No son precisamente coincidencias ideológicas las que provocaron una amplia mayoría en el Congreso Nacional para aprobar el retiro del 10 por ciento de los ahorros previsionales de los trabajadores a objeto de encarar la grave crisis sanitaria y económica del país. De no haber sido por la pandemia y sus trágicas consecuencias en la vida de la población, difícilmente un espectro tan amplio de legisladores le hubiese doblado la mano al presidente Piñera en su empeño de proteger el sistema de AFP, que en cuatro décadas de ejecución manifiesta su fracaso en las miserables pensiones que paga a los jubilados chilenos, versus las más millonarias utilidades que arroja a favor de un puñado de empresas y bancos la administración de estos multimillonarios fondos.

Se hizo tan mayoritaria la propuesta de recurrir a estos recursos para hacer frente al hambre, la desocupación u otros fenómenos que golpean a los sectores más pobres y de clase media, que solo unos pocos insensatos o encaprichados se opusieron hasta el final a aprobar esta medida. Una tozudez y desvergüenza que sin duda pondrá en jaque sus aspiraciones político electorales y los llenará de descrédito público. Tanto que más de un 80 por ciento de los ciudadanos encuestados recientemente manifiesta ahora su repudio al actual mandatario, con seguridad el gobernante más desacreditado ante el pueblo en toda nuestra historia republicana.

Los partidos de derecha no pudieron disuadir a aquellos legisladores que terminaron dándole sus votos a la iniciativa. La renuencia de La Moneda y de algunas cúpulas partidarias se explica naturalmente en su insensibilidad social, pero sobre todo en los ingentes recursos destinados por las administradoras de los fondos de pensiones para financiar los procesos electorales y ofrecer cargos y prebendas horizontalmente a la clase política. Habiendo quienes hasta han llegado a compartir sus funciones públicas con las de directores y asesores de éstas y otras sociedades anónimas.

Como un atropello a la autonomía que deben tener los diputados y senadores, varios de estos rebeldes parlamentarios han sido denunciados ante los tribunales de honor o disciplina de sus partidos. Es decir, arriesgan por su díscola posición la posibilidad de ser suspendidos y expulsados de sus colectividades. Aunque muchos reconocen que será muy difícil, ya, que se les apliquen sanciones muy drásticas, por el temor del oficialismo de quedar definitivamente en minoría en ambas ramas del Congreso y dificultar con ello la posibilidad de que Piñera pueda seguir gobernando con algún ascendiente frente al Poder Legislativo.

Sería muy insensato pensar que con la aprobación del retiro de apenas un 10 por ciento de los fondos previsionales los parlamentarios hayan enfrentado una disyuntiva doctrinaria o siquiera ética. Lo cierto es que en esta solución se impuso el mal menor cuando debieron ser el Estado, los grandes empresarios y los chilenos más ricos los que se hicieran cargo de enfrentar la crisis sanitaria y económica, como ha sucedido en las democracias serias.

A esta altura, habría que reconocer que recurrir a los fondos del retiro es un despropósito que solo se explica en la existencia de un estado cicatero, un empresariado sin conciencia social alguna y en la responsabilidad de los propios legisladores renuentes a aplicar, por ejemplo, un impuesto a las más altas fortunas del país. Mientras mantienen el desenfreno del gasto militar y la codicia de las grandes transnacionales enseñoreadas en toda nuestra geografía y recursos naturales.

En vez de buscar sanciones para los que obedecieron a una gran demanda social, el conjunto de los partidos políticos debiera proponerse denunciar y separar de sus filas a quienes en estos años han demostrado su colusión con los grandes intereses de la industria y el comercio,  protagonizando los incesantes escándalos de corrupción como aquellos bochornosos atentados contra los consumidores chilenos. Una connivencia desembozada y cotidiana entre políticos e inversionistas nacionales y extranjeros extendida largamente.

Aludimos a los múltiples episodios ya prescritos por las leyes o que se ventilan muy lentamente en los tribunales. Con mucha cara de que estos procesos terminen impunes o sancionados con multas risibles que no se compadecen con la cuantía de sus estafas y tráfico de influencia ejercido sin tregua durante treinta años. Se puede decir, que cada uno de los despropósitos cometidos en este sentido por la dictadura ha tenido sus correspondientes réplicas en todos los gobiernos que sucedieron al de Pinochet. El autor, como sabemos,  de la ilegítima Constitución de 1980 y la mayoría de las leyes que amparan estos delitos vinculados al poder; esto es por la institucionalidad que muchos denuncian como ilegítima y antidemocrática cuando son candidatos, pero que luego juran respetar irrestrictamente en posesión de los altos cargos públicos.

“Cuando vayas a cobrar tu 10 por ciento, se dice en las redes sociales, acuérdate del 18 de octubre…” Es decir,  asume que esta pequeña reforma constitucional que tanto irritó a La Moneda y a su férula de empresarios y economistas se debe nada más que a los altos índices de consenso e irritación popular. Como a aquella rebelión nacional suspendida por el Covid 19, que todavía está constituido como el principal aliado y gendarme del “orden establecido”.