy, alimentándose, a lo largo y ancho de su geografía, con ollas comunes gracias a la solidaridad de otros chilenos. Las consecuencias de esta política han sido catastróficas. Chile ocupa hoy los más altos lugares dentro del ‘ranking’ mundial de la pandemia, circunstancia que no ha pasado desapercibida para los sectores que otrora apoyaron al Gobierno (ii).

“Según datos oficiales del Ministerio de Sanidad (símil del Minsal), el país de la Península Ibérica —con una población aproximada de 47,4 millones de habitantes— alcanzó esta jornada los 246.504 infectados por Covid-19, de acuerdo al balance realizado con corte hasta las 14:00 horas (local) de hoy.

En Chile, en tanto, —con 17,5 millones de habitantes— el total de personas que han contraído el virus se alza a los 246.963, según el reporte entregado esta mañana, con corte hasta la 21:00 horas de ayer domingo”(iii).

A fines de junio recién pasado, los muertos ya alcanzaban casi los 9 mil.

“De acuerdo al conteo del DEIS, que maneja otras fuentes de información, por lo tanto es más completo, según señaló Rafael Araos; las muertes con PCR confirmadas llegan a 6.089 y hay 2.846 sin confirmación, es decir, sospechosos o probables […] Con el informe del DEIS el número de decesos totales por Covid-19 en el país llega a 8.935”(iv).

Hay, en consecuencia, una nueva mirada de la llamada ‘clase política’ no solamente sobre la población nacional sino, además, en torno a la labor del Gobierno en materia de tratamiento a la pandemia; y una crítica más seria acerca de la continuidad del modelo heredado de la dictadura. Y, a pesar que las cifras de aprobación de las autoridades no han experimentado alzas significativas, eso hace que los sectores políticos e instituciones públicas no miren a la presidencia (Gobierno) como el aliado que hace un tiempo atrás tuvieron. No hay una amenaza inmediata de la oposición extraparlamentaria a la ‘élite’ política y Piñera se va quedando solo lo que le hace endurecer cada vez más las medidas en contra de la población. Lo que justifica con creces que más de un analista se pregunte, intrigado, ‘Acuerdo Nacional… ¿para qué?’(v)

El apoyo de Chile Vamos al gobierno

Con ocasión del rechazo del Ejecutivo a la proposición de la UDI de vetar la ley sobre reelección de alcaldes, ese partido no vaciló en señalar, a principios de este mes, por boca de su presidenta, en una entrevista que le hiciera el Canal 13, que:

«[…] va creciendo la desafección de la UDI hacia el gobierno»(vi).

La UDI ha entrado en colisión —además de Renovación Nacional RN— con otro de los partidos que integran la coalición ‘Chile Vamos’: Evolución Política EVÓPOLI; más exactamente, por el rol destacado que tiene Gonzalo Blumel en el ministerio del Interior a quien reprochan su falta de conducción política. No por otro motivo emitió su Comisión Política el 7 del presente una declaración en la que manifiestan compartir:

«[…] plenamente la opinión que ha expresado la presidenta del partido y otras autoridades de la UDI respecto a la evidente falta de conducción política que se arrastra hace tiempo y que exhibe el Ministro del Interior, autoridad a cargo de desempeñar esa función en el gobierno, cuestión que queda de manifiesto en el actuar errático y la incapacidad que ha tenido para manejar adecuadamente diversas materias, como ocurre con el incumplimiento de los deberes que le corresponden en el eficiente control de la seguridad y el orden público en el país»(vii).

Por eso, Van Rysselberghe no vacila en señalar, sobre EVÓPOLI, con decepción:

«Ellos son pocos, […] ¿cuántos llamados telefónicos son para poder pedirles cierta prudencia y decirles que esto era un tema de coalición?»(viii)

Echarle la culpa a su propia coalición no es algo que pueda hacer impúdicamente; más fácil resulta culpabilizar a otros factores. Aunque tal razonamiento raye en la ridiculez:

«Vemos un gobierno sin convicción» (que termina)»cediendo a las presiones de la izquierda»(ix).

La ‘izquierda’ es, pues, el chivo expiatorio de toda la coalición. Y, aunque las dificultades existen y son manifiestas al interior de la coalición ‘Chile Vamos’, ha de dárseles el tradicional tratamiento que emplean, al respecto, los medios de comunicación.

Como ya lo sabemos, estas disputas no son entre personalidades o figuras públicas, sino corresponden a una contradicción de intereses entre fracciones de clase en donde la fracción industrial de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, representada por Renovación Nacional RN y, en cierta manera por EVÓPOLI, considera que ha llegado el momento de desmontar el modo de acumulación existente y reemplazarlo por otro, lo que no acepta la Unión Demócrata Independiente UDI, defensora a ultranza del modelo heredado de la dictadura pinochetista. Como lo señalara un analista:

“[…] la pugna es distinta. Tiene una profundidad mayor que la hegemonía del sector a través de las cuotas de poder. La diferencia la marcó la firma del acuerdo político la madrugada del 15 de noviembre, que definió la ruta del proceso para una nueva Constitución, lo que en la práctica implica la opción de modificar el modelo, redefinir las estructuras de poder del país y cambiar las reglas del juego que han imperado por casi 40 años”(x).

El presidente, en consecuencia, no tiene el apoyo de su propia coalición. Hace tiempo que perdió el de Renovación Nacional; hoy pierde a La UDI. Con el agravante que muchos de sus propios partidarios nada quieren saber de él. Es conocido el caso del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, ex militante de la UDI, quien hace poco, en una actitud despectiva, sacó el cuadro del presidente Piñera que tenía en su despacho, reemplazándolo por uno del ex alcalde Patricio Mekis. Al ser consultado por uno de sus subordinados qué haría con el cuadro le dijo simplemente:

“Déjalo por allá, en cualquier oficina”(xi).

Este desprecio hacia la persona del presidente lo retrata con extrema fidelidad Carlos Larraín cuando, consultado sobre el apoyo que sectores oficialistas dieron, en la Cámara de Diputados, al proyecto de retiro de fondos de las AFP, repuso irónicamente:

“Los partidos de derecha tienen que apoyar al Presidente de la República, aunque lo encuentren chico, feo y tonto, todo lo que tú quieras, pero es el Presidente de la República”(xii).

Si luego del estallido social de 18 de octubre de 2019 había perdido el presidente Piñera toda su legitimidad ante la comunidad nacional y, en consecuencia, no era un ‘interlocutor válido’ para negociar con aquella, hoy no lo es ni siquiera para sus propios sostenedores. No debe sorprender la conducta errática y zigzagueante que ha tenido en estos últimos meses.

La oposición institucional

La dispersión de la oposición institucional se mantiene y ha experimentado pocas variaciones. Como lo señaláramos en algunos de nuestros documentos el conjunto opositor se presenta bastante resquebrajado. El ex ministro de la Concertación, Francisco Vidal, se refirió hace unos meses atrás a cinco oposiciones y, probablemente, se ha quedado corto en la enumeración de los segmentos existentes al interior de esa oposición institucional que, en verdad, presenta un abanico tan amplio que se extiende desde los colaboracionistas a quienes poco o nada quieren saber del gobierno.

El segmento más conservador lo integran ‘Proyecto Cambio Democrático’ (con militantes y ex militantes del partido Socialista, del partido Por la Democracia y del partido Radical, entre otros Darío Contador y Fredy Cancino), ‘Comunidad en Movimiento’ (que formara el matrimonio de Soledad Alvear y Gutenberg Martínez) y ‘Progresismo con Progreso’ (grupo organizado por Mariana Aylwin). Con ellos están Oscar Guillermo Garretón, Pepe Auth, Cristián Warnken, Ricardo Lagos, Felipe Harboe, y otras personalidades que esperan reclutar adherentes y militantes antes del plebiscito. No se organizan para prestar su apoyo al gobierno sino para enfrentar las elecciones futuras y asegurar de esa manera la conservación del sistema. Luego vienen las agrupaciones partidarias que presentan pocas o escasas innovaciones.

La oposición más activa la integran organizaciones que son parte de la oposición institucional como de la no institucional. En este sector podemos encontrar al Instituto de Derechos Humanos INDH y a varias agrupaciones también de derechos humanos como asimismo organizaciones de hecho. Todas ellas se encuentran unidas en torno al propósito de poner término al mandato de Sebastián Piñera ya sea judicial o extrajudicialmente pero, siempre, dentro de las normas establecidas.

Un Presidente enfermo

El Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS presentó, a comienzos de febrero del presente año, un documento al Presidente del Senado de ese entonces, sr. Jaime Quintana, en el que le solicitaba proponer a esa corporación una revisión médica de la salud mental del presidente a fin de determinar si estaba o no en condiciones de seguir gobernando, solicitud que, dada la posición política del senador Jaime Quintana —que siempre buscó pactar con Piñera—, fue archivada.

La solicitud, de ocho carillas, se basaba en una serie de observaciones practicadas por diversos actores a la conducta del presidente, y en las opiniones de algunas personas versadas en la materia, con una serie de anexos referidos al caso, en atención a que, como lo expresara el diputado Florcita Alarcón:

«[…] se dice ‘el Presidente está enfermo’ y uno puede decir ‘pobrecito, está enfermo’, pero un enfermo con iniciativa como el Presidente, enferma a todo el país y eso es grave»(xiii).

Hace un tiempo atrás, expresaba, a propósito de la forma cómo se había realizado el tratamiento de la pandemia, el músico Claudio Narea, lo siguiente:

“El problema es que estamos en manos de dos psicópatas. Por eso las cosas han tomado este rumbo. No es posible que tengamos que resignarnos a vivir lo que se viene para nuestro país”.(xiv)

En los primeros días de marzo, el diputado Esteban Velásquez, del Frente Regionalista Verde Social, expresó, sobre el particular:

“Las expresiones del Presidente Piñera escapan a todo razonamiento lógico, elemental. No solo comete errores sino que da la impresión que no está en su sano juicio cuando de un tiempo a la fecha declara la guerra prácticamente a la ciudadanía y sus argumentos que se sustentan en informes sin ningún asidero“.

“[…] permanentemente incita a ambientes de violencia y climas beligerantes por estar violentando cada acción social y justificándola solo con cuestiones de orden policial, punitivo“(xv).

En los meses posteriores, no obstante, y dada la circunstancia que las extrañas actitudes del presidente han recrudecido, se han hecho similares observaciones por otros parlamentarios entre los que cabe destacar al diputado Jaime Naranjo quien, en el curso del mes de mayo,

“[…] presentó un proyecto de ley de reforma constitucional, para inhabilitar física o mentalmente al Presidente de la República en ejercicio, en este caso Sebastián Piñera, iniciativa que ya había solicitada por otros parlamentarios de oposición”(xvi).

Para el senador Juan Ignacio Latorre, por ejemplo,

“En mi calidad de profesional de la salud mental, como psicólogo, veo con preocupación ciertas conductas del Presidente Sebastián Piñera. Y lo digo con mucha seriedad y responsabilidad. Aprecio ciertas conductas y expresiones, como la comunicación no verbal por ejemplo, que creo están alteradas. Por toda la presión que tiene, claro, puede sucumbir. Creo que afloran ciertos rasgos que se escapan a su tradicional forma de ser […]”(xvii)

Más recientemente el periódico digital ‘El Mostrador’, en un comentario que fuese reproducido por varios otros medios, incluyendo el ‘Ilustrado’(xviii), advertía, al respecto, que

“La opinión pública tiene derecho a saber si los tics, andar vacilante, rigidez del brazo izquierdo, espasmos incontrolables y descontrol físico en general que evidencia el Presidente Sebastián Piñera, apreciables a simple vista en transmisiones televisivas y en videos que circulan copiosamente por las redes sociales —por ejemplo, en el captado durante el funeral de su tío Bernardino Piñera—, son consecuencia de una enfermedad, física o mental, o no”(xix).

Un Presidente trasgresor de la ley

A estos intentos de inhabilitar al presidente por la vía institucional, perfectamente legales, hay otros intentos que buscan similares objetivos por otras vías y otros motivos: hacer responsable al presidente tanto por la violación de los derechos humanos en el transcurso de los meses que duró el estallido social como por el tendencioso tratamiento de la pandemia.

En efecto, a partir del 18 de marzo del presente año y con ocasión del deplorable manejo de la pandemia que ha asolado al país, una nueva ola de acciones judiciales se ha dejado caer sobre los organismos de gobierno y, en especial sobre el presidente y ministro de salud. Las acciones que se entablan son variadas, aunque la generalidad de ellas acusan a ambos y a otros colaboradores del delito de homicidio. Estas querellas se dan tanto en sectores específicos (como la querella del Alcalde Jadue referida únicamente a la comuna de Recoleta y las que se han deducido por el reprochable tratamiento de los presos en las cárceles, etc.) como en todo el territorio nacional (v.g., la que interpondrá el senador Navarro por el mal manejo de la pandemia y la que prepara la organización Querella Ciudadana en el sitio webb https://quereciudadana.info/jform.php, en fin). Existen otras acciones judiciales en contra de esos mismos personajes, como la entablada por la diputada de Comunes, Claudia Mix, que interpuso el 6 del presente en la Fiscalía una denuncia criminal en contra del Presidente Sebastián Piñera y en contra de todos quienes resulten responsables, ya sea en su calidad de autores, cómplices o encubridores, por contravenir indicaciones sanitarias de la autoridad y poner en peligro la salud pública durante el funeral de Bernardino Piñera(xx).

Efectos de estas querellas

Es un hecho cierto que, a pesar que algunos tribunales han acogido las querellas (xxi), muchas de ellas serán rechazadas por las instancias superiores y, en definitiva, por la Corte Suprema. Deriva tal circunstancia del conservantismo propio que existe dentro de los tribunales superiores de Justicia y del mismo principio que opera en otras instancias del Estado para el rechazo de toda queja en contra de las autoridades, que es el principio de la complicidad: las autoridades se protegen entre sí porque si toleran el enjuiciamiento de otras suponen estar socavando el principio de la autoridad que las sustenta, por lo que todo el conjunto institucional se hace cómplice de las peores aberraciones.

De esta circunstancia nace otra que hermana a todas las acciones judiciales interpuestas. El ordenamiento jurídico internacional acepta revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que son violatorias de los derechos humanos, pero ello requiere del agotamiento de la instancia nacional. Cumplido ese requisito, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH como, también, la Corte Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas van a conocer de las querellas interpuestas. Hay juristas de otras nacionalidades preocupados que estos crímenes no queden impunes y han logrado reunir bastante material sobre los hechos ocurridos y abundantes medios de prueba avalados por documentos y testimonios. Por lo que puede suponerse que, de prosperar las acciones entabladas ante los tribunales internacionales, no ocurrirá de manera diferente a como sucedió con Pinochet hace ya casi medio siglo. Si los querellados no se presentan a declarar se emitirán órdenes de detención internacional en contra de todos ellos y de esa manera, muchos de ellos pertenecientes a la elite financiera transnacional, verán interrumpido su sueño de continuar departiendo con otros miembros de aquella. Porque jamás podrán salir de Chile quienes participaron en el carácter de autores, cómplices o encubridores de los crímenes en contra de los derechos humanos; tampoco quienes les han secundado. Y, probablemente, seguirán siendo formalizados ante los tribunales nacionales por las responsabilidades civiles que se deriven de la condena internacional. De lo cual podemos colegir que, independientemente del curso que tomen los acontecimientos políticos del país, las querellas seguirán su rumbo imperturbable. Una estrategia que, al parecer, se ha ido construyendo consciente e inconscientemente en estos meses de protesta y de pandemia.

 

Notas

i Redacción: “Militarización en la pandemia: el escenario ideal para tramitar leyes sin un debate de fondo”, Radio Universidad de Chile, 18 de junio de 2020.
ii Al 05 del presente mes, Chile ocupaba los siguientes puestos en el ‘ranking’ mundial de la pandemia:

5° en casos totales de contagiados y 3° en esos mismos casos per cápita; 13° en total de fallecidos por millón de habitantes y 8° de los mismos considerados per cápita; 26° en test de PCR realizados en totales y 47° en los test PCR realizados per cápita.
iii Parra, Nicolás: “Chile supera en contagios por coronasvirus a España, uno de los países más golpeados por la pandemia”, Radio Biobío, 22 de junio de 2020. Con negrita en el original.
iv Redacción: “Casi 9 mil muertes: Informe Epidemiológico que incluye los casos sospechosos eleva las cifras de la pandemia en Chile”, ‘El Mostrador’, 28 de junio de 2020.
v Fernández Narras, Enrique: “Un ‘Acuerdo Nacional’, ¿para qué? ¿Para beneficiar a quién?”, ‘El Mostrador’, 15 de junio de 2020.
vi Redacción: “JVR advierte a La Moneda: «Va creciendo la desafección de la UDI hacia el gobierno», ‘El Mostrador’, 04 de julio de 2020.
vii Redacción: “La UDI en picada contra Blumel: comisión política del gremialismo critica ‘la evidente falta de conducción por parte del Gobierno, y en especial del ministro del Interior’”, ‘El Mostrador’, 07 de julio de 2020.
viii Redacción: Art. citado en (4).
ix Redacción: Art. citado en (4).
x Leighton, Hernán: “La fractura profunda de Chile V amos”, ‘El Mostrador’, 02 de julio de 2020.
xi Veloso, Luciano: “’Déjalo por allá’: Alcalde de Rancagua saca de su oficina el cuadro del presidente Piñera”, Radio Biobío, 07 de Julio de 2020.
xii Redacción:”Carlos Larraín y retiro de fondos con apoyo de Chile Vamos: ‘Hay que apoyar al Presidente de la República, aunque lo encuentren chico, feo y tonto’”, ‘El Mostrador’, 09 de julio de 2020.
xiii Redacción: “Diputado Florcita Alarcón: “El Presidente está enfermo, y un enfermo con iniciativa enferma a todo un país y eso es grave”, ‘El Mostrador’, 08 de julio de 2020.
xiv Redacción: “La catarsis de Claudio Narea en medio de la pandemia: ‘El problema es que estamos en manos de dos sicópatas’”, ‘El Desconcierto’, 30 de mayo de 2020.
xv Redacción: “No está en su sano juicio”, Revista ‘Cambio 21’, de 03 de marzo de 2020.
xvi Redacción: Diputado Naranjo (PS) presenta proyecto para inhabilitar «física o mentalmente» al Presidente de la República”, ‘El Mostrador’, 12 de mayo de 2020. Subrayado en el original.
xvii Ceballos, Carolina: “Senador Latorre aboga por un chequeo mental riguroso para Piñera: ‘Es muy importante que esté en plenas facultades sicológicas’”, ‘El Desconcierto’, 25 de junio de 2020. Con negrita en el original.
xviii Véase la página webb ilustrado.cl de 01 de julio de 2020.
xix Redacción: “La salud del presidente y la democracia”, ‘El Mostrador’, 01 de julio de 2020.
xx Redacción: “Diputada Mix interpone denuncia en la Fiscalía contra Presidente Piñera por contravenir indicaciones sanitarias”, ‘El Mostrador’, 22 de junio de 2020.
xxi Como la querella interpuesta por el Alcalde Daniel Jadue.