El lunes 6 de junio la fiscalía de Bolivia imputó y pidió la detención del ex presidente Evo Morales por “Terrorismo y sedición”. Se reactivó de esta manera la causa basada en un audio casero atribuido al ex mandatario, que supuestamente desde México donde se encontraba refugiado, instruyó al dirigente cocalero Faustino Yutra a bloquear caminos e impedir el ingreso de alimentos a diferentes ciudades en el marco de los conflictos desatados en noviembre del 2019, cuyo desenlace fue un golpe de estado.
La investigación había comenzado el 20 de noviembre del 2019 luego de que el gobierno de facto presentó los cargos contra el ex mandatario por “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”. El 20 de diciembre los fiscales pidieron la detención de Morales que se encontraba en Argentina con el “estatus de refugiado” por lo que las autoridades argentinas rechazaron extraditarlo.
Interpol tiene sede regional sudamericana en Buenos Aires, se espera que se mande un pedido de alerta roja para crear un conflicto diplomático con Argentina, cuyo presidente Alberto Fernández no reconoce a Jeanine Áñez como presidenta constitucional y legítima del Estado Plurinacional de Bolivia, porque no accedió al poder por el voto democrático. Se autoproclamó presidenta de Bolivia en una asamblea legislativa semi vacía y la banda presidencial se la colocó un militar. Por fuera, la asamblea legislativa estaba sitiada de militares, rodeada de tanques y helicópteros. La autoproclamación se produjo posterior a la renuncia del ex presidente Morales a pedido del jefe de las F.F.A.A., Williams kaliman. Áñez para llegar a ser presidenta de facto, primero se autoproclamó presidenta del senado, y recién luego presidenta de Bolivia, antes de ello, era la segunda vicepresidenta del senado por lo que no cumplió con la línea de sucesión, ya que su partido había obtenido solo el 4% de los votos.
Los abogados de Morales, Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra emitieron un comunicado: “Bolivia es un estado de derecho donde rige la fuerza bruta. La imputación a Evo Morales constituye la enésima evidencia del estado policial en Bolivia. Las pruebas no existen, la acusación fiscal es un disparate, igual que el pedido de detención. No hay cargo penal alguno que deba incriminar al ex presidente, nuestro defendido. Morales lucha por la recuperación del estado constitucional y la democracia. El peso de nuestras razones despeja los señalamientos despreciables, cómo son la imputación y el pedido de detención”.
Evo Morales junto a sus dos abogados Gustavo Ferreyra y Raúl Zaffaroni. (Foto de Rolande Andrade Stracuzzi, ley 11723)
Por otro lado, el 15 de junio se reactivó la investigación en que se acusa a Evo Morales de planificar un fraude en las elecciones del 2019 y se anunció la presentación espontánea de un “testigo clave” cuya declaración permitiría ampliar las denuncias y los pedidos de captura. Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral quién tiene estrecha amistad con Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, y aparece en diversas fotografías en redes sociales, se sumó a esta denuncia.
La estrategia golpista es “probar” por medio de jueces cooptados por el golpismo que hubo fraude sin pruebas y anular la personería jurídica del M.A.S. Sería una opción para los golpistas que les permitiría ganar una elección, sacar de la competencia electoral al M.A.S.
La persecución política y judicial contra el ex mandatario no termina ahí, el 25 de junio Arturo Murillo ministro de gobierno de facto, acusó a Morales disparatadamente de ser el ideólogo de la escandalosa causa de corrupción por la compra de respiradores con sobreprecios en el que se detuvo al ex ministro de salud golpista Marcelo Navajas. Murillo sostuvo que esta causa responde a “una conspiración del M.A.S.” y amplió las denuncias al dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, y a dos ex ministros, entre otras otras 10 personas más, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al estado y organización criminal. En esta causa también se habría presentado un “testigo clave” que brindaría datos que compromete a los dirigentes y a ex funcionarios del M.A.S.
Proscripción del candidato a presidente, Luis Arce
El 30 de junio se conoció la denuncia penal interpuesta por Sergio Flores. gerente de la gestora pública de pensiones contra Luis Arce Catacora, candidato a presidente del Movimiento al Socialismo por la compra de dos programas informáticos cuando fue presidente del directorio de la gestora publica, que habría causando un daño económico en detrimento del estado. La denuncia fue realizada a dos meses de las elecciones presidenciales fijadas para el 6 de septiembre en el país y en el contexto en que Áñez anuncia el decreto 4.272 de reactivación del empleo. El M.A.S. denunció que dicho decreto implica el retorno al neoliberalismo, favoreciendo a las empresas privadas y excluyendo a las empresas públicas de recurrir a los fondos del tesoro nacional, condenándolas a la quiebra para su posterior privatización. De tal manera, se pone en riesgo la existencia de los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, cuyo fondo para el pago proviene de las rentas de las empresas públicas. Además, este decreto determina la privatización de los servicios básicos: luz, agua, gas, etc., que fueron declarados como un derecho humano por Morales, quién bajó sus precios en el país.
El ministro de justicia Álvaro Coimbra confirmó que aceptarán la denuncia contra Luis Arce y solicitó a la fiscalía que reactive las diligencias para citarlo en el caso del desfalco del fondo de desarrollo para los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinos (F.O.N.D.I.O.C.), en la que estarían implicados la mayoría de los ex funcionarios del gobierno del ex presidente Morales. Luis Arce es acusado de incumplimiento de deberes y otros. Coimbra también relató que se reactivarán los más de 60 procesos por presunta corrupción durante el gobierno de Morales.
Luis Arce en un encuentro con el presidente argentino, Alberto Fernández. (Foto: Télam)
La persecución judicial o lawfare es una estrategia conocida en la región, a la que han sido sometidos diversos ex mandatarios como Lula Da Silva, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner, para intentar sacarlos de competencia electoral ante el abrumador apoyo de sus pueblos. El caso brasileño fue paradigmático.
El 30 de junio desde la dirección nacional del M.A.S.-I.P.S.P. se emitió un comunicado a nivel nacional e internacional denunciando el intento de inhabilitar al candidato a la presidencia Luis Arce por el M.A.S. que se presenta como ganador indiscutido en las encuestas con el fin de impedir la participación en los comicios del próximo 6 de septiembre. De tal manera, se proscribiría al M.A.S. principal fuerza política de Bolivia, mediante un golpe judicial. Se apuesta a competir en una elección pero sin el principal competidor.
Luis Arce llegó a La Paz, desde el exilio en México para iniciar su campaña proselitista el 28 de enero pasado, de inmediato fue notificado por la fiscalía por un caso de corrupción apenas bajó del avión en un pasillo del aeropuerto de El Alto. Se lo acusa de supuesto incumplimiento de deberes en el caso del fondo indígena (F.O.N.D.I.O.C.), cuando ejercía como ministro de economía. Este caso es el que los golpistas advirtieron que reactivarán en lo inmediato. Anteriormente, Luis Arce también estuvo en resguardo en la embajada de México en La Paz posterior al golpe de estado del 10 de noviembre del 2019 y se asiló en México luego de obtener un salvoconducto del gobierno de facto.
Las elecciones en Bolivia están fijadas para el 6 de septiembre, y todas las encuestas dan por ganador al candidato Luis Arce del Movimiento al Socialismo. El contexto es de crisis política, económica, social y sanitaria en el país con una fuerte ofensiva golpista hacia el pueblo boliviano para evitar las próximas elecciones a toda costa, pese al establecimiento de la fecha electoral. El golpismo busca evitar los comicios con acciones violentas para convulsionar el país y en simultáneo se administra siniestramente la pandemia con el fin de obtener un pico de contagios de 130 mil contagios para la fecha electoral. Por este motivo, Áñez no tomó las medidas de contención necesarias y recién luego del colapso sanitario, se empezaron a realizar pruebas para justificar el disparo en las cifras oficiales. Otra opción sería llevar a cabo las elecciones, pero eliminando de la competencia al principal candidato opositor y/o anulando la personería jurídica del M.A.S.
También se advierte la asunción de un gobierno netamente militar que eliminaría la realización de los comicios en la fecha establecida. Esta situación se entrelaza y reconfigura en relación al contexto geopolítico regional e internacional en que EEUU dejó de ser la potencia económica del mundo y el jefe Trump de Áñez, también cae estrepitosamente en las encuestas para su reelección, lo que demuestra que la pandemia puede llevarse puestos varios gobiernos.
