La crisis climática que vive el mundo es igual de intensa que la violencia que enfrentan las personas y comunidades que defienden los territorios naturales, los bosques, los ríos, el agua, las selvas, la flora y la fauna. Un solo número lo muestra: 212 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados durante 2019.
Poco más de la mitad de esos homicidios se registraron en tan solo dos países: Colombia y Filipinas, como se resalta en el más reciente informe de la organización internacional Global Witness, titulado “Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”.
En el documento, América Latina vuelve a ubicarse como la región más peligrosa para los defensores ambientales, una posición que ocupa desde 2012, año en el que Global Witness comenzó a publicar sus informes.
De los diez países con el mayor número de asesinatos, siete se localizan en América Latina: Colombia, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.
La documentación que realiza Global Witness pone sobre la mesa una tendencia nada alentadora: la violencia contra los defensores ambientales va en aumento año tras año. En 2018 se registraron 164 crímenes; para el 2019 el número se elevó a 212.
Ben Leather, de Global Witness, explica algunas de las razones de ese aumento: “Estamos viendo intereses más fuertes sobre la tierra y los recursos naturales para responder a las demanda de los consumidores. Industrias como minería, agronegocios o la explotación de madera están entrando cada vez más a nuevos territorios, en los cuales vemos que las empresas están haciendo acuerdos con políticos corruptos para imponer proyectos”.
La corrupción, considera Ben Leather, también está facilitando el cambio climático, al permitir que las empresas “puedan hacer lo que les da la gana, para tener ganancias a corto plazo y a costa de la protección del medio ambiente. Lo que nuestro informe demuestra es que son las y los defensores quienes están denunciando esta corrupción política, esta irresponsabilidad empresarial”.
El protagonismo de la minería
En América Latina, pero también en Asia y África, incluso con comunidades nativas de Estados Unidos que han sido afectadas por la imposición de megaproyectos se repiten las mismas historias: “Cuando estas comunidades denuncian los abusos y la destrucción causada por los proyectos —señala Ben Leather— comienzan a recibir amenazas, agresiones y, en algunos casos, asesinatos”.
El informe de Global Witness resalta que la gama de violencias en contra de los defensores ambientales es amplia; incluye ataques, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales. El documento no se limita a documentar el número de asesinatos, también señala a las industrias contra las cuales se manifestaron los defensores ambientales.
Como en otros años, la minería fue el sector vinculado al mayor número de agresiones; en 2019 se le relaciona con los asesinatos de 50 defensores. Más de la mitad de estas víctimas provenían de comunidades afectadas por la minería en América Latina.
También se documentó que 34 asesinatos fueron contra defensores que se oponían a la agricultura a gran escala, ese número representa un aumento de más del 60 % si se compara con los datos de 2018.
Otros de los sectores que denunciaron los defensores ambientales que fueron asesinados son la explotación forestal, la caza ilegal y la pesca.
Ante esta situación, Ben Leather resalta que “las empresas tienen que implementar políticas que permitan asegurar que sus inversiones y sus operaciones no afectan los derechos de las comunidades y no están contribuyendo a que se realicen ataques en contra de las personas defensoras del medio ambiente y de la tierra”.
Ben Lather señala que se ha demostrado que los compromisos voluntarios de las empresas no están funcionando, por lo que es necesario impulsar leyes que obliguen a las empresas a realizar la debida diligencia, para que demuestren que no están contribuyendo a los abusos de derechos humanos y ambientales.
En el informe de Global Witness se resalta que en 37 de los asesinatos se pudo vincular a fuerzas estatales como perpetradores. “También se sospecha de la participación de actores privados como sicarios, bandas criminales y guardias de seguridad privados”.
De las víctimas asesinadas, 19 eran funcionarios estatales o guardaparques, personas contratadas para proteger el medio ambiente. Estos ataques se documentaron en ocho países; Guatemala, Brasil, Filipinas, Rumania, Kazajstán, República Democrática del Congo, Uganda y Ghana.
Además, una de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres.
Territorios donde reina la impunidad
Colombia y Filipinas sobresalen por el alto número de asesinatos contra defensores ambientales, pero también porque durante los últimos años su tendencia es al alza.
Colombia, por ejemplo, registró 64 asesinatos de defensores ambientales en 2019. Si esa cifra se compara con los 24 casos del 2018, el país sudamericano presentó un aumento de más del 150 %, destaca el informe de Global Witness.
En Filipinas, se documentaron 43 asesinatos de defensores ambientales en 2019. Ben Leather destaca que si se comparan los tres primeros años del gobierno del presidente Rodrigo Duterte, con los tres años anteriores, se tiene que “el número de asesinatos de defensores es el doble”.
Colombia y Filipinas —explica Leather— también coinciden en que no han logrado resolver antiquísimos problemas relacionados con el derecho a la tierra, sufren por la presencia de grupos armados que son legado de conflictos internos, poseen una política de seguridad militarizada y una regulación inadecuada de las empresas.
Pero además, los dos países tienen un factor que también está presente en otras naciones donde la violencia contra los defensores ambientales es crítica: altos niveles de impunidad.
“La gran mayoría de los ataques contra defensores ambientales continúan en la impunidad; eso actúa como una especie de luz verde para quienes quieren silenciar a los defensores”, resalta Ben Leather, de Global Witness.
Una verdadera justicia, destaca Leather, es “una rendición de cuentas que se aplica tanto a las empresas que están actuando con irresponsabilidad, como a quienes están llevando a cabo estos asesinatos”.
Este artículo fue publicado originalmente por Mongabay.
RV: EG
