El gobierno ‘de facto’ de Bolivia amenaza con penas de prisión a los miembros del TSE si no anulan personalidad jurídica del Movimiento al Socialismo (MAS).
“Si actúan de esa forma, tarde o temprano van a llegar y terminar en la cárcel si no anulan la persona jurídica (del MAS)”, así lo afirmó el lunes el coordinador de Movimientos Sociales del gobierno de facto, Rafael Quispe.
Quispe manifestó, asimismo, que, si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no procede a anular la personería del MAS, incurrirá en el delito penal por incumplimiento de sus deberes.
El funcionario del gobierno de facto acusó al candidato del MAS a la Presidencia de Bolivia, Luis Arce, de revelar datos de encuestas, una actuación que prohíben las leyes electorales del país andino.
El MAS se defendió ante tales imputaciones del gobierno de facto y pidió al TSE que actúe con imparcialidad ante las presiones. De igual modo, afirmó que su candidato no difundió ningún sondeo y señaló que solo se limitó a responder a la pregunta que le formularon en una entrevista, sin ofrecer más datos al respecto.
No es la primera vez que el gobierno interino intenta cancelar la personalidad jurídica del MAS y, con ello, dejar fuera de las elecciones del 6 de septiembre al candidato presidencial de dicha formación política.
En este sentido, a principios de julio, el gobierno de facto acusó a Arce, ministro de Economía mientras ostentó el poder en Bolivia el depuesto presidente Evo Morales, de compras irregulares durante su gestión.
Jeanine Áñez asumió la Presidencia de Bolivia después de que Morales presentara su renuncia en noviembre de 2019 tras el golpe de Estado orquestado en su contra por la oposición, que desconoció su reelección en las presidenciales del 20 de octubre de ese mismo año.
El 19 de enero, el exmandatario bolivariano eligió al binomio presidencial de su partido, el MAS, para los comicios presidenciales, es decir, Arce y el excanciller David Choquehuanca, a fin de competir por la Presidencia y la Vicepresidencia, respectivamente; sin embargo, el gobierno de facto de Áñez ha dado curso a una serie de investigaciones por presunto desvío de recursos durante el paso de Arce por varias instituciones públicas.
