por Aram Aharonian
Pese a lo que se dice y escribe, la situación económica de la Argentina es grave, y para peor en plena pandemia del covid-19. La crisis que se avecina será peor que la de 2001, que terminó con el estallido del “que se vayan todos” logrando, al menos, que el presidente Fernando de la Rúa huyera en un helicóptero.
Pero hay que ser claros: el estallido social –contra el gobierno neoliberal de Mauricio Macri- en la Argentina fue interrumpido por el triunfo del Frente de Todos en las elecciones primarias del 11 de agosto. Está suspendido, porque sus causas siguen vigentes.
Con un presidente, como Alberto Fernández, que se autocalifica de “moderado”, este gobierno insiste en un Frente Nacional que implica una parte mayoritaria de la clase trabajadora y los sectores populares, pero también a los grupos económicos.
Éste es un gobierno en disputa, que muchos esperaban fuera de transición. Y hay que destacar que en medio de la pandemia pudo colocar en la agenda política temas como el impuesto a la riqueza, la expropiación de la quebrada agroexportadora Vicentin y la realidad de un poder judicial complaciente con los poderosos.
El presidente, apurado a atender prioritaria –y casi exclusivamente- la pandemia y la cuarentena, formuló una frase o expresión deseos, que, quizá, lamente después: “Queremos un capitalismo en el que ganen todxs”. Difícil de asimilar.
Fernández aseguró que sus contactos con empresarios y sindicalistas apuntan a construir «un nuevo contrato social» para crear en la Argentina «un equilibrio social más justo». Dijo que con los directivos de grandes empresas «estuvimos de acuerdo en que un capitalismo que no sea más justo no es un buen capitalismo».
Pero no sorprende: es repetición del “capitalismo progresivo” de Joseph Stiglitz, línea que sigue su ministro de Economía, Martín Maximiliano Guzmán, quien encabeza las negociaciones de la deuda externa con los fondos de inversión y organismos multilaterales, y que la derecha, que prefiere a un empresario en esa cartera, lo desprecia.
La falta de autocrítica que le reprocharon tantas veces al kirchnerismo parece haber encontrado su reverso en el gabinete de Alberto Fernández.
Como un mantra flagelante, sus colaboradores más cercanos reconocen en privado que faltó énfasis en reivindicar la cuarentena a medida que se acerca el pico de infecciones con Covid-19, que debieron haber explicado mejor a la sociedad la crisis de la agroexportadora Vicentin para justificar su intervención y que tampoco estuvieron a la altura del desafío que plantea el anuncio de Latam de levantar sus operaciones y echar a casi dos mil empleados, señala Alejandro Bercovich.
Si uno de los arietes con que asfixian a los pueblos son las deudas, la negociación del gobierno no incluye quita alguna de capital: ya entregó 10.000 millones de dólares de ventaja a los acreedores, que aspiran a cobrar sus bonos a 55 y, apostando por un crecimiento de la economía nacional, vender luego a 70. Los bonistas siguen presionando, el trato no está cerrado, y aún el país puede salir más perdidoso.
Guzmán, de apenas 37 años, vivió una década en Estados Unidos Un año antes de finalizar la tesis en Brown University, fue invitado por la Sociedad Internacional de Economía para comentar públicamente una investigación del Premio Nobel Joseph Stiglitz.
Lo que la pandemia deja al descubierto
Este año, la aparición del Covid-19 dejó a la intemperie varias realidades. Será inevitable replantearse varios temas. Las esperanzas de producción de riquezas del gobierno estaban depositadas en la explotación de los yacimientos de hidrocarburos de Vaca Muerta y en poner nuevamente en funcionamiento las fábricas y ensambladoras automovilísticas, dos proyectos que la realidad del mundo hizo naufragar.
El gobierno de Alberto Fernández comenzó con una publicitada guerra contra el hambre, pero las cifras del primer semestre del año muestran un fracaso. Y todo indica que los guarismos serán aún peores en el segundo semestre. Pero, se sigue viviendo una estabilidad política, que nadie sabe cuánto durará.
Oportunamente, ese establishment defraudado por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, apostó por las diferencias que Fernández expuso durante nueve años respecto a las políticas económicas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no consigue digerir la palabra “estatización”.
El gobierno jugó sus cartas a una reestructuración de la deuda externa, tema “incomible” para la población, y en pleno default sigue en el tira y afloje con bonistas, fondos buitres y el Fondo Monetario Internacional, en lugar de hacerse cargo de la consigna “primero está el pueblo” y no pagar la deuda odiosa. Ni siquiera adelantó la exigida auditoría de la misma.
Difícil quedar bien con todos. La producción de riquezas del país debiera estar íntimamente vinculada a la sobrevivencia de las personas y en mejorar la situación de millones de trabajadores, luego de los cuatro años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Y ante todo, es imprescindible darle prioridad a los sistemas de salud pública.
La oposición política y los grandes empresarios no entienden de eso, y exigen –en medio de la pandemia que se agiganta- flexibilizar las medidas de distanciamiento y cuidado para satisfacer las exigencias de la economía o, mejor dicho, de sus ganancias. Negociar con ellos es mantener el statu quo neoliberal.
La cuarentena dejó a la intemperie la enorme desigualdad que vive el pueblo argentino, sobre todo en el impacto mortal de la pandemia en los barrios pobres, en las villas miseria, donde el hacinamiento y la precariedad hacen difícil o imposible imponer medidas de aislamiento o distanciamiento. En un cuartucho viven, duermen, comen familias numerosas.
Y quedó en evidencia, asimismo, la incapacidad de un Estado –desarmado durante el macrismo- de proveer de alimentos a quienes no tienen qué comer, mientras los movimientos sociales hacen lo imposible para llenar esos huecos que el Estado no sabe cómo tapar.
El gobierno puso en marcha un ingreso familiar de emergencia para nueve millones de personas, mientras sigue en la nebulosa el cobro de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas de un país, donde once mil personas tienen patrimonios superiores a los tres millones de dólares. Son medidas transitorias, de emergencia y por ahora no asoma una reforma al inmoral reparto de riqueza que subsiste en el país.
El difícil camino
Políticamente, Alberto Fernández logró lo que le encomendó su mentora y ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Unió al disperso peronismo para lograr desalojar al gobierno neoliberal y luego, desde la Casa Rosada, juntó a las diversas variantes políticas en la lucha común contra la pandemia, logrando altos índices de aprobación.
Hoy sólo parte de su equipo de gobierno cree en la recuperación económica. Y todos sabemos quién paga los platos rotos de los desatinos. Difícil recuperar un horizonte como sociedad sin operar cambios estructurales, sobre todo cuando se insiste en el camino del centro.
Si algún anuncio oficial obtuvo repercusión favorable en los sectores populares, ese fue el correspondiente a la intervención/expropiación de la firma Vicentin SAIC, que resume la historia del gran capital saqueador de la riqueza nacional, decisión tomada a las apuradas, sin estudiar en detalle el tema ni construir consensos previos.
Carente de programa conocido de largo plazo, procuró hacer de Vicentin una causa digna, enarbolando livianamente la bandera de la soberanía alimentaria, cuando tomar el tema en serio supondría al menos revisar la matriz productiva extractivista establecida desde 1996.
Un capitalismo en el que ganen todxs
La moderación, el arte de dialogar con todos y tratar de complacerlos (no para convencerlos de sus planes), sin avanzar en cambios estructurales de la sociedad, puede convertirse en escollo. Más allá de la remanida frase de que los más necesitados tendrán prioridad, la realidad muestra el crecimiento de pauperización de la sociedad y la insatisfacción de sus demandas en pro de una vida digna que, en definitiva, fueron las que lo llevaron al gobierno.
La añeja polarización persiste, se revitaliza y por momentos recupera el centro de la escena, pese a la voluntad de diálogo de las principales figuras dedicadas a gestionar. El impedimento para que se estabilicen ciertos consensos duraderos no es la ideología, sino una crisis social que atenta contra cualquier pacto por razonable que parezca.
Si bien aún loa niveles de aceptación de Fernández son altos, el día que ésta disminuya del 50%, los factores de poder económico y político –la derecha- comenzarán a jugar la carta de la desestabilización. Ya trabajan arduamente, aupados por una prensa hegemónica complaciente con el poder real.
A siete meses de gestión, puede considerarse que el Caso Vicentin constituye la primera iniciativa de gobierno de un presidente que hasta la fecha ha sido un mero administrador de la cuarentena. Para bien o para mal, indudablemente la crisis abre oportunidades. Pero, ¿cómo se para el gobierno argentino ante el 1% de los más super ricos del mundo que pujan por asegurarse que el “nuevo orden” sea una versión mejorada de este horroroso mundo previo al coronavirus?
En distintos países de la región va tomando forma un momento de afirmación nacional, un cambio en el sentido de esa globalización, no por incidencia de alguna ideología, liderazgo o discurso, sino por las consecuencias de una pandemia que dejó a la intemperie el fracaso del modelo capitalista.
Por las redes circularon muchas expresiones laudatorias hacia el Presidente a propósito del proyecto de rescate estatal del consorcio agroexportador Vicentin (con una deuda de 1.350 millones de dólares, incluso con el Banco de la Nación por unos 350 millones de dólares), cuando aún se desconoce si la decisión tendrá las características que desearía el equipo del ministerio de Agricultura que lo estructuró, o supondrá otro negociado del tipo de Repsol-YPF.
El rumbo estratégico decidido frente a la situación creada por una empresa que decidió profundizar el proceso de endeudamiento y extranjerización de la economía argentina, quedó reducido como única tribuna de discusión a las posiciones de los medios hegemónicos gráficos, audiovisuales y a las opiniones vertidas en redes sociales de la derecha, tratando de imponer el imaginario colectivo de que se trata de “comunismo”.
Con la otra mano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció la baja de aranceles para importar insumos destinados a la fabricación de glifosato, ratificando la vigencia de la matriz productiva generada desde la expansión del «desierto verde» sojero, que inauguró Felipe Solá, hoy canciller y entonces ministro de Agricultura de Carlos Menem.
Desde dentro del gobernante Frente de Todos -donde convergen conservadores, moderados y progresistas-, hay sectores que reclaman una política de Estado más activa, con el control del comercio exterior para garantizar la soberanía y la estatización de las empresas energéticas y otras de servicios públicos.
Mientras, sectores sociales lanzaron un Manifiesto Hacia un gran Pacto Ecosocial y Económico donde señalan que la pandemia desnudó y agudizó las desigualdades sociales y económicas haciéndolas más insoportables que nunca.
“Esto nos impulsa a mirar el estado, los mercados, la familia, la comunidad y la naturaleza desde otra perspectiva, mientras recuperamos aquellas alternativas que hace solo unos meses parecían inviables, para encontrar una salida diferente a esta crisis, a partir de una reconfiguración integral que sea social, sanitaria, económica y ecológica y que tribute a la vida y a los pueblos”, añaden.
La pandemia postergó el reparto de cargos entre los políticos que conformaron la coalición que llevó a Alberto Fernández al poder, y que suponía un cogobierno con las organizaciones sociales. El asistencialismo no llega a todos. Hay sectores que no han sido tenidos en cuenta. Y para ellos sólo queda la calle, el reclamo. En tiempos de hambruna y miseria, puede llevar al estallido social.
Lejos de las negociaciones y enjuagues, y dado que el hambre no admite dilaciones, parece crecee la desobediencia civil desafiando al confinamiento, con marchas del sindicalismo combativo y distintos movimientos sociales.
Lo cierto es que el gran empresariado ni siquiera insinuó alguna disposición de morigerar las penas del alarmante contingente de pobres, desempleados e indigentes que crece a diario, permitiendo la difusión del temor de que en la pospandemia aumentarán la miseria y el hambre. Y, también la violencia, los saqueos y la posterior represión.
¿De qué va a vivir la mayoría del pueblo argentino en la pospandemia? Lo primero que debiera hacer el gobierno es garantizar la soberanía alimentaria, dicen desde los movimientos sociales.
*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y susrysurtv.
